#GracielaResponde: campaña para que Ocaña dé explicaciones sobre los aportantes truchos

Los usuarios de Twitter le pidieron a la incogible legisladora explicaciones por los aportantes truchos que financiaron su campaña.

Luego de que una investigación periodística revelara la existencia de aportantes truchos en la campaña de la alianza de derecha Cambiemos para las elecciones de legisladores de la provincia de Buenos Aires y ante la falta de respuestas de los dirigentes oficialistas, usuarios de las redes sociales impulsaron el hashtag #GracielaResponde para que Ocaña haga pública su explicación sobre la denuncia.

“Señora Ocaña, por favor sería tan amable de explicar a la ciudadanía cómo financió su campaña?. Por favor, demuestre que los aportantes truchos son una mentira”, escribió un usuario en Twitter. 

“Queremos que los funcionarios brinden explicaciones sobre la campaña trucha. No les estamos pidiendo ningún favor, es su obligación!!”, dijo otra usuaria. 

“Graciela es mentira tu publicidad? Qué es eso de afiliaciones truchas con nombres de personas pobres?", dice otro de los comentarios que hace referencia a la campaña de la diputada como abanderada de la transparencia.

De la investigación realizada por el periodista Juan Amorin, en el El Destape, surgió que más de 400 aportantes de la campaña de Cambiemos eran personas de bajos recursos y beneficiarios de algún tipo de subsidio o plan social, que viven en su mayoría en barrio vulnerables o villas de emergencia. 

Cuando fueron contactados por el periodista para corroborar el aporte a la campaña de la alianza oficialista, los involucrados lo desmintieron rotundamente. Además de aportantes algunos aparecían también como afiliados al PRO, algo que también negaron ser.

Por la denuncia, el fiscal federal con competencia electoral, Jorge Di Lello, ordenó las primeras medidas para determinar si Cambiemos hizo figurar aportantes truchos para la campaña de sus candidatos a legisladores Graciela Ocaña y Esteban Bullrich. Lo primero que dispuso el fiscal fue constatar los domicilios de las personas cuyos nombres figuran como aportantes a la campaña con sumas que oscilan entre los 300 y los 1500 pesos.

Además el fiscal requirió un informe sobre las condiciones socioeconómicas en las que viven vía ANSeS para constatar si son beneficiarios de planes sociales. A la Cámara Electoral le pidió información sobre las afiliaciones partidarias de los aportantes falsos.