El Senado presentó a los siete asambleístas demócratas que fungirán como fiscales. El presidente de la Suprema Corte tomó protesta. Acusan a Trump de abuso de poder y obstrucción.
Siete legisladores demócratas caminaron con toda ceremonia desde la Asamblea de Representantes hasta el Senado donde, a lo largo de los próximos días, servirán como fiscales en representación de la Cámara Baja.
El equipo de administradores de la Asamblea está encabezado por Adam Schiff, presidente del Comité de Inteligencia, y Jerrold Nadler, presidente del Comité Judicial. Los 100 senadores que conforman la Cámara Alta, por su parte, fungirán como jurado en lo que será el juicio contra el presidente Donald Trump. La ocasión quedará registrada para siempre. Se trata apenas del tercer juicio presidencial en los 243 años de existencia de los Estados Unidos.
El presidente pro tempore del Senado, el republicano Chuck Grassley, anunció el arribo de los demócratas que representarán a la Cámara Baja. En ese momento, el sargento de armas del Senado presentó a los legisladores, como lo indica el protocolo.
"Señor presidente (del Senado), los administradores de la Asamblea de Representantes estamos presentes y listos para presentar los artículos de la acusación que han sido referidos por la Asamblea de Representantes contra Donal John Trump, presidente de los Estados Unidos", declaró Schiff ante el pleno del Senado.
El legislador demócrata leyó la resolución que incluye las dos acusaciones que pesan sobre el presidente: abuso de poder y obstrucción del Congreso.
Más tarde, el ministro presidente de la Suprema Corte, John Roberts, fue juramentado por Grassley para conducir el proceso en la Cámara Alta.
Aunque ayer arrancó el juicio de manera oficial, será recién el martes, después de que termine el feriado en honor a Martin Luther King, cuando los procedimientos empezarán en serio. Por ahora sigue en el aire la duda de si los senadores republicanos, bajo el comando del líder de la mayoría Mitch McConnell, permitirán que se presenten nuevas evidencias y que haya testigos durante el proceso. Si bien ellos tienen la mayoría y podrían decidir rechazar la medida para agilizar el proceso, existe fuerte presión pública para que lo hagan. En los últimos días salieron a la luz nuevos mensajes y correos electrónicos muy comprometedores para Trump. Anoche Lev Parnas, asociados del abogado presidencial Rudy Giuliani, dijo en entrevista que Trump estaba enterado de todo lo que hacían en Ucrania para perjudicar al exvicepresidente Joe Biden.
Encima de todo, ayer la Oficina de Responsabilidad del Gobierno, una agencia independiente que forma parte del Congreso, dictaminó que Trump violó la ley cuando retuvo fondos de apoyo para Ucrania que ya habían sido aprobados por el Congreso. La acusación de los demócratas parte de ahí. Aseguran que Trump retuvo el dinero para presionar al presidente ucraniano de que abriera una investigación judicial contra Biden y su hijo.
"La ejecución fiel de la ley no le permite al presidente sustituir sus propias prioridades políticas por encima de las que el Congreso ya aprobó como ley", sentencia el reporte de la dependencia. "La Oficina de Administración del Presupuesto (dependiente de la Casa Blanca) retuvo fondos por razones de política pública, lo cual no es permitido bajo la Ley de Control de Confiscaciones [...] Por lo tanto, concluimos que la Oficina de Administración del Presupuesto violó la ley", agrega.
"Todos los días sale nueva evidencia incriminatoria", dijo ayer la vocera de la Asamblea Nancy Pelosi. "Creo que eso sólo deja claro la necesidad de que el Senado permita la entrada de nuevos documentos en su discusión", exigió.
El argumento de Trump y de los republicanos es que el presidente retuvo los fondos por motivos de transparencia. Trump ha dicho que no quería dar más dinero a Ucrania a menos que probaran haber exorcizado toda corrupción gubernamental.
McConnell, uno de los operadores políticos más hábiles de los que se tenga memoria, dijo que, si el caso que construyeron en la Asamblea contra el presidente no es lo suficientemente fuerte, "no hay necesidad de que el juez y el jurado reabran la investigación".
"Si el caso que existe (contra Trump) es débil, los demócratas de la Asamblea no debieron acusarlo en primer lugar", acusó.
La esperanza de los demócratas es llamar a testimonio público a funcionario clave de la administración que participaron en el escándalo Ucrania. Empezando por el exasesor de Seguridad Nacional de Trump, John Bolton, quien, de acuerdo con reportes, se habría mostrado muy molesto con lo que ocurría en Ucrania y las acciones de Giuliani.
Se especula que también podrían ser llamados a testificar el secretario de Estado Mike Pompeo, el Jefe de Gabinete interino Mick Mulvaney, y el Fiscal General William Barr.
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