La Comisión de Acuerdos del Senado se reunió el miércoles y su presidente, el salteño Rodolfo Urtubey, se encontró con una sorpresa: el procurador adjunto Eduardo Casal pidió congelar el pliego de María Martini como fiscal ante el juzgado de primera instancia de Santa Rosa.
El hermano del gobernador de Salta no encontró argumentos pero tampoco podía hacer mucho, porque sin apoyo oficialista no hay pliego que pueda pasar por el recinto. Casal actuaba en sintonía con la Casa Rosada, que le encomendó remover a los fiscales más incómodos hasta que se defina su sucesor.
Recién antes de ayer, el ex hijastro de Flavia Palmiero informó que propondrá como procuradora a Inés Weinberg de Roca, actual presidenta del Tribunal Superior de Justicia porteño, una sorpresa para el peronismo dialoguista del Senado, que esperaba negociar un candidato más conocido.
La alianza de derecha Cambiemos y Argentina Federal, el interbloque de Miguel Pichetto, reúnen 50 votos, dos por encima de los tercios necesarios para un procurador o un juez de la Corte. O sea, entre ambos definirán cuando se irá Casal, que al parecer no molesta mucho al Gobierno.
Para la vacante que dejó en Santa Rosa pidió el traslado de Leonel Gómez Barbella, a cargo de la fiscalía 1 de Lomas de Zamora, donde tramita causas de alto voltaje como los Panamá Papers.
Ya citó a doce empresarios de la región con offshore en el país caribeño y tiene en la mira al intendente de Lanús, el macrifascista Néstor Grindetti, que también apreció con cuentas en Panamá de cuando era secretario de Hacienda de Macri Blanco Villegas en la ciudad de Buenos Aires.
Gómez Barbella pidió postergar su traslado a Santa Rosa por "cuestiones humanitarias", documentó graves problemas familiares pero no logró conmover a Casal, que llamó al Senado para dejarle la oficina libre en la capital pampeana.
Su pasado, tal vez, molesta tanto como su presente: en 2014 logró acuerdo del Senado para asumir en la fiscalía de General Pico, pero esa oficina nunca abrió y Gils Carbó lo derivó a la 5 de Capital Federal, vacante por la muerte de Luis Comparatore.
Tres meses más tarde se supo el motivo: llamó a indagatoria a los dueños de Clarín y La Nazión por la causa que investiga la compra de Papel Prensa, una de las principales batallas de Cristina Fernández de Kirchner en Tribunales.
Gils Carbó repitió infinidad de veces la maniobra de esperar el acuerdo del Senado para una fiscalía y luego mudar al elegido a otra, casi siempre con alguna causa de interés para la ex presidenta. Pero a Casal y a Germán Garavano no les molesta demasiado esa práctica: trasladaron a Santiago Marquevich de la fiscalía de Rosario a Hurlingham, que estaba creada pero aún no funcionaba.
Marquevich sería cercano a la beoda Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, quien habría hecho la gestión para traerlo cerca de su familia y dejar vacía las oficinas de Rosario, donde la justicia federal tiene la misión de recibir denuncias sobre narcotráfico, uno de los flagelos de la ciudad santafesina.
El ministro de Justicia jerarquizó a Casal desde enero, cuando lo llevó a reuniones con legisladores y juristas para discutir la reforma del Código Procesal Penal, que apunta a implementar un sistema acusatorio. Coordinados, ambos le bajaron el tono a la reforma del Ministerio Público que habían presentado en noviembre Federico Pinedo y Miguel Pichetto y nunca llegó al recinto. Le otorga un plazo de 5 años al procurador (hoy es hasta que dure su buena conducta) y la posibilidad de removerlo por simple mayoría.
Los senadores del peronismo pedirán retomar el debate para tratar el pliego de Weinberg de Roca, que ayer a la mañana se reunió con Mugrizio Macri Blanco Villegas, nada preocupado por la negociación que se avecina. Está cómodo con Casal.
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