sábado, 27 de octubre de 2018

La carta pública de los venezolanos detenidos durante la represión del miércoles en el Congreso: "En el sitio y en el momento equivocados”

A través de una carta pública, los hermanos venezolanos Felipe Javier y Víctor Eduardo Puleo Artigas a los que el régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos pretende deportar por su supuesta participación en la marcha del martes contra el Presupuesto 2019 aseguraron no haberse "involucrado en ningún hecho violento" durante esa jornada y negaron tener relación con el gobierno de su país, tal como se les endilgó. Además, pidieron “disculpas públicamente ante el gobierno de Argentina, de la Nación y mis hermanos venezolanos por haber estado en el sitio y en el momento equivocados”.


En la carta, Felipe, de 31 años, ratificó lo que declaró durante su detención: que entre las 15:30 y 16:00 salieron a ver cómo se desarrollaba la protesta sobre la 9 de Julio, que allí fue detenido junto con su hermano Víctor Eduardo, de 23 años, y que ambos son “inocentes de los cargos que se nos acusa”

“Reconozco que por mi curiosidad me acerqué más de lo debido”, expresó y puntualizó que lo hizo “sin causar ningún tipo de daño”.

“Somos personas de valores y principios, emprendedores y trabajadores que al igual que muchos venezolanos hemos venido a este país a construir un mejor futuro personal y profesional”, explicó Puleo Artigas, quien dijo vivir junto con su esposa embarazada y con su hermano, que tiene un hijo de 11 meses.

Además, destacaron la decisión de ambos de ponerse “a la orden de las instituciones argentinas y sus leyes” y pidieron que se les dé “la oportunidad de demostrar con pruebas fehacientes” que no estuvieron involucrado en ningún hecho violento, así como también “desmentir las difamaciones e injurias que atentan contra nosotros”.

Lo que se había dicho de ambos a través de los medios oficialistas no solo fue que participaron de las protestas sino que lo hicieron en su condición de espías del gobierno de Nicolás Maduro. En ese sentido afirmaron que “nunca hemos sido funcionarios públicos en Venezuela ni hemos tenido relación alguna con el gobierno de Chávez/Maduro”.

“Somos inocentes de los cargos que se nos acusa”, agrega la carta pública que incluye también un punteo de aclaraciones: “Respetamos profundamente la instituciones públicas argentinas y creemos en las leyes y la justicia de la misma, y por ello nos sometemos a las investigaciones y procedimientos pertinentes que comprueben nuestra inocencia”.

También afirmaron que “en virtud de nuestra condición económica”, recibirán el apoyo de la defensoría pública para el proceso en que quedaron imputados y puntualizaron: “Nuevamente pedimos disculpas a la sociedad argentina y a la comunidad venezolana por las incomodidades causadas”.

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