La magistrada María Carolina Castagno había convocado ayer a las partes a plantear sus posiciones. Tras la exposición de los denunciantes y la defensa pasó a cuarto intermedio y decidirá hoy.
Luego de casi cinco horas, la jueza María Carolina Castagno decidió pasar a un cuarto intermedio para este jueves a las 10 de la mañana en el caso que la Cámara de Apelaciones de Paraná titula "Etchevehere Leonor VM/ Denuncia". Con la resolución, se conocerá si la jueza ratificará, ordenará la revisión al juez de primera instancia o revocará el fallo de Raúl Flores que no hizo lugar al pedido de desalojo de Dolores Etchevehere de la estancia Casa Nueva. La apelación fue presentada el último viernes por los varones Etchevehere apenas conocido el fallo.
Los oradores a los que escuchó Castagno para decidir qué camino tomar en este caso que se convirtió en un hecho político a punto tal de que el propio presidente emitió opinión al respecto fueron, por el lado de los denunciantes, el fiscal Oscar Sobko, el abogado Ruben Pagliotto en representación de Las Margaritas S.A. (sociedad anónima propietaria del predio), ambos trabajando desde el primer día con el caso; y la novedad fue la presencia de Mónica Carmona por el Ministerio Público Fiscal.
Fuentes del Proyecto Artigas alertaron que la presencia de Carmona significaba un peligro para la seguridad integral de Dolores Etchevehere porque "desde el Ministerio Público Fiscal "no tienen perspectiva de género ni hicieron la capacitación de ley Micaela, aunque Micaela fue asesinada en su provincia por justicia corrupta/inoperante".
Por el lado de la parte defendida, se esgrimieron la Dra. Daniela Verón, defensora y querellante, del Cuerpo de Abogadas de Víctimas de Violencia de Genero del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nacion y Lisandro Mobilglia, defensa técnica del denunciado.
Los Denunciantes
El primero en hablar fue Sobko a las 9.20 que, en una declaración de menos de una hora, repasó los motivos por los que acusa a Dolores Etchevehere y a lo que ella denomina como su "nueva familia" del Proyecto Artigas. Por un lado, por delito de engaño a los trabajadores de la estancia, utilizando su apellido sabiéndose titular de un porcentaje de acciones de Margaritas S.A.
La querella acusa a Dolores Etchevehere de ingresar de manera violenta a la estancia, por delimitar espacios donde circulan los trabajadores y cambiarles las tareas. "Les dijeron que les iban a triplicar su sueldo, pero a cambio de que respondan a todo lo que ellos les pedían", explicó Sobko y agregó que "no discutimos que ella sea heredera. Pero si es accionista, tiene que manejarse como está previsto en el estatuto: si pretende cambiar la forma de producción u ocupar una parte del campo, tiene que tener la autorización del máximo órgano de gobierno de una sociedad, la asamblea".
Tal como adelantaron desde el Proyecto Artigas, a su turno, Mónica Carmona hizo foco en los "supuestos actos intimidatorios" que dieron lugar a la sanción de una serie de medidas de protección para Dolores, que incluyen el cese de actos violentos y la prohibición de acercamiento a cualquier lugar público o privado en el que se encuentre por parte de sus hermanos varones.
La fiscal Carmona confirmó que, en el caso de que se revoque el fallo y se restituya el inmueble a los varones Etchevehere, el MPF evaluará cuáles son las medidas que se mantendrán y cuáles se modificaran.
Ambos solicitaron a la jueza Castagno que revoque el fallo de Flores y disponga el desalojo de los habitantes del campo Casa Nueva.
Finalmente, el abogado de la familia Etchevehere Rubén Pagliotto reforzó durante dos horas los argumentos antedichos por Sobko aunque, en carácter de abogado de la Sociedad Anónima, hizo un especial foco en la titularidad de la estancia por parte de las Margaritas Sociedad Anónima. El abogado también arremetió contra el juez Flores y criticó lo resuelto el viernes pasado: “Es la primera vez en mi vida como abogado que veo que el juez va acompañando el desarrollo de un delito”.
La defensa
Lisandro Mobiglia criticó que el abogado querellante se haya expresado respecto de cuestiones que se encuentran fuera de la temática de la audiencia: "Por un segundo pensamos que se iba a debatir el tema del desalojo, y solo se hablo de temas societarios", explicó y aclaró que los mismos deben resolverse en el juicio sucesorio que se encuentra en trámite en el juzgado civil de Paraná.
También criticó a la fiscalía por desconocer una prueba documental presentada por la defensa. "Ellos citan el acuerdo de 2018, pero desconocen el marco de una denuncia penal por presunta extorsión y violencia económica que invalidaría este documento".
Por último, respaldó el fallo de Flores y señaló que "parece que si el fallo no les gusta, hay que apelarlo porque no he visto ningún agravio que pueda desvirtuar el fallo del juez Flores".
Finalmente, Daniela Verón resaltó que la denuncia de pedido de desalojo es un hecho más de violencia de género que atraviesa el caso y viene padeciendo Etchevehere, "que responde a una relación desigual de poder por su condición de ser mujer".
Por Natalí Risso para Página/12
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