Lo resolvió la jueza federal María Eugenia Capuchetti. De esta manera, el caso por el aumento del patrimonio del matrimonio presidencial quedó archivado.
La jueza federal María Eugenia Capuchetti decidió no reabrir la causa por enriquecimiento ilícito contra Cristina Fernández de Kirchner, que había sido cerrada por sobreseimiento en 2009 por el ex juez Norberto Oyarbide.
De este modo rechazó el pedido hecho durante el nefasto régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas por la Unidad de Información Financiera (UIF) para que se reabriera la causa por enriquecimiento ilícito contra la actual vicepresidenta, que archivó el entonces juez Oyarbide. Pero la UIF con las nuevas autoridades que asumieron en 2019 desistió del pedido de repertura de la causa por “cosa juzgada írrita” que había hecho la misma oficina durante el gobierno anterior.
En la resolución a la que tuvo acceso Currín, la jueza dijo que “teniendo en consideración la trascendencia que ha adquirido el pedido de nulidad del sobreseimiento de Cristina Fernández de Kirchner resuelto en el año 2009 por el entonces juez a cargo de este juzgado, corresponde adelantar que lo tendré por desistido en atención a las recientes presentaciones realizadas por la UIF y el Ministerio Público Fiscal (MPF) en las que afirman que no existen elementos que permitan conmover las sólidas bases sobre las cuales se asienta la cosa juzgada de aquella resolución. De esta forma, no existe impulso que permita el resurgimiento de la acción penal tal como originalmente se había requerido. Además, se ha podido establecer que se encuentra siendo juzgada en otros procesos en los que se la acusa –entre otras cuestiones– de supuestos lucros indebidos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2015, es decir, un período temporal que claramente abarca lo aquí denunciado”.
Capuchetti –la única juez federal designada durante el régimen macrifascista– resumió la posición del fiscal Eduardo Taiano quien también postuló el rechazo a la reapertura de la causa. Con respecto a Taiano, la jueza explicó que “en tal sentido, afirmó que la utilización de la cosa juzgada fraudulenta debe apreciarse con un criterio sumamente restrictivo y que, sin perjuicio de ello, tampoco se advertía que el mal desempeño del entonces magistrado a cargo de esta causa encuentre sustento fáctico en los elementos aunados a la presente pues entiende que, por el contrario, cada una de las medidas probatorias ordenadas dieron cuenta de que no existen motivos sustantivos para afirmar esa circunstancia”. En resumen, concluyó el MPF que “hacer lugar a la nulidad impetrada y reanudar la investigación, avasallaría la garantía constitucional de la cosa juzgada y los superiores intereses que ampara, en tanto no constan elementos para afirmar que el pronunciamiento cuestionado haya sido dictado mediante fraude por parte de la judicatura o cualquier otra circunstancia indicativa de que la resolución no fuera el corolario de un debido proceso”.
El organismo antilavado durante el régimen macrifascista había solicitado que se reabriera la investigación luego de que el histórico contador de la familia Kirchner, Víctor Manzanares, declarara -en la causa de las fotocopias de los supuestos cuadernos- que Oyarbide le encomendó que realizara una pericia irregular para justificar el crecimiento patrimonial del matrimonio investigado y poder de esa manera archivar la causa. A lo dicho por Manzanares se sumó la declaración de que el juez Oyarbide había sido presionado por operadores judiciales del kirchnerismo con estrechas vinculaciones con la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para sobreseer a Néstor y Cristina Kirchner. El ex juez fue sobreseído por ese hecho por el juez Marcelo Martínez de Giorgi.
En aquella presentación, hecha en febrero del año pasado, la UIF invocó la figura de la cosa juzgada írrita para fundar el planteo. “No hay dudas respecto a la relevancia que pueden tener las manifestaciones del contador Manzanares en orden a los hechos investigados”, señaló en su escrito la dependencia encargada de la prevención y combate del lavado de activos.
“Considera esta Unidad que se encuentran dadas las condiciones para resolver el planteo de nulidad basado en la existencia de cosa juzgada írrita. Es que cuando la investigación judicial no se condujo por su cauce natural, consecuente con la búsqueda de la verdad, sino que se dirigió a sobreseer ficticiamente a quien fue objeto de dicha pesquisa, la inmutabilidad de la cosa juzgada pierde su razón de ser para el caso particular, por cuanto la convalidación de tal situación jurídica colisiona con los principios más elementales del Estado de Derecho y la seguridad jurídica”, había dicho la UIF macrifascista en la presentación hecha el año pasado y que fue desistida por las nuevas autoridades.
“Cuando la investigación judicial no se condujo por su cauce natural, consecuente con la búsqueda de la verdad, sino que se dirigió a sobreseer ficticiamente a quien fue objeto de dicha pesquisa, la inmutabilidad de la cosa juzgada pierde su razón de ser para el caso particular”, sostuvo en aquella oportunidad.
La "cosa juzgada írrita" es el as en la manga que tiene la Justicia para reabrir los procesos en los que se llegó a una sentencia absolutoria en forma irregular y evitar, de esta manera, que queden impunes casos de corrupción. La posibilidad de aplicar la nulidad por cosa juzgada írrita se da especialmente en los casos de investigaciones superficiales que terminan de manera rápida sin una condena para los responsables, es decir, cuando se trata de un proceso fraudulento.
La investigación sobre el aumento de los bienes del matrimonio Kirchner se inició en julio de 2009 por una denuncia de Enrique Piragini de la ONG “A.R.I.E.L. somos todos” a raíz de notas periodísticas que daban cuenta del importante incremento patrimonial de la ex pareja presidencial correspondiente al años 2008. Tras un peritaje contable, el entonces juez Oyarbide sobreseyó a Néstor y Cristina Kirchner.
La jueza explicó que en la causa que se pretendió reabrir por “cosa juzgada írrita” se estaba investigando algo similar a lo que ya está elevado a juicio oral y público: “Se observa entonces, sin perjuicio del eventual resultado al que arriben esas investigaciones y/o juicios orales, que algunas de las partes acusadoras de esos procesos se presentaron en este expediente con la finalidad solicitar que simultáneamente se reabra esta investigación con fin de determinar si Cristina Fernández de Kirchner se había enriquecido de manera ilícita durante ese mismo período. Es decir que mientras en aquellos juicios intentan probar que fue la jefa de una organización ilícita que administró fraudulentamente el erario, adjudicó de manera irregular obra pública, planificó el retorno del dinero para enriquecerse y realizó actividades de blanqueo de dinero, aquí intentaban acreditar -acción de nulidad por cosa juzgada fraudulenta mediante- que la misma persona y en idéntico período tuvo un incremento patrimonial injustificado”, dijo Capuchetti.
Luego de las posiciones de las nuevas autoridades de la UIF y de Taiano, la magistrada que asumió en el juzgado que dejó vacante Oyarbide en 2018 señaló que “como se advierte de la reseña realizada, tanto de las recientes manifestaciones efectuadas por la UIF en las que desiste del remedio solicitado como así también de la opinión fundada del MPF de rechazar la pretensión original, me hacen concluir la necesidad de dar por concluido este incidente”. Y archivó la causa, por lo cual, el sobreseimiento sigue firme.
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