La policía los esperó con un listado en la puerta del edificio para impedirles el paso a sus puestos de trabajo. Entre los despedidos, hay personas con discapacidad. Además, denuncian recortes en la entrega de pensiones.
El régimen macrifascista continúa con los ajustes a la planta del Estado. Esta vez lo hizo en la Agencia Nacional de Discapacidad, de donde echó 60 trabajadores con su ya habitual -y no por eso menos cruel- modus operandi: la policía notificó los despidos e impidió el ingreso de los empleados.
Sin justificativo ni telegrama de por medio, los trabajadores se encontraron este lunes con un cordón policial que, con lista en mano, permitía o no el pase al edificio ubicado en Hipólito Yrigoyen al 1439, Ciudad de Buenos Aires. Entre los despedidos, hay personas con discapacidad y de otras dependencias del país, según informó la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) que se acercó al lugar para acompañar y denunciar la situación.
“El organismo viene padeciendo el recorte de las políticas públicas desde que asumió Mauricio Macri, momento a partir del cual empezó el desguace y el deterioro del sistema no contributivo”, aseguró el delegado de ATE Pensiones, Walter Pignataro, en declaraciones a la agencia Farco.
La Agencia Nacional de Discapacidad fue creada por el régimen en septiembre de 2017 después del intento fallido de dar de baja 170 mil pensiones por discapacidad.
De esta manera unificó la Comisión Nacional Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad (CONADIS), el Servicio Nacional de Rehabilitación, el Programa Incluir Salud y la ex Comisión Nacional de Pensiones.
No obstante, los recortes en el organismo se profundizaron. A los despidos se suma una política de congelamiento de las pensiones por discapacidad: 100 mil trámites se encuentran paralizados. "Los expedientes están parados, quedan en una oficina un año o van de una oficina a la otra, pero el trámite no se liquida”, explicó Pignataro. Según ATE, hasta diciembre de 2015 se otorgaban 12 mil pensiones por mes y en los primeros cuatro meses del 2018 sólo se aprobaron 8.869 en todo el país.
Los trabajadores denuncian además la eliminación de la Comisión Nacional de Pensiones por DNU, la derivación de pensiones por vejez y madre de 7 hijos a la Anses, el cierre de oficinas de atención estratégicas en el conurbano boneaerense, entre otros ajustes.
Silvia Moglie es trabajadora social y delegada de ATE en la delegación Luján y es una de las despedidas.
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