Se trata del equipo multidisciplinario que fue agredido al llegar al país vecino. Los detalles del documento.
La delegación argentina multidisciplinaria en Bolivia que tuvo entre sus integrantes al referente de la CTEP Juan Grabois emitió un informe en el que se refiere a las violaciones a los derechos humanos cometidos por el régimen de facto que encabeza la tilinga Jeanine Añez.
El documento advierte que "se han producido graves violaciones a los derechos humanos que ya tienen carácter sistemático y por tanto constituyen delitos de lesa humanidad".
“La Delegación no pudo realizar la totalidad de las actividades programadas por las amenazas explícitas del Ministro de Gobierno (de facto) Arturo Murillo y el accionar de grupos de choque civiles”, indica el texto que también apunta que “existió un accionar coordinado dirigido particularmente contra la dirigencia de los movimientos sociales agrupados en el llamado Pacto de Unidad y la Central Obrera Boliviana”.
“Hemos constatado que el sistema represivo montado por el gobierno de facto ha causado decenas de muertos, centenares de detenciones arbitrarias, millares de heridos, innumerables casos de apremios y torturas, violaciones y otros delitos contra la integridad física, psíquica y sexual de las víctimas que son hombres, mujeres, niños, ancianos e integrantes de colectivos vulnerables”, añade el documento.
En detalle, el informe desarrolla doce puntos respecto al accionar del gobierno de facto:
1º) Dos masacres contra población civil: Sacaba (Cochabamba) y Senkata (Ciudad del Alto)
2º) La desaparición forzada de personas, “a lo que se suma una cantidad importante de personas que se suponen detenidas en dependencias estatales pero cuyos familiares no han podido contactarlas y sobre quienes el gobierno de facto no ha facilitado información respecto de su paradero”.
3º) Torturas, violaciones y delitos sexuales “propiciados por integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad”.
4º) Ataques contra gobernantes, legisladores, funcionarios y sus familiares con “métodos de amedrentamiento que incluyeron la destrucción de viviendas particulares, incendios, destrucción de viviendas de familiares, humillación pública y linchamientos. Las situaciones relevadas indican la habilitación de ‘zonas liberadas’"
5º) Persecución selectiva de dirigentes de movimientos sociales
6º) Confección de listas negras de dirigentes políticos y sociales y negación del derecho a la defensa. Al respecto, desarrolla que el ministro Murillo declaró que “hay senadores y senadoras, diputados y diputadas, no todos, unos cuantos, que voy a empezar a publicar sus nombres, que están haciendo subversión (...). A partir de lunes voy a ordenar, ya tengo listas que los mismos dirigentes de varias zonas me están pasando, los van a empezar a detener con órdenes fiscales”.
7º) Represión de manifestaciones públicas
8º) Restricción manifiesta de la libertad de prensa
9º) Promoción del racismo y los discursos de odio “por parte de representantes del gobierno de facto, para descalificar a dirigentes opositores y de movimientos sociales”.
10º) Negación de salvoconductos para perseguidos políticos con pedidos de refugio aceptados por los países de recepción
11º) Inacción y encubrimiento del poder judicial que “se encuentra sometido al gobierno de facto. Víctimas y familiares fueron coaccionados para cambiar sus declaraciones, incluso en los hospitales como condición para poder ser atendidos”.
12º) Hostigamiento policial y parapolicial a delegaciones internacionales de derechos humanos, incluyendo operaciones de espionaje y escuchas ilegales: "Esta delegación pudo constatar, en su propia experiencia, el hostigamiento que han padecido diversos grupos de derechos humanos. En particular, nuestra delegación fue retenida en el aeropuerto de Santa Cruz de la Sierra, donde fue separada del resto de los pasajeros y sometida un interrogatorio en un lugar aislado, con presencia policial y militar, en una práctica totalmente inusual respecto de los controles migratorios habituales".
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