Los votos de todos los ministros ya están redactados. Se trabaja en la redacción de un voto mayoritario que tenga idéntica parte resolutiva. Puede ver la luz esta semana, o a comienzos de la próxima, para luego pasar al tema coparticipación. Cayó mal amenaza de los jueces de renuncia si no los favorecen.
Cada miembro de la Corte Suprema ya tiene redactado su voto desde hace más o menos 15 días. Las posturas respecto del traslado de los jueces okupas Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Germán Castelli están definidas en el máximo tribunal pero cada vocalía trabaja en sigilo, por debajo del radar. Pero la decisión de una mayoría de mantener bajo un fuerte hermetismo el resultado y orientación redundó en que no haya datos fiables por fuera de los muros del cuarto piso del Palacio de Tribunales. Sin embargo, Ámbito pudo confirmar una premisa que guiará el fallo: ninguno de los dos extremos -que disputan, además, el valor simbólico de la sentencia- quedarán satisfecho con la solución. Tampoco será un fallo corto, sino el desarrollo de un análisis constitucional que es lo que mira el ámbito jurídico ante tanta expectativa que, por su demora, terminó suscitando esta controversia.
Como cada ministro tiene su voto, la etapa de trabajo en la que se encuentran se asemeja al formato de una negociación para saber si se pueden redactar votos conjuntos o concurrentes, con la misma parte resolutiva. Esa tarea requiere de puntillismo minucioso donde cada oración es mirada con extremo celo. Ese proceso es el que ha dilatado los plazos, algo que podría, incluso, insumir toda esta semana, para alistar a comienzos de la próxima el epílogo del episodio que comenzó a mediados de julio. Para simplificarlo: si esto fuese un juicio, cada juez de la Corte sabe si el acusado es culpable o inocente. La ansiedad la exhibe el oficialismo y la oposición que han hecho bandera con el caso. Pero es cierto que el tiempo que ha transcurrido le pone un raspón a la Corte porque tampoco puede decirse que se hamaque en el calendario de forma totalmente controlada.
El otro tema a esperar son los alcances y su influencia en los concursos en trámite: por eso, en el mundo judicial, hay más de un juez trasladado que está maldiciendo a Bruglia, Bertuzzi y Castelli por haber agitado a un tema que tiene riesgo de tsunami. Ya hay antecedentes con el fallo “Uriarte” que fulminó la ley de subrogancias y eyectó a varios jueces de los lugares que ocupaban. En ese contexto, cayeron muy mal en el cuarto piso del Palacio las declaraciones en estricto off the record de los magistrados demandantes. Hicieron trascender que si el fallo de la Corte no los favorece, renunciarán antes de regresar a sus tribunales de origen. ¿Cómo se vería si un acusado llegara ante Bruglia, Bertuzzi o Castelli en un juicio oral y les dijera que si no lo absuelven se pudre todo? El mensaje llegó con esa metáfora a oídos de la Corte, que frunció la nariz. De ninguna manera pasó desapercibido.
Los extremos que pueden sufrir se identifican en dos actos concretos: el Poder Ejecutivo emitió, en 24 horas, tres decretos con la firma de Alberto Fernández ordenando a los jueces regresar a sus tribunales originales cuando el Senado convalidó que sus traslados quedaban sin efecto; en el otro, “el republicanismo áspero” se aferra a la idea que la única vía posible para que no “implote la República” es devolverlos a la Cámara Federal. Y si eso no ocurre, el abismo. O la renuncia. Dentro de ese microclima binario, ninguna de las posiciones extremas quedarán satisfechas con el fallo. Será el punto final para promesas cruzadas y para el intento desde afuera de sonsacar qué lado de la grieta debe poner el champán en el freezer.
Otro dato para el análisis: la postura mayoritaria de la Corte no será tampoco “intermedia”. Esa mirada solo prosperaría desde alguno de los extremos. Conocedores de los pasillos del cuarto piso señalan que hay dos palabras que no existen en la Corte. La primera es “nunca”. La segunda es “imposible”. Por eso, se huele en el aire la posibilidad de que los medios -que han decidido jugar un pleno- también sean perdedores cuando el croupier grite “no va más”. Los considerandos van a ser nuevamente “vedettes” en este tipo de sentencias. Sobre todo si se llega a culminar un trabajo donde se amalgamen votos más allá de coincidir en la parte resolutiva. Si el voto del clarinista Carlos Rosenkrantz estaba terminado hace 15 días y es uno de los más claros, la novedad es que Elena Highton de Nolasco, Ricardo Lorenzetti, Juan Carlos Maqueda y Horacio Rosatti también tienen los suyos “en punta”.
Para rastrear algunas pistas es recomendable la lectura de ambas Acordadas -la N°4 y N°7 de 2018- que sirven como antecedentes. Ya se mencionó en estas líneas cuál había sido la bisectriz de la primera acordada y que el tono de la segunda tenía más por objetivo mortificar a Germán Garavano que responder a la “aclaratoria” que se le solicitaba. “Funciones de la misma jerarquía” es el concepto clave que desarrollará el fallo y que ha sido objeto de tironeo simbólico tanto para argumentar en ese tramo la postura de los demandantes como para señalar que no tienen la razón. No puede ser las dos cosas al mismo tiempo. “Los traslados que se hubieran dispuesto fuera de las condiciones señaladas precedentemente deberán cesar cuando concluya el procedimiento constitucional previsto para la cobertura de los cargos respectivos”, indica el considerando VIII de la Acordada N° 7. La cita precedente da cuenta de cuándo debe requerirse acuerdo senatorial.
Después del fallo sobre los traslados, la que pedirá pista es la demanda de la ciudad de Buenos Aires contra la poda en la coparticipación que hizo el Poder Ejecutivo Nacional por lo que consideró un exceso de fondos que habían sido girados por el macrifascismo para sustentar el traspaso de las comisarías de la Policía Federal. La administración porteña aspira a activar un “pressing” sobre el máximo Tribunal antes de la presentación de su presupuesto 2021 en la Legislatura, ya postergado inicialmente ante la controversia con la Nación. La duda es si debe considerar esos fondos, o darlos por perdidos. La medida cautelar que solicitó, languidece.
La salida de Elisa Carrió a las pistas volvió a instalar en carrera al candidato a la Procuración General Daniel Rafecas y dejó esquirlas en socios radicales y en el propio sector del oficialismo que no se siente cómodo con un postulante que (con sabiduría) se despegó de una modificación en las condiciones de designación que había sido garabateada por la comisión asesora de reforma que dispuso el Presidente. Carrió le armó “ruido” al macrifascismo y su foto del fin de la semana reavivó el apoyo inicial -en términos institucionales- que pensaba darle el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larrata, a comienzos de año, como “gesto” para que el PRO preste votos y alcance los dos tercios necesarios. El Gobierno debe decidir ahora si ratifica la propuesta para la que habían circulado nombres de “tapados” con la audiencia de rigor, y si decide “toquetear” la extensión del mandato del Procurador, algo que podría ser contraproducente si no forma parte de una negociación quirúrgica con la oposición.
En el medio, pasó casi desapercibido que la comisión de juristas no logrará convocar a la Corte Suprema antes de finalizar el plazo previsto para su deliberación acerca de cambios en el funcionamiento del máximo Tribunal. Cuando comenzaron, se descartaba su recomendación de ampliación; en el camino, surgió la idea de convocarlos a exponer a cada uno de los ministros; luego, la coyuntura hizo imposible la invitación, con membrete de presidencia, que nunca llegó; ahora, ya es tarde y es poco probable que ningún juez de la Corte asista con un “short notice”.
Fuente: nota de Gabriel Morini para Ámbito.com
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