La baja en la edad de punibilidad, el discurso xenófobo promovido desde el régimen fascista y la propuesta de comprar pistolas Taser preocupan a Amnistía Internacional. Son medidas que para el organismo van en detrimento de la legislación vigente y representan “un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos”.
La alianza de derecha Cambiemos hizo de la instalación de los problemas de inseguridad el eje de campaña de este año. En los últimos días anunció el uso de las cuestionadas pistolas Taser, se pronunció a favor de la baja en la edad de punibilidad y volvió a la carga con un discurso oficial que equipara migración con delincuencia.
En estos tres puntos profundizó Amnistía Internacional en un comunicado con el que expresó su preocupación, ya que desde el organismo consideran que estas políticas de seguridad presentadas desde el oficialismo van "en detrimento de la protección de los Derechos Humanos".
“El mantenimiento del orden y la seguridad no se contrapone con los derechos humanos, por el contrario, su respeto y protección es una de las dimensiones que mejor describe un Estado de Derecho”, indicaron desde el organismo.
La beoda ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, volvió a la carga con las Taser en los últimos días y anunció la compra de 300 de estas pistolas. No es la primera vez que el macrifascismo intenta avanzar con el uso de este tipo de armas que, según trascendió, tienen un costo cercano a los 3000 dólares. Cuando era Jefe de Gobierno porteño, Miauricio Macri Blanco Villegas lo planteó pero fue frenado por los organismos de Derechos Humanos que, a pesar de que la justicia porteña las había aprobado, recurrieron a instancias internacionales como la CIDH para obstaculizar la compra y utilización de estas armas.
Amnistía Internacional hace años investiga el uso de armas de electrochoque (como las Taser) y señala dos puntos fundamentales en esta materia, preocupaciones que han sido compartidas por otros organismos internacionales, como el Comité contra la Tortura de la ONU. Por un lado, se mencionan los riesgos para la salud y la vida de las personas expuestas al uso de las Taser. Y, por otro lado, se señala que estas armas conllevan altas probabilidades de ser usadas de modo inapropiado por parte de las fuerzas de seguridad. Esto quiere decir que pueden ser empleadas de manera excesiva, contra personas que ya están bajo control policial, sin evaluar otras opciones, en situaciones en las que no se justifica su uso y como método de tortura. A eso se suma el dato de que no dejan en el cuerpo signos visibles su accionar, como lesiones o marcas.
“Esto último es bien relevante. El punto es cómo el gobierno puede garantizar que las fuerzas de seguridad hayan sido capacitadas y estén preparadas continuamente para que no ocurran usos incorrectos”, señaló Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina.
En el marco de estos anuncios, preocupa también a Amnistía la propuesta de bajar la edad de imputabilidad. "Esta necesaria reforma no puede hacerse de cualquier modo. El propio Comité de los Derechos del Niño de la ONU, en sus Observaciones a Argentina de junio de 2018, hizo hincapié en que la ley penal juvenil no debe incluir disposiciones que puedan endurecer las penas o reducir la edad de responsabilidad penal", afirmó Belski. En este sentido, consideró que la propuesta representa “un retroceso contrario a los principios internacionales de derechos humanos”.
Otro de los puntos que despiertan las alertas en Amnistía Internacional es el avance del discurso xenófobo promovido desde el Estado. Días pasados, Bullrich Luro Pueyrredón dijo que hubo un “importante aumento de extranjeros en las cárceles" pero el número de detenidos que no son argentinos se mantiene constante desde 2002. También es insignificante la relación entre la cantidad de personas de otros países que llegaron a la Argentina en los últimos tres años y están en conflicto con la ley.
“Preocupan además los anuncios del gobierno que, basados en estadísticas tergiversadas, insisten en abordar a la migración desde un paradigma de seguridad y punitivo”, indican desde Amnistía. En vez de criminalizar, "el gobierno debe promover la regularización y la garantía de los derechos de las personas migrantes, en el marco de las políticas sociales y desde un enfoque de derechos humanos”.
Amnistía Internacional considera imperioso que “el gobierno respete los compromisos internacionales asumidos por el país en materia de seguridad, escenario en donde en muchos casos se trata de la vida y la libertad de las personas, especialmente de las poblaciones más vulnerables”.
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