Coronavirus y pobreza: El plan del gobierno para los sectores populares que no podrán vivir recluidos

Por Laura Vales para Página/12

El ministerio que conduce Daniel Arroyo apura la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios para generar trabajo local que limite la circulación de las personas y funcione como un paliativo para la caída de las changas.

Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social

El ministerio de Desarrollo Social apura la realización de pequeñas obras de infraestructura en los barrios populares para generar trabajo local, que ayude a limitar la circulación de las personas y funcione, a la vez, como un paliativo para la caída de las changas. 

La medida fue anticipada el martes por el ministro de Economía, Martín Guzmán, aunque no hubo medios que la desarrollaran. Un enfoque informativo predominante supone que toda la Argentina tiene las posibilidades de aislamiento de la clase media. En el país, sin embargo, cinco millones de personas viven en urbanizaciones precarias, lo que en muchos casos significa condiciones de hacinamiento y ninguna posibilidad de hacer trabajo en casa.

“El gobierno decidió impulsar una política anticíclica en términos de lo que va a provocar el parate de la actividad económica en los barrios. Es una política para compensar, en cierta medida, porque las condiciones son muy adversas; el estado va a hacer un esfuerzo para que la caída de las changas no genere una oleada de pobreza. Tenemos que buscar que al empleo que hoy está destruido y depende de changas lo podamos desarrollar con pequeñas obras en el barrio”, señaló Daniel Menéndez, subsecretario de Promoción de la Economía Social.

Menéndez es coordinador de Somos Barrios de Pie. Desde su experiencia en las organizaciones sociales, advirtió que “el aislamiento, sin dudas, es de contacto físico, pero en las comunidades, en los barrios, no es posible el aislamiento social”.

“Hay diferencias en cómo atender la pandemia en los barrios populares, porque los sectores más humildes, no tienen la condiciones de los sectores medios. Es impensado que la gente de los sectores populares se recluya en su casa, porque las casas son de una precariedad que en muchos casos es muy grande y porque hay problemas de hacinamiento", sostuvo y agregó que "el aislamiento no es para los barrios populares una medida ni eficaz ni real. Lo que hay que encontrar son mecanismos para que la comunidad, en el barrio, pueda pensarse como una unidad de aislamiento. No la casa como unidad de aislamiento, como en el caso de los sectores medios, sino en el barrio como unidad de aislamiento. En ese sentido, sabiendo que puede haber movimientos, vamos a buscar que el movimiento esté organizado para que haya trabajo, que haya actividad y posibilidad de acceder a los alimentos. Vamos a apuntar a realizar con las instituciones actividades de información y actividades productivas que puedan generar algunos ingresos en esta etapa. Luego habrá que ir monitoreando cómo evoluciona la situación”.

Las obras en las que se piensa son de mejoramiento, como pintar escuelas, hacer veredas, arreglar centros comunitarios, con un criterio de permitir a las personas trabajar en el barrio, sin tener que viajar. “Ya estamos viendo una caída de las changas. La gente tenía un trabajo, se tomaba el colectivo, el tren y se iba hasta la Capital a una obra en la construcción, o a otro destino. Lo que no queremos que pase ante la caída de la actividad es que la gente circule buscando trabajo”, añadió Menéndez.

Todavía no está definido cuál será el pago por estos trabajos. El criterio cercano es el que se utilizó en febrero con los arreglos de escuelas, cuando los trabajadores cobraron el doble de un plan social, es decir 17 mil pesos. Pero también está en estudio un esquema de módulos o complementos. Esta semana el Estado Nacional reforzó los ingresos de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo y de planes sociales con un bono de 3000 mil pesos.

La decisión de las obras a realizar quedará a cargo de unidades ejecutoras integradas por los intendentes, las gobernaciones y los movimientos sociales.

Por otra parte está previsto un refuerzo del sistema de comedores populares, que son aprovisionados a través de dos canales, de transferencia de dinero a las tarjetas alimentarias y de distribución de bolsones de alimentos.