Por Ailín Bullentini para Página/12
Miguel Osvaldo Etchecolatz ya había pedido el beneficio. Ayer lo hizo Alfredo Astiz. Ya hay un caso resuelto en favor de un represor de Córdoba a quien la Justicia Federal habilitó a cumplir pena en su casa.
Mientras los pedidos de prisión domiciliaria ante el riesgo de contraer coronavirus se acumulan en escritorios judiciales a la espera de informes del Servicio Penitenciario Federal, cada vez son más los represores que se agolpan tras las rejas a la espera de que la cepa que mantiene al mundo al filo del aislamiento total se convierta en la llave que ponga fin al suyo y los devuelva a sus casas. El miércoles solicitó el beneficio Miguel Osvaldo Etchecolatz; ayer, jueves, Alfredo Astiz. Y están cerca de conseguirlo: ya hay un caso resuelto en favor de un represor de Córdoba a quien la Justicia Federal lo habilitó a cumplir pena en su casa.
Antes de ayer, el juez Alejandro Sánchez Freytes, a cargo del Juzgado Federal número 2 de Córdoba, habilitó el beneficio de la domiciliaria a Carlos “Tucán” Yanicelli, expolicía provincial que integró la patota del D2 y cumple condena perpetua. Según medios locales, lo solicitó por tener 67 años y padecer afecciones cardíacas. Estaba detenido en el penal de Bower, en donde otros presos de lesa humanidad repitieron el requerimiento amparados en el riesgo por la pandemia, como Mirta “Cuca” Antón, Arnoldo José “Chubi” López, Juan Vega, Héctor Vergez, Ernesto Barreiro y Miguel Ángel “Gato” Gómez. Todos tienen más de 67 años.
En el marco de la causa Contraofensiva, actualmente en juicio, uno de los acusados estiró un poco más la capacidad de la pandemia de sacarlos de la cárcel y, bajo su amparo, solicitó no solo su prisión domiciliaria, sino su excarcelación. Marcelo Cinto Courtaux, servicio de inteligencia durante la última dictadura, recibió el rechazo a su excarcelación de parte del Tribunal Oral Federal número 4 de San Martín. Respecto de la domiciliaria, los jueces definieron abrir un nuevo incidente y analizarlo por separado. Aún no definieron.
La Cámara Federal de Casación, máximo tribunal penal del país, ordenó la semana pasada a los Tribunales la "urgente tramitación de cuestiones referidas a personas privadas de libertad que conformen el grupo de riesgo en razón de sus condiciones preexistentes".
Los pedidos de defensores públicos y particulares de represores para cumplir condena o prisión preventiva en las casas comienzan a acumularse en todas las jurisdicciones del país. Ayer se conoció que Astiz, uno de los integrantes de la patota de la ESMA más inescrupulosos, será sometido a estudios médicos. Con esos resultados, el Tribunal Oral federal número 5, que lo condenó doblemente a perpetua, resolverá el planteo de su defensa, que lo argumentó en las condiciones que lo ubican al genocida en el grupo de riesgo ante la pandemia: tiene 69 años y cáncer de próstata. Permanece, por el momento, en el penal de Ezeiza. También pidieron el beneficio Miguel Osvaldo Etchecolatz, de circuito Camps, y Raúl Guglielminetti, de Primer Cuerpo de Ejército.
Mientras fiscalías y querellas trabajan a destajo para rechazar tales requerimientos, en algunos juzgados mantienen la respuesta en suspenso hasta que el Servicio Penitenciario Federal envíe informes ad hoc solicitados por los magistrados. Desde las partes, insisten en advertir la peligrosidad de habilitar el beneficio a genocidas condenados y bajo el régimen de prisión preventiva que, por cuestiones etarias, todos estarían en condiciones de solicitar. “Hay gente muy peligrosa, gente que podría fugarse”, alertaron.
Mientras tanto, esa institución informó a la prensa que activó un protocolo de actuación específico frente al coronavirus con medidas de vigilancia y detección temprana del virus, entre otras. Se destacan la creación de dos salas de aislamiento. Una en el Hospital Penitenciario Central de la cárcel de Ezeiza y otro en el Centro Penitenciario de Enfermedades Infecciosas, en la Unidad 21.
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