Los fondos de inversión habían pedido en su visita a Buenos Aires ver cuáles son las proyecciones económicas oficiales para saber si la propuesta de renegociación es sustentable.
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| Martín Guzmán ingresando ayer a la Casa de Gobierno |
El gobierno planea presentar una propuesta a sus acreedores privados en las primeras semanas de abril, con cierta demora respecto del cronograma fijado por el Ministerio de Economía que conduce Martín Guzmán.
Así lo indicó la agencia Bloomberg, citando “una persona con conocimiento directo” de la negociación. La clave de la postergación es que Guzmán les presentará a los bonistas un plan económico antes de la oferta concreta, tal como se lo habían pedido en su paso por Buenos Aires.
La Argentina planea aplazar la oferta para que consiga una mayor aceptación, en esta coyuntura de fuerte caída de todos los activos financieros por la pandemia del coronavirus. En principio había fijado un cronograma que fijaba al 31 de marzo como el límite para concluir todo el proceso de reestructuración de su deuda soberana.
Esto implica la difusión de las proyecciones de los próximos años del PBI, la situación fiscal, la balanza comercial, la inflación y otros indicadores clave para saber si el país es capaz de repagar su deuda. Según la noticia, el ministro preferiría un default antes que un mal acuerdo.
En este sentido, el funcionario quiere que la tasa de salida (exit yield), que surge de los bonos del canje, sea del 8 por ciento, mientras que los bonistas prefieren que sea del 10 por ciento, lo que implica una propuesta más amigable que implique que los nuevos títulos tengan un recorrido alcista luego de la operación.
Los grandes fondos de inversión que tienen cerca del 35% de los bonos que reestructurará la Argentina estuvieron en Buenos Aires en las últimas semanas. En particular, hace dos ejecutivos de BlackRock, Fidelity, Fintech, Ashmore, Gramercy y del JP Morgan estuvieron reunidos con el ministro y con el presidente de la cámara de Diputados, Sergio Massa.
En esos encuentros, los bonistas quisieron conocer detalles de la oferta, pero el ministro se limitó a preguntarles cuál era su opinión sobre la negociación y a repetirles que es necesario que la deuda entre en un sendero sustentable. Tanto el gobierno como el Fondo Monetario Internacional (FMI) repiten que la relación deuda-PBI es del 90%, pero varios economistas cuestionaron esa cifra al explicar que dicho número no tiene en cuenta la variación del tipo de cambio y, además, que lo más importante es el nivel de endeudamiento en dólares con los acreedores privados. Este número en particular ronda el 50% del PBI, por lo que los analistas afirman que está por debajo de otros países emergentes y refleja un problema de liquidez y no de solvencia, como afirma el gobierno.
En este sentido, los acreedores esperaban que fuera el organismo multilateral el que cumpliera el rol de auditor de las cuentas públicas para ver si el plan económico del gobierno es sustentable, pero, por la demora en las negociaciones con el Fondo, ahora sería el propio Guzmán el que daría a conocer las proyecciones económicas hasta el final de la gestión de Alberto Fernández en 2023.
El proceso se demoró porque Economía tardó en designar a sus asesores financieros. Finalmente, eligió a Lazard como agente financiero y a Bank of America y HSBC como bancos colocadores. Luego, envió a la comisión nacional de valores de Estados Unidos (SEC, según su sigla en inglés) la actualización del formulario 18K, antesala de la difusión de la oferta.
El paso siguiente era la gira o roadshow con los agentes financieros, pero la misma se canceló debido a la pandemia del coronavirus, por lo que el equipo económico optó por diseñar comunicaciones virtuales una vez que tenga diseñada la oferta.
Debido al desplome en el precio de los activos argentinos, en sintonía con el resto por el coronavirus, las chances de un acuerdo se alejaron y de ahí que el ministro se tome más tiempo para ver si la situación mejora o si, por medio de la difusión del plan económico, puede convencer a más acreedores a que canjeen sus títulos.
Este año, el Gobierno debe pagar unos U$S 3700 millones en títulos bajo legislación extranjera, por lo que algunos economistas sugieren que los mismos se paguen con las reservas del Banco Central y que se reestructuren los bonos bajo ley nacional. El problema para encarar este sendero es que varios extranjeros tienen títulos de este segundo grupo, por lo que no resulta sencillo que acepten un reperfilamiento compulsivo, aunque tengan menos posibilidades de litigar en Buenos Aires que en los tribunales de Nueva York.
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