Héctor Zavaleta siguió los pasos de los empresarios macristas: ofreció cooperar en la causa de las fotocopias de los cuadernos de Centeno y a cambio de ello recuperó su libertad. También prestaron declaración indagatoria Rudy Ulloa y el operador judicial Javier Fernández.
La excursión de pesca del caso de las fotocopias de los cuadernos capturó una nueva pieza. El ex gerente financiero de Techint Héctor Zavaleta se acogió al plan de imputado colaborador, lo que significa que reconoció pagos a Roberto Baratta o su secretario. En este caso, no podrá decir que fue para la campaña electoral porque Baratta visitó Techint en 2008, cuando no había elecciones.
Menos rendidoras fueron las visitas de Rudy Ulloa y el operador judicial Javier Fernández: los dos negaron los cargos en general. El Senado tratará este jueves si faculta al juez Claudio Bonadio a allanar las viviendas de la ex presidenta.
En cercanías de Cristina Fernández de Kirchner explicaron que un senador no puede renunciar a fueros ni a lo que deviene de los fueros, porque no se trata de algo individual, sino que es el Senado el titular de los fueros de todos los integrantes. Los senadores del Frente para la Victoria recuerdan que Bonadio ya allanó la casa de Rio Gallegos en 2016, cuando CFK no tenía fueros. Las fuentes relacionadas con la ex presidenta adelantaron que ella dirá, "por favor pasen", si se fundamenta la necesidad del allanamiento y llegan los enviados del magistrado.
Hoy será el turno, entre otros, del ex juez Norberto Oyarbide y del ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia, Oscar Parrilli.
La imputación contra Techint tuvo un devenir llamativo. Por de pronto, ni el pasquín ultraoficialista La Nazión ni el fiscal ni el juez mencionaron de entrada al coloso empresarial argentino. Lo tuvieron escondido. El sitio Infobae reprodujo el sábado que en las fotocopias de los cuadernos figuran nueve visitas de Baratta al edificio de la calle Della Paollera, sede de Techint. No hay cifras, sólo la afirmación del chofer escribiente de que se movió dinero: "ganancias", "dividendos".
Más protección todavía hubo a favor del zar de Techint, el hombre más rico de la Argentina, Paolo Rocca. No se entiende cómo no fue detenido el número uno de la compañía siendo que quien pago, supuestamente, era sólo el director financiero. Hubiera sido un escándalo internacional, con repercusión en los mercados, por lo tanto se ve que los informes del chofer fueron considerados exiguos para semejante detención.
Lo cierto es que el número dos de Techint, Zavaleta, estuvo 24 horas preso y a la tarde ya tomó el té en su casa. Seguro que no dijo que pusieron plata para una campaña electoral, porque las elecciones no fueron en 2008, cuando supuestamente entregó dinero, sino un año más tarde. Habrá que leer entonces su confesión. Hasta ahora, los empresarios macristas compraron su pasaje a casa arrepintiéndose de nada: dijeron que fueron extorsionados para poner plata para una campaña electoral.
Según explican juristas que dan clases en la Facultad de Derecho, el delito de cohecho, o sea coimas, consiste en que se entrega dinero a un funcionario público a cambio de un beneficio. Por ejemplo, coima para ganar una licitación o coima para facturar con sobreprecios. En cambio -explican los profesores-, no es un cohecho el pagar porque lo presionan para que aporte a una campaña electoral. "En Derecho no son iguales el ciudadano y el Estado. El Estado tiene el poder de infundir temor sobre el ciudadano. De manera que ahí hay una extorsión, más que un cohecho". Como sea, lo cierto es que los empresarios macristas volvieron a sus hogares con el simple expediente de decir que no coimearon sino que fueron víctimas de un delito.
También se fue a su casa Rudy Ulloa, hombre de confianza de Néstor Kirchner, que figura borrosamente en los escritos de Centeno. En las 26 páginas del escrito de imputación Ulloa consiguió la doble entrada: aparece entre los que recibieron plata, sin especificar, y entre los que entregaron dinero, también sin especificar. En este último caso dice que recibió tres visitas de Baratta. Con ironía, los que lo rodean, comentaron: "¿Rudy pagando?, imposible". Ulloa rechazó todos los cargos y se negó a declarar por consejo de su abogado, Adrián Tenca: el santacruceño dijo que va a hablar cuando conozca algo de los 50 cuerpos que ya tiene la causa. Cuando muchos apostaban a que dormía entre rejas, Ulloa salió caminando de Comodoro Py.
El otro que no pasó sofocones fue el operador judicial y auditor Javier Fernández, considerado uno de los monjes negros de Comodoro Py, aliado de la ex SIDE y de Jaime Stiuso. El hombre también negó todos los cargos, dijo que nunca vió ni entregó bolsos con dinero y que no conoce a los empresarios imputados.
Hoy es el turno de otros cuatro imputados, aunque dos son muy notorios: Oscar Parrilli y Norberto Oyarbide. Este último estuvo en un restaurante -según la acusación- con De Vido y en dos oportunidades con el secretario de Baratta. Y también le imputan haber recibido dinero en su casa y en el juzgado. Todo indica que el ex magistrado rechazará los cargos y habrá que ver lo que resuelve Bonadio. Todo en Comodoro Py es una ruleta rusa.
Al mediodía le tocará a Parrilli, citado muy al pasar por Centeno. El chofer memorioso dice que una vez fue a un "bunker" de la calle Scalabrini Ortíz, en 2008, y le entregó una bolsita con dinero. No hay más precisiones que esa. Parece difícil que Parrilli acepte declarar ante un juez al que recusó y cuya recusación está pendiente de resolución ya que fue apelada a la Cámara Federal. El ex secretario acusó hace un año a Bonadio por prevaricato y pidió su juicio político, de manera que debería estar excluido de juzgarlo, porque la norma prevé la existencia de enemistad manifiesta.
La excusión de pesca del dúo Stornelli - Bonadio continúa en los próximos días, con puntos altos el viernes, Julio De Vido, y sobre todo el lunes, Cristina Fernández de Kirchner.
El grosero favoritismo a los empresarios macristas -Calcaterra, Sánchez Caballero, De Goycoechea- le hizo perder credibilidad al expediente, pero habrá que ver si aparece alguna prueba sólida, más referida al dinero en sí mismo: cuentas, sociedades, propiedades, bóvedas. Porque debe recordarse que la acusación es que se constituyó una asociación ilícita para enriquecerse ilegalmente. En algún lado tiene que estar el enriquecimiento ilegal. Por ahora, los que aparecieron en Panamá Papers, Paradise Papers y en el blanqueo, han sido mayoritariamente funcionarios del actual régimen.
Fuente: nota de Raúl Kollmann e Irina Hauser para Página/12
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