Mientras los trabajadores de la agencia estatal de noticias reclaman por la reincorporación de 357 despedidos, la Oficina Anticorrupción tiene en sus manos una denuncia contra Maximiliano Tomas por violar la Ley de Ética Pública al acumular cuatro cargos públicos rentados.
Mientras los trabajadores de Télam se movilizan para exigir la reincorporación de sus 357 compañeros despedidos sin causa por el ministro Hernán Lombardi, la Oficina Anticorrupción tiene en su poder desde hace dos semanas una presentación contra un funcionario de la alianza de derecha Cambiemos designado como personal jerárquico de la agencia de noticias y publicidad estatal, denunciado por violar la Ley de Ética Pública al acumular cuatro cargos públicos rentados.
Se trata de Maximiliano Tomas, quien además de su rol directivo en Télam presta funciones en el régimen fascista porteño y de manera indirecta para la Televisión Pública y Radio Nacional. La denuncia señala además un posible conflicto de intereses por trabajar también para algunas de las principales editoriales del mercado, sobre cuyas obras debe decidir luego qué publicar o no en la agencia.
La incompatibilidad para ocupar más de un cargo en el Estado fue la razón invocada por el régimen de Mugrizio Macri Blanco Villegas en sus primeros meses de gestión para justificar el despido de periodistas de los medios públicos. “Una condición que pusimos es respetar la ley”, destacó en abril de 2016 el secretario de Medios, Jorge Sigal, para explicar el despido del periodista Pedro Brieger de la TV Pública. “Así, comunicamos al Sr. Brieger que atento a la Declaración Jurada del Régimen de Incompatibilidad vigente (por él mismo firmada) cobrar en Canal 7, Radio Nacional y Télam configuraba una situación ilegal”, precisó en un comunicado.
Tomas firmó la misma declaración al ser designado secretario general de redacción de Télam en abril de 2016, cuando ya llevaba tres años bajo relación de dependencia en el régimen porteño como programador del área de letras del Centro Cultural San Martín, sostiene la denuncia. En agosto “transformó (esa relación laboral) en otra simulada bajo un presunto régimen de facturación autónoma que continúa hasta la actualidad”, advierte la presentación, que incluye comprobantes de diversos trabajos facturados al Ejecutivo de la ciudad.
En paralelo, Tomas cumple tareas para Radio y Televisión Argentina (RTA S.E.) en el programa televisivo “Bibliómanos”, que emite la TV Pública, y realiza el programa radial “Vicios Propios” en Radio Nacional. En el primer caso “cobra una remuneración tercerizada por la empresa A Latina SRL, otro acto de simulación jurídica”, señalan los denunciantes, en tanto en el segundo “tiene contrato a su nombre, y por el que cobra publicidad”.
“Llama la atención, amén de las irregularidades administrativas, que dicha acumulación de funciones públicas se realiza al mismo tiempo que se instrumenta un ajuste de personal y de presupuesto en todos los organismos y medios públicos en los que el Sr. Tomas presta funciones laborales”, destaca la presentación, recibida por la oficina a cargo de Laura Alonso días antes de los despidos masivos.
El conflicto de intereses denunciado, en tanto, refiere al rol simultáneo de Tomas como máxima autoridad de las secciones Cultura y Espectáculos en la agencia de noticias y asesor de algunas de editoriales del mercado argentino. “Está en los dos lados del mostrador: genera información como un agente privado y, luego, como funcionario público, decide si esas informaciones se publican o no en los medios oficiales. Fácil es advertir que siempre resuelve favorablemente a dichas empresas”, advierte la denuncia, que también incluye comprobantes de trabajos facturados a las empresas editoriales Edhasa S.A. e Ilhsa S.A.
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