El ex titular de la AFI macrifascista presentó una recusación contra la jueza de la Cámara de Casación, Ana María Figueroa.
La defensa del ex titular de la AFI durante la nefasta gestión de la alianza de derecha Cambiemos, Gustavo Arribas, no quiere que la jueza de la Cámara Federal de Casación, Ana María Figueroa, opine sobre dónde debe quedar radicada la investigación por espionaje ilegal que lo tiene como principal acusado. Es por eso que el representante legal del ex funcionario recusó a la magistrada por existir "temor fundado" de la pérdida de imparcialidad.
El abogado de Arribas, Alejandro Pérez Chada, rápidamente presentó el escrito recusatorio porque teme que la jueza falle a favor de que la causa del espionaje ilegal continúe en el juzgado federal de Lomas de Zamora que conduce Juan Pablo Augé. Arribas y su abogado quieren con desesperación que la causa pase a Inodoro Py donde tiene amigos tanto en las fiscalías como en los juzgados.
Figueroa integra la sala I junto a los jueces Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y deben decidir sobre el destino de la causa por espionaje ilegal. Pérez Chada afirma en su presentación que su defendido tiene "temor fundado" de pérdida de imparcialidad porque la jueza declaró como "testigo de cargo" en otra investigación en la que Arribas está imputado.
Se trata de la causa por la llamada "mesa judicial" que investiga si hubo presiones a la Justicia durante el régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas. Figueroa declaró en su momento haber sido víctima de espionaje ilegal y también de presiones como cuando en tiempos del macrifascismo fue "apretada" para que resuelva en contra de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa del Memorandum de entendimiento con la República Islámica de Irán.
Ahora Figueroa deberá responder a la recusación y decidir si acepta o no apartarse de entender en la causa por el espionaje ilegal y luego la última palabra la tendrán sus colegas Petrone y Barroetaveña.
Arribas pidió que la investigación pase a un juzgado federal porteño al argumentar que los delitos que se investigan tuvieron como centro organismos y dependencias del Gobierno Nacional con sede en la ciudad de Buenos Aires. Esa postura fue compartida por la Cámara Federal porteña pero como su par de Apelaciones de La Plata se manifestó en sentido contrario y a favor de que el caso siga en Lomas de Zamora, el conflicto debe ser resuelto por Casación.
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