A dos horas de iniciado el allanamiento en el domicilio de la ex presidenta en Capital Federal, comenzaron los operativos en su residencia de Río Gallegos. Previamente, el abogado de Cristina, Carlos Beraldi, denunció que fue obligado por la policía a retirarse de la casa en el barrio de Recoleta en pleno operativo y afirmó que se trata de "una clara violación a los principios del Estado de derecho".
Efectivos de la Policía Federal ingresaron pasado el mediodía de ayer al edificio del barrio porteño de Recoleta donde reside la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de los allanamientos dispuestos por el juez federal Claudio Bonadio. En torno al domicilio se registraba un fuerte operativo de seguridad a cargo de efectivos de Infantería y la Policía Federal.
Asimismo, efectivos federales llegaron pasadas las 14:30 a una propiedad de la ex mandataria en la ciudad de Río Gallegos para concretar un allanamiento, en medio de otro descomunal operativo de seguridad. Los policías fueron recibidos por un abogado de la ex jefa de Estado, ante quien leyeron la orden para proceder a allanar la casa en cumplimiento de la disposición judicial.
Luego de más de cinco horas de allanamiento en el departamento de Recoleta desde el entorno de Cristina indicaron que "lo que está ocurriendo es grave". En ese contexto, allegados a la actual senadora nacional no ahorraron en críticas contra el procedimiento: "están violentando derechos y violando garantías, además de no cumplir con el código procesal".
En este marco, el abogado de la ex presidenta, Carlos Beraldi, denunció que "por disposición" de Bonadio se le prohibió que esté presente en el interior de la vivienda de la actual senadora, al tiempo que anticipó a raíz de este hecho que pedirá el juicio político para Bonadio y planteará la nulidad del proceso de allanamiento. "Estamos frente a una farsa del procedimiento judicial", denunció públicamente Beraldi.
“Una vez más estamos frente a una farsa y no un procedimiento judicial”, denunció el letrado, quien planteó que se trata de "una clara violación a los principios del Estado de derecho".
Desde la puerta del edificio de Recoleta, denunció a los medios que una orden judicial le ordenó retirarse del inmueble mientras se realiza la requisa.
“Mientras se desarrollaba el procedimiento de una manera absolutamente normal y cuando estábamos colaborando, por disposición del juez Bonadio fui obligado a retirarme del domicilio y evitar que yo, como abogado defensor, controle el procedimiento”, relató Beraldi, al tiempo que aclaró que se había dejado entrar a las fuerzas de seguridad tal cual como estaba previsto. “Yo mismo puse a disposición todos los elementos del domicilio para que fuera inspeccionados pero evidentemente acá no se quiere hacer ninguna inspección, acá se quiere hacer una farsa en donde el juez una vez más muestra su ilegalidad”, puntualizó.
“Me sacaron del domicilio para poder hacer las cosas que se les ocurra poder hacer”, se quejó Beraldi y adelantó que denunciará penalmente a Bonadio y que pedirá su juicio político. Relató que la orden de que se retire se hizo efectiva después de que él mismo abrió la puerta del domicilio de la ex presidenta ante el requerimiento policial.
Mientras tanto, Cristina permanecía en la vivienda de su hija Florencia en el barrio de Constitución, desde donde por la tarde se trasladó a la sede del Instituto Patria. Antes de ayer la ex mandataria habló en la sesión en la que se aprobaron los procedimientos judiciales y hasta votó a favor de que se realicen.
A pesar de eso, denunció que la causa surgida a partir de las fotocopias de los supuestos cuadernos del chofer literato Oscar Centeno sobre presuntas coimas es parte de "una persecución".
“Si algo faltaba para consagrar la persecución política, y el uso del Poder Judicial como instrumento de persecución política en la Argentina era esta causa”, dijo Cristina y enmarcó las causas en su contra dentro de una estrategia regional contra los líderes populares como ocurre con Dilma Rousseff y Lula Da Silva en Brasil o Rafael Correa en Ecuador. “Es un instrumento de proscripción”, afirmó.
Vale recordar que el Senado aprobó los allanamientos a los domicilios de la ex presidenta luego de un debate con fuertes discursos y críticas de la actual senadora por la provincia de Buenos Aires al proceso judicial que la involucra.
No obstante, no prosperaron las condiciones que había solicitado la ex mandataria, como que no hubiera cámaras en los allanamientos para evitar la difusión de imágenes y que hubiera senadores presentes: hubo 47 votos a favor de dejar el dictamen como estaba y 20 a favor de incluir ese pedido.
Cristina había cuestionado en su discurso los testimonios de los empresarios y ex funcionarios que se acogieron al régimen del "arrepentido" en la causa que investiga el presunto pago de coimas en la obra pública.
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