Un grupo propone suspender el pacto fiscal y la baja de retenciones a la soja, además de restituir las de la minería. El resto cerraría el acuerdo.
La negociación entre el régimen macrifascista y las provincias por el Presupuesto 2019 y el ajuste de 300 mil millones de pesos comprometidos con el FMI, está generando una grieta en el bloque de los gobernadores peronistas, donde surgieron grandes diferencias respecto a los recortes que están dispuestos a aceptar.
En algunas provincias ya se habla directamente de una ruptura entre los mandatarios del PJ y según dijeron fuentes al tanto de las negociaciones hay un grupo de al menos cuatro gobernadores que rechazaría las últimas propuestas de la Casa Rosada, así como también la "contrapropuesta" que trascendió de ese grupo.
Entre los gobernadores peronistas que no estarían dispuestos a aceptar las condiciones de la Casa Rosada están Rosana Bertone (Tierra del Fuego), Juan Manzur (Tucumán), Gildo Insfrán (Formosa) y Carlos Verna (La Pampa). A ellos se suman Alicia Kirchner (Santa Cruz) y Alberto Rodríguez Saá (San Luis) que ni siquiera son parte de las negociaciones. "Ya rompimos", dijeron desde una de esas provincias.
Los cuatro mencionados jefes provinciales fueron los únicos que la semana pasada participaron de la reunión en el CFI por la eliminación del Fondo Sojero. El resto de los gobernadores peronistas (además de los referentes parlamentarios) pegó el faltazo, en lo que fue leído como un claro gesto a la Rosada.
La buena noticia para el macrifascismo es que otro grupo importante de gobernadores peronistas está dispuesto a cerrar el acuerdo. Se trata de Juan Schiaretti (Córdoba), Juan Manuel Urtubey (Salta), Sergio Uñac (San Juan) y Domingo Peppo (Chaco). A ellos se suman Omar Gutiérrez (Neuquén) y Alberto Weretilneck (Río Negro), de partidos provinciales pero que forman parte de la negociación colectiva.
Desde el primer grupo explicaron que la idea es plantear una serie de medidas para reducir el déficit de la balanza comercial y mejorar la recaudación de las arcas nacionales, sin necesidad de afectar tanto las cuentas de las provincias. Entre las medidas tendientes a mejorar la recaudación mencionan la suspensión de la reducción de retenciones a la exportaciones de soja y maíz, la restitución de las retenciones a la minería y la suspensión de la rebaja del impuesto a las ganancias.
Además, desde esas provincias insisten en plantear la suspensión del pacto fiscal, particularmente en lo que hace a la reducción de Ingresos Brutos a la que se comprometieron los gobernadores, lo que les permitiría mejorar sus recaudaciones.
Desde ese grupo indicaron que la propuesta de ajuste elaborada por Nación contempla una reducción de cerca de 89 mil millones en gastos sociales (reducción de prestaciones, eliminación de diferenciales por zona, congelamiento de la AUH, entre otras); de 18 mil millones en subsidios al transporte y energía (como el subsidio al gas en la Patagonia); de 52 mil millones vía reducción del déficit en las empresas públicas y congelamiento de la planta; y de unos 83 mil millones en obra pública.
"Muchas de estas medidas implican que las provincias deban hacerse cargo de afrontar gastos que actualmente cubre Nación, como por ejemplo la compra de vacunas", se quejan. A esto se suma la pérdida de ingresos por el acuerdo fiscal, la caída del Fondo Sojero y -según denuncian- el freno de fondos para obra pública.
Por otro lado, en las últimas horas trascendió una "contrapropuesta" del bloque de gobernadores que consistiría en aceptar que el ajuste de los 100 mil millones afecte a los subsidios al transporte (50 mil millones que afectarían principalmente a CABA y PBA); eliminación del fondo sojero (26 mil millones); suspensión de los giros de ATN (14 mil millones); y congelamiento del Fondo de Incentivo Docente (12 mil millones).
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