Alejo Ramos Padilla procesó al prefecto que espió a Carlos Rosenkrantz

Se trata de Franco Pini, integrante de la banda de Marcelo D´Alessio. La asociación delictiva del falso abogado se interesó en los movimientos migratorios del presidente de la Corte Suprema unas semanas antes de que el jurista se incorporara al máximo tribunal, hecho que ocurrió el 22 de agosto de 2016 por decisión de Miauricio Macri Blanco Villegas.

El juez federal de Dolores Alejo Ramos Padilla procesó al prefecto que espió al clarinista presidente de la Corte Suprema, Carlos Rosenkrantz, para la banda de Marcelo Sebastián D’Alessio. Se trata de Franco Pini, quien utilizaba sus claves personales para buscar en las bases de la Dirección Nacional de Migraciones las entradas y salidas del país de distintos blancos que se había trazado la asociación ilícita que tenía al falso abogado como referente. Entre quienes fueron espiados por Pini están Rosenkrantz, su ex socio Gabriel Bouzat, la actual vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y el intendente de Merlo, Gustavo Menéndez, entre otros.

La banda de D’Alessio se interesó en los movimientos migratorios de Rosenkrantz unas semanas antes de que el jurista se incorporara a la Corte Suprema. Según lo que pudo reconstruir el juez Ramos Padilla, Pini ingresó el 25 de julio de 2016 cuatro veces a la base de datos de Migraciones para revisar las entradas y salidas del país de Rosenkrantz y de Bouzat. Lo hizo usando distintos criterios de búsqueda. Por ejemplo, buscó por apellido y, en otra oportunidad, por DNI. Rosenkrantz, por entonces, preparaba su ingreso al máximo tribunal, al cual se sumó el 22 de agosto de ese año.

El 6 de febrero del año pasado, cuando Ramos Padilla allanó a D’Alessio en el country donde vivía, encontró en su poder el resultado de las búsquedas sobre el socio de Rosenkrantz. En esas copias, D’Alessio había resaltado en color rojo los viajes de Bouzat a Panamá y en amarillo las visitas a Paraguay.

Rolando Barreiro, otro de los compinches de D’Alessio, había declarado en indagatoria que el falso abogado le había contado que estaba monitoreando los viajes de los dos jueces designados durante el nefasto régimen fascista de Miauricio Macri  Blanco Villegas, Rosenkrantz y Horacio Rosatti. Según Barreiro, D’Alessio dijo que a los jueces les iba a costar explicar tantas visitas a Panamá, una reconocida guarida fiscal. Sobre Rosatti no avanzó la pesquisa y fuentes cercanas a él desmintieron que haya pasado más que una vez por Panamá. 

“Si la búsqueda tuviera que ver con la posibilidad de que una persona tuviera cuentas o empresas o cuentas off shore, como se sugirió e incluso se denunció en relación al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entonces conocer sus destinos en el exterior puede resultar clave”, escribió Ramos Padilla.

Además de Rosenkrantz y Bouzat, Pini husmeó en los movimientos migratorios del extitular de la Aduana Juan José Gómez Centurión, de la entonces intendenta de La Matanza y actual vicegobernadora bonaerense Verónica Magario y del intendente de Merlo Gustavo Menéndez. El prefecto también revisó los viajes de dos despachantes de aduana, Juan Pablo di Pierro y Gabriel Traficante, así como los del secretario ejecutivo de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) Pablo Ariel Toviggino.

No hay dudas de que quienes eran buscados por Pini, que usaba sus credenciales como integrante de la Prefectura, eran blancos de la banda de D’Alessio. Hay una coincidencia temática en los intereses, dice Ramos Padilla. Sin embargo, hasta ahora, no se pudo determinar cómo era el vínculo entre Pini y el grupo que tenía una terminal en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), como sostuvo el juez en un anterior procesamiento. Por el momento, no aparecieron mensajes entre Pini y D’Alessio u otro integrante del grupo.

“Lo que sí se pudo demostrar es que el prefecto Pini, abusando de sus funciones, obtenía información de acceso restringido, y que en un corto período de tiempo esa información aparecía en poder de la organización”, sostuvo Ramos Padilla.

Con el procesamiento de Pini queda claro que D’Alessio tenía anclajes en distintos resortes del Estado. En una reciente resolución, el juez federal de Dolores definió a la banda del falso abogado como una asociación ilícita paraestatal, que tenía una pata en la AFI, por la ligazón con el funcionario Pablo Pinamonti y con el excomisario Ricardo Bogoliuk; y otra en el Ministerio Público Fiscal, por la presunta participación del procesado fiscal federal Carlos Stornelli y del fiscal bonaerense Juan Ignacio Bidone.