La Cámara de Diputados buscará avanzar este martes con el anunciado tratamiento de la denominada "ley de góndolas", que busca ponerle un freno a las remarcaciones en medio de un proceso inflacionario descontrolado y al que el gobierno nacional no le encuentra salida.
La iniciativa está impulsada por legisladores de la oposición, aunque también encuentra eco en la desquiciada Elisa Carrió, una de las patas políticas más activas de la alianza de derecha Cambiemos en el Parlamento.
Según el denominador común de los proyectos en danza, se busca garantizar la competencia y la existencia de opciones de marcas y precios en los supermercados, ante la continua imposición de los empresarios más poderosos respecto de sus propios productos.
De acuerdo el anuncio del renovado plan de Precios Cuidados, unos 60 productos básicos están alcanzados por el congelamiento momentáneo de precios. Sin embargo, cualquier recorrida por los supermercados echa por tierra la teoría, ya que en algunos casos ni siquiera se llega a la mitad de eso.
La "ley de góndolas" será tratada en la Comisión de Defensa del Consumidor, del Usuario y de la Competencia, que preside la massista Marcela Passo, autora de uno de los proyectos.
La reunión está prevista para este martes a las 16, cuando también se discutirá el proyecto de Carrió, además de otro impulsado por organizaciones sociales como la CTEP, cuya cara más visible es el dirigente Juan Grabois. Esta última iniciativa tiene el apoyo del titular de Maxiconsumo, Víctor Fera.
La semana pasada, el jefe de los diputados de Cambiemos, Nicolás Massot, recibió a Grabois para dialogar sobre los proyectos. De la reunión participó también el colaborador de Carrió Juan Manuel López.
"Pretendemos establecer una ley que sea sustentable en el tiempo, incluso cuando para cuando cambie el esquema económico de país", apuntó la diputada Passo, quien remarcó el "momento de emergencia" que vive el país.
Para el primer encuentro de comisión se espera la presencia de dueños de cadenas de supermercados y funcionarios de la demacrada Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, de la Secretaria de Comercio Interior y representantes de asociaciones de defensa del consumidor.
El proyecto de Passo busca combatir "las distorsiones de precios minoristas originadas en la falta de competencia". Según la iniciativa, ninguna marca individual o marcas de una misma empresa o grupo económico podrá disponer de más del 40% de la góndola en el primer año de vigencia de la ley, y 30% en el segundo. Por su parte, Grabois impulsa que los súper estén obligados a ofrecer como mínimo cinco proveedores por rubro y que el mayor de ellos no pueda acaparar más del 30% del espacio de venta. Este proyecto también contempla la apertura real a marcas de microempresas y cooperativas.
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