La Cámara Federal de Mar del Plata realizó ayer una audiencia para definir la competencia. Distintas versiones indican que la semana próxima ordenaría dividir los casos y enviarlos a distintos juzgados. Muchos de ellos recaerían en los tribunales de Inodoro Py.
El hashtag #ConfirmenRamosPadilla se convirtió en la mañana de ayer en el primero a nivel nacional. Tuvo que ver con el rumor de que la Cámara Federal de Mar del Plata desguazaría la causa de Dolores dejándole al juez federal de esa ciudad sólo el caso de la extorsión a Pedro Etchebest y mandando el resto del expediente a otras jurisdicciones.
Por ejemplo, las operaciones en Necochea a la justicia de esa ciudad bonaerense; las maniobras con la banda de Los Monos a Santa Fé; el espionaje ilegal de Corrientes a esa provincia y buena parte del resto a Inodoro Py. Habrá que ver la letra chica de ese fallo. Por de pronto, lo que se resuelva en Mar del Plata será apelado por las querellas y mientras tanto Ramos Padilla seguirá al frente de la investigación. La última palabra la tendrá la Sala II de la Cámara de Casación, con pronóstico reservado.
Desde hace un mes, la coalición judicial-mediática-política, alineada con Cambiemos, puja con desesperación por sacarle el expediente de Dolores a Ramos Padilla. El magistrado viene avanzando en forma rauda y demuestra todas las operaciones que se hicieron contra el kirchnerismo y también contra el radicalismo, además de extorsiones, coacciones e incluso el seguimiento del ex marido de la actual esposa del fiscal Carlos Stornelli. De hecho, es precisamente Stornelli -el fiscal estrella del macrifascismo- el que se esfuerza denodadamente por llevar la causa a Inodoro Py.
Stornelli cumple hoy un mes en rebeldía, un hecho inédito: un fiscal que no está a derecho. También el avance del expediente apunta contra el periodista Daniel Santoro, quien aparece íntimamente vinculado con Marcelo D'Alessio y buena parte de los hechos protagonizados por la banda. Ramos Padilla ha sido cauto, pero por pedido del fiscal Juan Pablo Curi la semana pasada ordenó investigar el teléfono de Santoro. En un hecho asombroso, el periodista de Clarín dijo públicamente que borró chats y contactos de su celular.
Desde el jueves empezó a circular la versión de que la Cámara de Mar del Plata desmembraría el expediente de Dolores, una movida que le quita el sentido central a la investigación ya que lo que se investiga es el accionar de una banda que hizo una gran cantidad de operaciones en distintos lugares del país y de distinta naturaleza. Así como espió al ex gobernador radical, Ricardo Colombi de Corrientes; hizo lo propio con dos miembros de la Corte Suprema; coaccionó testigos, abogados, mandó a hacer cámaras ocultas; extorsionó empresarios para que paguen sumas siderales de dinero o vendan sus empresas y hasta movió dinero en el exterior en presuntas operaciones de lavado de dinero. Además, un punto clave es el vínculo de la banda con el Estado, en particular con la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Desguazar la causa es considerar que son todos hechos aislados.
Ayer se realizó en Mar del Plata la audiencia para que los camaristas escuchen los argumentos de las partes, lo que incluye a la defensa de Stornelli y al fiscal de Dolores, Juan Pablo Curi, que jugó fichas en contra del juez durante buena parte del proceso. El lunes pasado, no obstante, se despachó con un furibundo dictamen contra la asociación ilícita y acusó a Stornelli de nueve delitos distintos.
Después de la audiencia, los dos jueces, Eduardo Jiménez y Alejandro Tazza, quedarán en condiciones de resolver. Seguramente lo harán la semana próxima. Sin embargo, el rumor del desguace está instalado desde el jueves, lo que produjo una fuerte reacción en la red social twitter: ayer, el hashtag de repudio se ubicó en el lugar número uno a nivel nacional.
Que la Cámara Federal de Mar del Plata le quite gran parte de la causa a Ramos Padilla no significa que el juez tenga que entregar el expediente de inmediato. Habrá apelación de casi todos los querellantes, entre ellos los extorsionados, los abogados espiados y a los que se les pretendía hacer las cámaras ocultas y los coaccionados a declarar en causas judiciales. Eso significa que la cuestión de la competencia llegará a la Cámara de Casacion. En esa instancia interviene la Sala II integrada por Angela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Jacobucci. Son ellos lo que tendrán la palabra decisiva para romper una especie de paridad. El juez sostuvo su competencia porque los hechos ocurrieron en muchos distritos y es quien tiene la investigación más avanzada. La Cámara, en cambio, dictaminaría la incompetencia, aunque por ahora es sólo un rumor. De todas maneras, la Casación dirimirá el tema. Mientras tanto Ramos Padilla podrá seguir investigando, como mínimo, un mes más.
Fuente: nota de Raúl Kollmann para Página/12
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