Analizan un pedido de perdón por el seguro incumplimiento de la meta del 32% de inflación. El argumento será que la decisión de desmantelar la bomba de tiempo de las Lebac antes de fin de año, reclamada por el propio organismo, implicó una presión extra sobre el tipo de cambio.
El macrifascismo se prepara iniciar en septiembre las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para que el organismo acepte un waiver (perdón) por no cumplir con una de las pautas estipuladas en el acuerdo firmado en julio: el límite de inflación de 32%.
Como argumento se utilizará una paradoja: que impidieron ese objetivo las exigencias del propio FMI de desmantelar de manera rápida la bomba de tiempo de las Lebac y la imposibilidad de financiar corridas bancarias con el dinero aportado. Según las autoridades argentinas, la presión devaluatoria provocada por ambas medidas negociadas con el organismo que dirige Christine Lagarde fue la principal causa del alza de los precios desde mayo de este año hacia delante; aun por encima de la presión de los aumentos de los combustibles y de las tarifas de los servicios públicos y el transporte.
Para los técnicos del oficialismo, el alza de la divisa tiene en la estructura económica nacional una incidencia directa en el incremento de la inflación de tal tamaño, que a veces hasta es difícil de entender desde el exterior. Incluso el macrifascismo en toda su trayectoria de algo más de dos años y medio, comprendió que una devaluación implica una inevitable alteración ascendente del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Y que lo único que restaría es aplacar las consecuencias y hacerlas lo menos dolorosas posibles. Incluso el elenco gobernante, en los tiempos de Alfonso Prat el Gay y Federico Sturzenegger incluyeron un nuevo término al fenómeno: el pass through.
Al comienzo de la misión oficial del FMI este argumento generaba dudas. Los enviados de Lagarde al mando del italiano Roberto Caldarelli, acostumbrados a controlar las cuentas de países más estables y obedientes a las reglas mundiales de la macroeconomía; mostraron al comienzo de su gestión en julio de este año, muchos cuestionamientos a la teoría del alza de la inflación provocada por una devaluación. Y menos en situaciones y escenarios recesivos. Fue con los datos sobre la mesa obtenidos en las fiscalizaciones mensuales de los técnicos, que Caldarelli y su gente comprendieron que la Argentina tiene sus propias reglas económicas, que a veces queman los libros de la ortodoxia y obligan a los actores más respetados a repensar sus ideas.
Aparentemente, los datos inflacionarios de junio y julio (casi cercanos al 7% bimensual, un porcentaje que los países de la región tienen en todo un ejercicio), provocados por el alza del dólar y su efecto en los precios; convencieron a los enviados de Washington. O al menos eso es lo que esperan desde Buenos Aires.
Los números inflacionarios que maneja el ministerio de Hacienda de Nicolás Dujovne y el Banco Central de Luis Caputo, aún son optimistas, y hablan de la pelea cuerpo a cuerpo para sostener el 32% final. Sin embargo ya son varios los funcionarios, incluyendo los aún poderosos hombres de la jefatura de Gabinete de Marcos Peña Braun Menéndez, que comienzan a escuchar las voces de los economistas privados que hablan de un 34% seguro y la posibilidad de romper la empalizada del 35% anual. Inevitablemente esto implicaría no cumplir con una de las metas fundamentales del acuerdo con el FMI, y la obligación de negociar un perdón que incluya no sólo la variable inflacionaria sino además la de crecimiento.
Según lo firmado, este año el país debería crecer 1%, y desde la Casa de Gobierno ya hay cierto convencimiento pesimista que este año volverá a cumplirse la maldición de los años pares. Esto es, una caída en la actividad económica similar a la del 2014 y el 2016. El incumplimiento de esta meta esa asumido por el régimen fascista de Mugrizio Macri Blanco Villegas, en parte, por la crisis truca y, en parte, por las esquirlas de la causa de los cuadernos. El problema es la interpretación del incumplimiento del 32%.
Hacienda y el BCRA quieren que desde Washington se comprenda que fue la última imposición del FMI la que hizo trizas la posibilidad de sostener el 32% final. La estrategia acordada para desmantelar la bomba de tiempo de las Lebac, con la consecuente liberación mensual de unos $ 100.000 millones al sistema financiero para que puedan operar en el mercado libre de cambios; combinado con la exigencia irrenunciable del Fondo de no permitir que con el dinero del préstamo de U$S 50.000 millones se financien corridas cambiarias; hacían imposible sostener el tipo de cambio en los límites pactados. Y que, en parte, también en Washington deben hacerse cargo de las consecuencias; por ejemplo, aceptando el "perdón".
Obviamente, ni en Buenos Aires ni en Washington, gusta hablar de un waiver a menos de un año de iniciado el acuerdo de reinicio de las relaciones crediticias entre el FMI y el país. Sin embargo, peor sería decretar el fracaso de la ayuda y liberar a la Argentina a su suerte.
Fuente: nota de Carlos Burgueño para ámbito.com
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