Roberto Navarro, Ari Lijalad y y Franco Mizrahi estaban acusados de revelar "secretos políticos y militares".
La jueza federal María Servini desestimó ayer por inexistencia de delito la patética denuncia presentada contra tres periodistas por la filtración del contenido de un libro administrativo de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI). Ese contenido está incorporado como prueba en la causa por espionaje ilegal que se sigue en los tribunales de Lomas de Zamora.
La magistrada tomó esa decisión tras el dictamen del fiscal del caso, Eduardo Taiano, quien había pedido desestimar por "inexistencia de delito" la denuncia contra los periodistas Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi, de El Destape.
Los tres periodistas fueron incluidos en una denuncia hecha por los diputados macrifascistas Jorge Enríquez, Waldo Wolff, Fernando Iglesias y Álvaro de Lamadrid, que también alcanzaba a la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, a los fiscales del caso por espionaje ilegal Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide y al propio juez del caso, Juan Pablo Augé. Los diputados los denunciaron por el presunto delito de "revelación de secretos políticos y militares".
Servini ya tenía una denuncia anterior contra los funcionarios, presentada por ex agentes de la AFI mencionados en el documento filtrado a la prensa y por eso esta nueva presentación quedó a cargo de su juzgado. La jueza abrió un legajo aparte para evaluar la denuncia contra los periodistas de El Destape y la desestimó al compartir los argumentos del fiscal federal Eduardo Taiano.
El eje de la denuncia fue lo ocurrido con un libro de actas de gestiones administrativas en la AFI entre 2016 y 2018, que fue digitalizado e incorporado a la causa por espionaje ilegal y puesto a disposición de las partes y cuyo contenido de carácter secreto se filtró a la prensa.
Al desestimar la denuncia en relación a los periodistas, Taiano sostuvo que no surgieron "elementos mínimos que permitan iniciar una investigación penal". Además recordó que "en el supuesto bajo estudio no cabían dudas que las responsabilidades vinculadas a la aparente filtración de información confidencial se encontraban bajo plena investigación en el marco del expediente principal".
El fiscal enfatizó que "la labor periodística cuestionada no era pasible de criminalización, no debiéndose soslayar que lo único que se consignaba en la denuncia –en lo que concernía a los periodistas– era que se habría publicado información confidencial en un medio periodístico. Que esa circunstancia, aislada de todo otro dato adicional, no permitía suponer la posible comisión de una actividad ilícita".
Tras conocerse la decisión de Servini, en Twitter se convirtió en tendencia el hashtag #RenunciaWolff. El diputado de Juntos por el Cambio preside la Comisión de Libertad de Expresión de la Cámara baja.
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