Diputados del Frente de Todos ampliaron la denuncia en contra del ex hijastro de Flavia Palmiero y la beoda ex ministra de Sguridad.
Diputados nacionales del Frente de Todos aportaron nueva información y solicitaron a la justicia nuevas medidas de prueba en la causa que se conoce como "mesa judicial", que integraban funcionarios del nefasto régimen fascista de la alianza de derecha Cambiemos.
Trascendió que la información incorporada servirá para demostrar -entienden los denunciantes- que la dipsómana ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich Luro Pueyrredón, formaba "parte central de una asociación ilícita" cuyo objetivo era perseguir a funcionarios kirchneristas y también a una serie de sindicalistas como Hugo y Pablo Moyano, el petrolero Guillermo Pereyra y el líder de los lecheros, Héctor Ponce.
La causa se encuentra en manos de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que investiga presuntas presiones ejercidas sobre magistrados por esta "mesa judicial". En el escrito presentado, los legisladores aseguraron que "el máximo responsable" de ese entramado era Miauricio Macri Blanco Villegas, quien, según señalaron, "emitía las órdenes y trazaba las estrategias" de los delitos cometidos por la "mesa judicial".
La ampliación de denuncia, con el pedido de nuevas medidas, fue realizada por los diputados Martín Soria, Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, quienes solicitaron que se investiguen "las distintas acciones de presión, intimidación, amedrentamiento y abuso sufridas por dirigentes políticos y sindicales opositores" ocurridas a partir del 10 de diciembre de 2015.
Soria aseguró que la ampliación de las denuncias contra el hijo bobo de Franco Macri y la ex montonera entregadora de compañeros, confirman el "mecanismo de coacción y hostigamiento de la llamada Mesa Judicial de Cambiemos" y aseguró que "ya han declarado distintos jueces y camaristas nacionales que han dado explicaciones acerca de cómo era el mecanismo de coacción y hostigamiento utilizado por más de 20 funcionarios de primer nivel del gobierno de Macri para obtener fallos que les sirvieran a esta suerte de policía política que tenía para redireccionar el curso de algunas causas que le interesaban".
Según afirmó el diputado estas "eran causas como la del Memorándum con Irán", entre otras, que demuestran "los vínculos que tenía Bullrich y el propio Macri en el direccionamiento de todo el accionar que tenia esta mesa judicial".
De acuerdo con la presentación, "el líder petrolero Pereyra señaló que durante un viaje institucional a Estados Unidos de abril de 2017 que compartió con el entonces presidente Macri, el mandatario le anticipó: 'A ese tipo yo lo voy a meter preso'", en alusión al "líder de los lecheros Héctor Ponce".
"Un año después, el titular de ATILRA enfrentaba una denuncia y allanamientos de la Policía Federal. Las investigaciones surgieron a partir de informes de la Unidad de Información Financiera (UIF), que dependía del Ministerio de Finanzas, a cargo de Luis Caputo en aquel entonces", recordaron los legisladores en la presentación.
Asimismo, consideraron que "esta maniobra evidencia que era el mismísimo Mauricio Macri quien diseñaba las tácticas de la mesa judicial para perseguir opositores".
Sostuvieron que el objetivo de esta persecución judicial sufrida por el gremio ATILRA y por su líder, Ponce, consistía en "disciplinarlo para que posteriormente, en 2018, Ponce 'negocie' paritarias en línea con la pauta oficial (15%)", al recordar que finalmente el sindicalista fue sobreseído en la causa en septiembre de 2018.
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