Los extras para jubilados, pensionados, beneficiarios de AUH, trabajadores privados, estatales, la tarjeta alimentaria y los congelamientos de tarifas se volcarán a impulsar la demanda y la economía doméstica.
La ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva “va tomando cuerpo”. Según informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV) las medidas adoptadas en las últimas semanas por el Gobierno nacional implicarán un vuelco de $ 121.000 millones al mercado interno, con una incipiente reactivación de la economía doméstica.
El análisis elaborado por el Módulo de Políticas Económicas del Observatorio de Políticas Públicas de la Casa de Altos Estudios habla de un posible giro de 180 grados respecto del rumbo tomado por Miauricio Macri Blanco Villegas. “El paquete aprobado de Solidaridad Social pareciera un cambio de timón importante en relación al rumbo que se pretendía darle a la economía argentina en relación con la administración anterior”, resaltó.
Las medidas -aclara- avanzan en forma “precautoria”, teniendo en cuenta que debe equilibrar los objetivos de reactivar la economía con el de alcanzar un superávit fiscal que le permita negociar de mejor forma con los acreedores financieros internacionales.
En este sentido, el impulso fiscal parece augurar un redireccionamiento de los gastos estatales hacia los sectores más desprotegidos y que esos recursos probablemente salgan de sectores concentrados como el agro (retenciones) o grandes propietarios (bienes personales e inmobiliario).
“Las medidas van dirigidas tanto a aliviar la situación de la población de menores recursos como a reactivar la demanda interna y de esta forma reimpulsar las ventas minoristas que llevan casi dos años de caídas interanuales”, remarcó el informe académico al que accedió Currín, y agregó que “en un contexto de desplome de la demanda interna es imposible avizorar un retorno al crecimiento económico y a la generación de empleo”.
La cifras del alivio para el bolsillo de los argentinos
El impulso en sectores vulnerables llega a $ 66.000 millones. Si se le suman los congelamientos de algunos servicios públicos y los combustibles, el monto total asciende a $ 101.049 millones. Pero si agrega la suma remunerativa a cuenta de futuras paritarias para los trabajadores privados, la inyección a la demanda doméstica alanza los $ 121.000 millones. “Este valor representa medio punto del PBI (0,5%) y 0,74% del consumo privado”, afirmaron desde de la Undav.
• Adicional para jubilados y pensionados: $ 46.000 millones
• Adicional a beneficiarios de la AUH: $ 16.000 millones
• Aumento a estatales de la APN: $ 2.100 millones
• Tarjeta alimentaria: $ 3.000 millones
• Congelamiento de medicamentos: $ 3.050 millones
• Congelamiento de naftas y peajes: $ 9.150 millones
• Congelamiento de servicios públicos (luz, agua, gas, transporte) por 6 meses: $ 22.050 millones
• Aumento remunerativo a privados: $ 20.000 millones
Luego de la dura derrota en las PASO y antes de las elecciones generales de octubre el macrifascismo ensayó un similar impulso del gasto social, aunque por valor 67% menor al que Alberto Fernández se propuso para los primeros días de su gestión.
Los $ 66.800 millones que se pondrán en la calle por parte del gobierno en estos meses implicará el equivalente al 3,2% de todo el gasto en seguridad social ejecutado durante 2019. Pero también, el 26,4% de lo ejecutado en transporte, el 30,4% de lo ejecutado en educación y cultura (30,4%), el 41,1% de salud, el 75,1% de promoción y asistencia social y el 84,3% de lo erogado para el sistema judicial.
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