La ministra de Desarrollo Social se reunirá este miércoles con Barrios de Pie, la CCC y la CTEP, quienes reclamaron la reapertura del diálogo para dar respuestas a las necesidades urgentes de los más excluidos. "Está en riesgo la paz social", advirtieron.
Después de infinidad de protestas callejeras y reclamos de los sectores más excluidos, el régimen macrifascista volverá a sentarse en una mesa con los movimientos sociales ante el ajuste que castiga de lleno a los desempleados, trabajadores informales y aumenta la pobreza.
La ministra nacional de Desarrollo Social, Carolina Stanley, se reunirá hoy con los dirigentes de Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) para trabajar a "agenda abierta" las necesidades del sector.
Según adelantó en declaraciones radiales el coordinador nacional de Barrios de Pie, Daniel Menéndez, pedirán aumentos de la Asignación Universal por Hijo y los programas de empleo,y la declaración de la Emergencia Alimentaria frente a los casos crecientes de deficiencia alimentaria en los chicos de los barrios populares, entre otros puntos.
"Vamos a alertar que un ajuste como el que pide el FMI sin blindaje social nos deja en las puertas de 2001, con la paz social en riesgo", aseguró Menéndez.
A finales de junio, las tres organizaciones se habían declarado "en alerta" y habían reclamado a través de un comunicado la "reapertura del diálogo urgente" con la gestión macrifascista para que "escuche las demandas de los más humildes, que no se rinden frente un proyecto de hambre que busca relegarlos a una situación de indigencia".
"La caída del salario, los despidos masivos y los recortes o subejecuciones en las partidas presupuestarias de las políticas públicas golpean directa o indirectamente a la Economía Popular y la situación en los barrios más vulnerables se vuelve insostenible", afirmaron en esa oportunidad.
Asimismo, exigirán la restitución del Monotributo Social Agropecuario dado de baja la semana pasada por el Ministerio de Agroindustria de la Nación. Esa política pública permitía desde 2009 a las familias campesinas formalizar su labor y acceder a derechos como la salud a través de la obra social, aportes jubilatorio y les brindaba la posibilidad de facturar por su trabajo.
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