Trabajadores dependientes de la Secretaría de Agricultura Familiar (SAF) y organizaciones campesinas se movilizaron ayer en distintos puntos del país para rechazar los nuevos despidos masivos anunciado por el Ministerio de Agroindustria en esa área, que ponen en riesgo la continuidad de los programas que sostienen la producción de pobladores rurales y comunidades indígenas de todo el país.
La medida fue resuelta como parte del paro activo que cientos que los 1300 profesionales de todo el país iniciaron ayer para rechazar el “vaciamiento” de esa área y el giro en la política productiva que ministro de Agroindustria y ex presidente de la Suciedad Rural Argentina (SRA), Miguel Etchevehere, aplica a favor de las corporaciones agropecuarias y trasnacionales que comercializan semillas y sus respectivos paquetes tecnológicos.
En la ciudad de Buenos Aires, la movilización partió desde Belgrano y Leandro N. Alem, y continuó por Paseo Colón hasta llegar a la sede de la cartera agroindustria. El miércoles, varios trabajadores nucleados en ATE se “crucificaron” sobre las rejas ese edificio como parte de la primera jornada del paro de 72 horas dispuesto en todo el país.
Tal como ocurrió en la agencia Télam, donde el régimen macrifascista primero lanzó el rumor de despidos y no los confirmó hasta después de que los trabajadores se declararon en alerta, los delegados de ATE-Agroindustria denunciaron la intención de un vaciamiento mayor. “No nos enviaron telegramas pero sabemos que lo van a hacer”, cuestionó Melina Zocchi, delegada de SAF en la provincia de Catamarca.
“Los funcionarios envían mensajes de incertidumbre pero ninguno desmiente los despidos. Por eso estamos dispuestos a profundizar la lucha hasta donde haga falta”, subrayó la dirigente.
Agricultura Familiar es una de las dependencias descentralizadas cuyos integrantes despliegan ayuda y brindan asesoramiento del Estado a proyectos productivos de los pequeños productores que en todo el país ponen en marcha las economías regionales, puntales en el desarrollo de pueblos y ciudades.
Son alrededor de 1300 los trabajadores en todo el país. Se prevé que el recorte será del 50 por ciento, lo cual echaría por tierra decenas de proyectos y comunidades. Allí radica la insistencia contra los despidos, que son parte de la “reestructuración” anunciada por la cartera que conduce Etchevehere.
El "vaciamiento” que el gremio, las comunidades rurales y las organizaciones campesinas denuncian se da en el marco de una serie de decisiones que Etchevehre tomó a favor de las corporaciones del agro y los grandes productores, además de la importación de alimentos. Los integrantes de la SAF sostienen que su situación se agravará aún más por la continua devaluación y los tarifazos que sacuden los costos.
“No somos prioridad para la actual política agropecuaria a pesar de que es cada vez más visible la crítica situación de emergencia productiva, económica y financiera que atraviesan nuestras familias”, denunció ATE-SAF.
Por eso, la demanda no solo es la reincorporación de los más de 300 despedidos de abril pasado, sino también que también se reglamente la Ley de Agricultura Familiar, que no se discontinúe el Monotributo Social Agropecuario y “el derecho al uso propio y el orden público en el régimen de semillas”, puntualizaron a través de un comunicado.
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