La CPM reiteró su preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) reiteró su preocupación por la insistencia en políticas de encarcelamiento, hacinamiento extremo y condiciones inhumanas de detención de las personas detenidas en comisarías bonaerenses.
En ese sentido, rechazó las declaraciones del ministro de seguridad de la provincia de Buenos Aires Cristian Ritondo celebrando esta situación y solicitó a la Suprema Corte y la Procuración General que no convalide estas graves violaciones de derechos humanos.
"Ambos poderes ignoran los recientes señalamientos del relator especial sobre tortura de Naciones Unidas y las de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos", señaló la CPM.
"El ministro Cristian Ritondo niega la gravedad por la situación de ilegalidad en la que permanecen detenidas las personas privadas de libertad, la Comisión Provincial por la Memoria insiste en señalar la responsabilidad política por las graves violaciones a los derechos humanos que se producen de manera sistemática en los lugares de encierro", agregó.
“Prefiero que los delincuentes estén adentro, aunque estén apretados”, dijo el ministro en conferencia de prensa, "naturalizando así la violencia del Estado y avalando la comisión permanente de delitos en los que incurre", denunció la CPM.
"Esta frase irresponsable pretende aprovechar un clima de descontento social por el grave hecho ocurrido en la comisaría de San Justo para justificar una práctica ilegal del Estado: aunque parezca una obviedad decirlo, 'amontonar' personas en comisarías que son verdaderas cuevas y en condiciones de hacinamiento extremo es un delito. Se trata, sin duda, de los delitos más graves, porque el Estado que debe ser garante de la protección de los derechos se coloca en lugar de victimario, y asume las torturas y la muerte como un resultado esperable", añadió el organismo de Derechos Humanos.
Según explicaron desde la CPM, en la actualidad, existen 457 comisarías, de las que 331 se encuentran inhabilitadas por el Estado para alojar detenidos. Sin embargo 129 de estas alojan personas en condiciones de hacinamiento y precariedad extrema. Frente a este cuadro, algunos pocos jueces disponen sentencias de clausura que son desobedecidas de manera reiterada por el ministro de Seguridad.
"Ante la gravedad de esta desobediencia constante, lamentablemente, la Suprema Corte provincial ha resuelto no intervenir", denunciaron. "La Corte no ignora que la gran cantidad de denuncias por desobediencia que se inician en la provincia de Buenos Aires por estos hechos son archivadas sin ser investigadas por el Ministerio Público Fiscal. En otros casos, algunos jueces que han fijado multas pecuniarias a los funcionarios incumplidores fueron reprendidos por tribunales superiores. Las sentencias se convierten así en meras declaraciones que no modifican la realidad y el poder judicial deja de ser garante de derechos", explicaron.
La CPM viene denunciando la crisis humanitaria en el sistema penal: hacinamiento, torturas, deplorables condiciones de detención, falta de acceso a la salud. El sistema de encierro está colapsado; y, en ese marco, la vulneración de derechos es sistemática y se producen muertes evitables cada día. Al mes de abril la provincia llegó al récord de 45.000 personas detenidas: 39.394 en cárceles y alcaidías, 3.727 en comisarías y 1.814 con monitoreo electrónico. Todas estas personas se alojan en 21.000 plazas (20.000 en el servicio penitenciario y 1.000 en comisarías) que no cumplen con estándares mínimos de respeto a los derechos humanos. Dos de cada tres personas alojadas en comisarías duermen en el piso y la mayoría no cuenta con colchones.
En el mismo sentido se expresó recientemente Nils Melzer, relator especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, luego de recorrer lugares de encierro durante su visita a la Argentina. En coincidencia con la gravedad de la situación denunciada por la CPM, expresó: "enérgicamente manifiesto mi repudio a estas condiciones y apelo a las autoridades argentinas en todos los niveles y poderes, como cuestión de urgencia humanitaria, a comprometer los recursos necesarios para mejorar las condiciones físicas de detención".
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