Continuó la ronda de indagatorias a cargo del juez federal Claudio Bonadio, en el marco de la causa por el presunto pago de coimas en la obra pública durante el kirchnerismo. Ayer fue el turno de las declaraciones de los empresarios Néstor Otero -concesionario de la terminal de ómnibus de Retiro- y Juan Carlos Lascurain -ex titular de la Unión Industrial Argentina (UIA)-, además del ex jefe de Gabinete Juan Manuel Abal Medina y el ex secretario privado del ex ministro Julio De Vido, José María Olazagasti.
Lascurain negó todos los cargos y luego se retiró del lugar en medio de empujones, golpes e insultos contra un grupo de periodistas que cubría el hecho frente a los Tribunales. "No rompan las pelotas, saben que no voy a hablar", vociferó.
Por su parte, Olazagasti, hombre de suma confianza de De Vido, presentó un escrito y se retiró del lugar.
En la causa ya declararon varios exfuncionarios y empresarios ligados a la obra pública, además del exchofe Oscar Centeno, quien registró en ocho cuadernos sus viajes con Roberto Baratta, mano derecha del exministro Julio de Vido, en los cuales según su relato se recolectaban bolsos y sobres con dinero. Para el 13 de agosto se espera la declaración de la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner.
Centeno afirmó que se trataba de dinero destinado a coimas en la obra pública. Sin embargo, los empresarios implicados a la causa declararon, bajo el régimen de "arrepentidos", que se trató de pagos realizados a partir de ser extorsionados por los exfuncionarios kirchneristas.
Entre los empresarios involucrados está el ex dueño de IECSA, Ángelo Calcaterra, primo del presidente Mauricio Macri, y quien lo reemplazó en el comando cuando el actual mandatario incursionó en la política.
Por otro lado, el fiscal de juicio Diego Luciani pidió que los cuadernos del chofer Oscar Centeno en los que se ventilan pagos de distintos empresarios a funcionarios kirchneristas sea incorporado como nueva prueba en el juicio que se va a realizar contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner por fraude en la obra pública junto a Lázaro Báez.
Luciani hizo el pedido al Tribunal Oral Federal 2 para que el juez federal Claudio Bonadio remita toda la prueba del expediente junto con los cuadernos de Oscar Centeno para que sea utilizado como nueva prueba.
"Debe considerarse que en el marco de tal expediente se encuentra investigada Cristina Fernández de Kirchner junto con diversos funcionarios que integraron el Ministerio de Planificación Federal por su presunta participación en una maniobra de corrupción vinculada a contrataciones públicas", justificó el fiscal en su requerimiento.
"Esta representación fiscal entiende que el expediente indicado podría contener elementos de prueba que resulten de interés para esta causa" por fraude en la obra pública la cual aún no tiene fecha de inicio del debate oral y público.
En la causa por fraude en la obra pública están involucrados la ex jefa de Estado, Lázaro Báez, Julio De Vido, José López, el ex director de Vialidad Nelson Periotti; Carlos Kirchner, primo del ex presidente, y el ex subsecretario de Obras Públicas Abel Fatala, entre otros.
En la investigación la hipótesis es la concentración de obras a favor del empresario Lázaro Báez durante el kirchnerismo, como ser hacerse del 80 por ciento del a misma en la provincia de Santa Cruz y sumar los fondos que en total reciben cinco provincias juntas. En ese sentido, se especula que se direccionaron obras a las empresas de Báez por 15.000 millones de pesos.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario