El procedimiento, que comenzó cerca de las 6 de la mañana y fue encabezado por Sergio Berni, se trasladó luego a los alrededores del predio, donde se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
La policía desalojó ayer, en cumplimiento de una orden judicial, un predio en la localidad bonaerense de Guernica que permanecía ocupado por una parte de las familias que se habían instalado en julio pasado, en el marco de un operativo en el que fueron aprehendidas unas 35 personas.
El procedimiento, que comenzó cerca de las 6 de y fue encabezado por el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, se trasladó luego a los alrededores del lugar, donde se produjeron algunos enfrentamientos entre la policía y manifestantes.
"El objetivo primordial del Gobierno de la provincia de Buenos Aires fue encontrar una salida pacífica, siempre sobre la base de que se trataba de una ocupación ilegal y quienes permanecían en el lugar estaban violando la ley", indicaron por la tarde fuentes oficiales.
El Gobierno bonaerense indicó a través de voceros que "antes de las 7 de la mañana el predio estaba completamente desalojado" y agregó que "luego se produjeron incidentes en los alrededores del barrio, por los cuales hay alrededor de 40 detenidos y varios policías contusionados".
También se destacó que el desalojo se produjo "después de múltiples mesas de diálogo", porque "un grupo radicalizado no accedió a ninguna de las propuestas realizadas y exigía permanecer en el predio desconociendo la orden judicial".
Los disturbios tuvieron lugar a unas tres cuadras del predio cuando grupos resistían tirando piedras a las fuerzas de seguridad, que utilizaron gases lacrimógenos y se desplazaron a pie y a bordo de cuatriciclos para dispersarlos.
"Ya está todo desalojado", dijo Berni en declaraciones a la prensa, luego que unos 4.000 efectivos policiales y agentes especiales rodearon la zona y comenzaron a derribar algunas casillas que se habían instalado en el lugar, que fue desocupado en cumplimiento de una orden del juez de Cañuelas, Martín Rizzo.
El operativo se concretó luego de varias semanas en las que el Gobierno bonaerense entabló negociaciones con los ocupantes, realizó un censo y pudo avanzar con la desocupación pacífica por parte de la mayoría de las familias.
En tanto, el fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, uno de los tres a cargo de la causa, confirmó que, en el marco del operativo de desalojo, hubo "cerca de 35 aprehendidos".
En el marco del trabajado desarrollado por el Gobierno bonaerense, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad -junto con representantes de organismos de derechos humanos, Madres de Plaza de Mayo y organizaciones sociales de izquierda que apoyan a los que aún están en los terrenos- realizaron en los últimos días un último relevamiento para determinar el número de familias que debían dejar el lugar y a los que se les procura dar una solución a sus problemas habitacionales.
Según el relevamiento, unas 600 familias firmaron el acuerdo con el Gobierno para desalojar pacíficamente el predio y a cambio recibieron materiales de construcción y dinero para pagar el alquiler de sus futuras viviendas, en tanto que otras fueron alojadas en "espacios transitorios" de Presidente Perón.
Ayer a la mañana, dentro del predio ocupado se escucharon algunas detonaciones y se observaron columnas de humo por la quema de algunas casillas levantadas en el lugar.
Por su parte, los efectivos derribaron las casillas y cortaron los alambres con que se delimitaron las tierras ocupadas en el predio, mientras que el desalojo fue resistido por los ocupantes que, con piedras y palos, intentaron frenar el accionar policial.
Una vez desocupado el predio, algunas personas continuaban resistiendo el operativo en los alrededores del lugar, donde tuvieron lugar algunos enfrentamientos, mientras que, cerca de las 9, fueron sumados al operativo de la Policía bonaerense un camión hidrante y cinco camionetas.
Cerca del mediodía, personal del municipio de Presidente Perón, a bordo de topadoras, comenzó a demoler las casillas de madera que quedaban instaladas e inició el operativo de limpieza de los terrenos.
En paralelo, bajo la consigna "No al desalojo, tierra para vivir", militantes de algunas organizaciones sociales iniciaron una protesta en rechazo al desalojo en puntos como el Puente Pueyrredón, frente al Obelisco, en la Autopista Buenos Aires- La Plata, el hospital Posadas y la ciudad de Mar del Plata.
Los terrenos reclamados por sus propietarios, unas 100 hectáreas, fueron ocupados en julio pasado por unas 1.200 familias que vivían en Guernica y otras que residían en los distritos de Almirante Brown, Lomas de Zamora, San Vicente, Florencio Varela, Ezeiza y Esteban Echeverría.
Tras la denuncia ante la Justicia por parte de los dueños y la firma Bellaco S.A., el juez de Garantías de La Plata Martín Rizzo ordenó el desalojo del predio, decisión que fue postergada en dos oportunidades a pedido del Gobierno provincial y que tenía para mañana fecha límite de concreción.
"Una vez ocurrida la desocupación de los lotes deberán restituirse en forma provisoria a los requirentes María Jacinta Romero, Vilma Alicia Enríquez, Andrés Ríos y Gervasio Pérez Pesado en representación de la firma Bellaco S.A.", sostiene la resolución del juez Rizzo.
“Las cosas tienen que volver al Estado de derecho”, sostuvo el fiscal Alcorta en declaraciones radiales, en las que explicó que “la mitad del predio estaba con animales y la otra mitad era parte de un emprendimiento de un barrio privado”.
Asimismo, contó que cuando se llegó al lugar se encontró "con balines de metal, facas y fierros clavados en el barro" y explicó que "de hecho, una persona se lastimó con uno de esos fierros, que son como miguelitos muy grandes. Afortunadamente, no encontramos armas de fuego”.
Condomí Alcorta remarcó que el terreno será entregado a los dueños que reclamaron su restitución a través de la justicia y destacó que si alguien intenta una nueva ocupación será detenido.
La polémica selfie del fiscal durante el desalojo
En medio de la tensión por el operativo de desalojo que desplegó la Policía Bonaerense en el predio de Guernica, una foto generó polémica en las redes sociales.
La imagen que circuló es una selfie de Juan Cruz Condomí Alcorta, fiscal a cargo del caso, quien posó sonriente junto a sus colegas Lisandro Damonte y Marcelo Romero mientras los policías terminaban de derribar las casillas. Una nube de humo termina de configurar el panorama que se ve detrás de Alcorta, Damonte y Romero.
Ante las críticas que se replicaron, Alcorta se limitó a decir que la tomó “para demostrar que estaba todo bajo control” y agregó que no veía dónde estaba “la falta de respeto”.
“Se cumplió con la orden judicial y nada más que eso. Hay 39 detenidos y heridos policiales más que nada. No se tiró un solo gas lacrimógeno porque a los policías los deja ciego”, indicó el fiscal sobre el operativo, en el que fueron detenidas al menos 39 personas.
"Me tomé una selfie con mis colegas para demostrar que estaba todo bajo control. No veo cuál es la falta de respeto. ¿No me voy a sacar nunca más una selfie por esto?", amplió.
Respaldó ademas la actuación de los agentes. “No hubo una represión. Eso no es una selfie, es una foto que sacamos con nuestros colegas, luego de haber hecho el desalojo, para mostrar cómo estaba el lugar. Además no es que estoy sonriendo, ni festejando, ni jactando”, remarcó.
Los usuarios de las redes no coincidieron con el fiscal y algunos consideraron que se estaba burlando de las personas que estaban siendo desalojadas.
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