Con el objetivo de evitar que se publiquen pruebas que apuntan contra Miauricio Macri Blanco Villegas en los casos de espionaje ilegal, diputados del PRO atentan contra la libertad de expresión de El Destape y el derecho a la información de sus lectores por sus publicaciones.
El diario ultra opositor Clarín ofició de vocero de un ataque a El Destape que tiene como objetivo voltear la causa por espionaje ilegal donde se acumulan pruebas que apuntan directo a Miauricio Macri Blanco Villegas. Se trata de la existencia de una denuncia contra Roberto Navarro, Ari Lijalad y Franco Mizrahi realizada por los diputados macrifascistas Waldo Wolff, Fernando Iglesias, Álvaro de Lamadrid y Jorge Enríquez.
La acusación, según el pasquín envuelve huevos, es por difundir información vinculada a un libro de Actas de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) sin proteger la identidad de los agentes de inteligencia.
La acusación es absolutamente falsa, malintencionada y ataca la libertad de expresión y el derecho a la información. Los mismos que judicializaron la política ahora pretenden judicializar el periodismo.
Según cita Alejandro Alfie en su nota sobre la denuncia, la acusación contra Navarro, Lijalad y Mizrahi es “por otorgar difusión pública a datos a los que accedieron en función de su profesión y cuyo secreto tenían obligación de guardar”. Hay que aclarar algo: los periodistas no tienen obligación alguna de guardar información a la que acceden. Todo lo contrario; tienen el deber ético de publicar la información que creemos relevante para que nuestros lectores estén informados. La única práctica del periodismo es la protección de la fuente de determinada información, ya que si se revela su identidad se la puede poner en riesgo.
La cuestión de fondo es que El Destape accedió a un libro de actas de la AFI, lo analizó y publicó una serie de notas en base a la información que contienen esos documentos. La fuente de esos documentos se preserva, como corresponde. En ninguna nota se publicaron datos que revelaran la identidad de ningún agente ni convenios con organismos de inteligencia extranjeros. Las pocas imágenes que se seleccionaron y publicaron fueron intervenidas con tachaduras para preservar información sensible.
En la primera nota sobre el tema, publicada el sábado 19 de septiembre, el único dato a la vista fue de personal jerárquico de la AFI durante la gestión de Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, cuya identidad es pública y cuyo rol en el entramado de espionaje ilegal se investiga en el juzgado de Lomas de Zamora. Puntualmente el de Juan Sebastián De Stéfano, a cargo de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la AFI durante el macrifascismo, el área que centralizó el espionaje ilegal, las escuchas telefónicas y hasta las visitas a jueces para presionarlos por fallos que interesaban al hijo bobo de Franco Macri. Su nombre, cargo y actividad política son públicos.
En otro fragmento de la denuncia que difundió Clarín dice: “El propio portal El Destape Web continuó publicando notas en las que se expusieron más datos secretos como nombres de agentes y personas jurídicas de cobertura". Se refieren, por un lado, a las nota donde se reveló que uno de los hijos del fiscal Carlos Stornelli, procesado por su participación en 8 casos de espionaje ilegal, revistaba en la AFI macrista. Por otro, a las empresas fantasma de la AFI cuyas acciones continuaban en manos de Antonio Horacio Stiuso hasta entrado el régimen de la alianza de derecha Cambiemos.
La decisión de publicar toda esa información se explica de forma sencilla. Se trata de algo de evidente interés público, ya que esos documentos revelan como se armó la estructura de persecución judicial a opositores durante el régimen de Miauricio Macri Blanco Villegas a través del espionaje ilegal desplegado desde la propia AFI. Esto incluyó escuchas telefónicas, seguimientos, acceso a las cámaras de seguridad de la ciudad de Buenos Aires, infiltraciones de agentes en organizaciones políticas y sociales y hasta tareas de inteligencia sobre comedores donde asisten familias víctimas de las políticas económicas de los mismos que hacían espionaje ilegal para el armado de causas judiciales con el objetivo de camuflar la ejecución de su proyecto de miseria planificada.
Macri Blanco Villegas, Arribas y Madjalani no estuvieron solos. Durante su gestión contaron con la misma complicidad mediática que ahora difunde esta falsa denuncia sin siquiera comunicarse con los periodistas de El Destape para corroborar la información. La misma complicidad mediática que hoy silencia sistemáticamente las causas judiciales y las pruebas que apuntan al ex presidente.
Es claro, además, que los diputados Wolff, Iglesias, De Lamadrid y Enríquez atentan contra la libertad de expresión de El Destape y contra el derecho a la información de nuestros lectores y que hay una animosidad ideológica en la denuncia. En el caso del diputado Wolff hay un agravante: es el presidente de la Comisión de Libertad de Expresión e intenta censurar a un medio.
Los diputados macrifascistas coordinaron con Clarín la difusión de la denuncia. Justo en Clarín, un medio que sí publicó actas de la AFI sin tachaduras. Que denuncien a El Destape y no a Clarín, que publicó lo mismo y más, es prueba suficiente que se trata de una persecución ideológica, de la judicialización del periodismo, de intentar aplicarnos la mordaza que no lograron, pese a reiterados intentos, durante el régimen macrifascista.
Otro tramo de la denuncia citado en el diario de Héctor Magnetto dice: "también actuaron con plena voluntad los periodistas Mizrahi, Lijalad y Navarro que, habiendo accedido a documentación e información cuyo carácter secreto resultaba evidente, la publicaron y pusieron a libre disposición del público en Internet”. Es falso.
El Destape no puso a disposición la documentación completa. Es más, el único párrafo decente en la nota de Clarín reconoce que “más allá de las artículos periodísticos publicados en El Destape, que mencionan los legisladores, el portal de noticias que puso a libre disposición las 3.850 Resoluciones de la AFI en la web fue Realpolitik, que durante dos días tuvo online todas las actas del Libro de Protocolo de Resoluciones enviadas por Caamaño al juzgado de Lomas de Zamora. Pero ese portal no figura en la denuncia de Iglesias, Wolff, Enríquez y De Lamadrid”. Que se trata de una persecución a El Destape por parte de los diputados macrifascistas no precisa más confesiones.
Clarín es parte, cómplice de este ataque a El Destape. Mientras un periodista de Clarín está procesado por su participación en operaciones de inteligencia ilegales y extorsiones Clarín promueve una acusación contra El Destape por informar sobre ese espionaje ilegal en la era macrifascista. Todo se encadena.
El tamiz ideológico es claro. El señalamiento de El Destape y sus periodistas como “Ultra K” es parte de la demonización de un sector ideológico para justificar así su persecución, proceso en el que Clarín fue y es clave. No es algo que nos moleste. Para nosotros, el periodismo es nuestra forma de hacer política. Para Clarín y Magnetto, los medios de comunicación son su herramienta para cimentar negocios y garantizar impunidades.
Sobre las actas de la AFI en sí, no hay ningún delito al publicar una información que fue subida a un expediente judicial y puesta a disposición de todas las partes que intervienen en la causa por espionaje ilegal que tramita en el juzgado de Lomas de Zamora, tanto los acusados como los espiados.
El ataque como defensa
El mismo Macri Blanco Villegas reveló la estrategia de demolición sobre el expediente que más le preocupa. “Es todo un invento”, mintió el retrasado mental en el amable diálogo del lunes por la noche con Morales Solá, en referencia a la causa donde se investiga el espionaje ilegal sobre dirigentes del oficialismo y la oposición. En otro tramo de ese diálogo, el idiota confeso se mostró alarmado por la difusión de la identidad y destino de espías argentinos en el extranjero, revelación que sus sicarios legislativos le adjudican falsamente a El Destape. Por el contrario, esa información sensible fue difundida por el multimedio macrifascista de Magnetto y otros portales de propiedad difusa. ¿Se trató de una operación de prensa destinada a allanar el camino de la estrategia de demolición judicial que se propone el macrifascismo? La duda es razonable, si se tiene en cuenta el prontuario político de los denunciantes.
La abundante prueba acumulada en los tribunales de Lomas de Zamora preocupa al ex presidente por su futuro judicial, pero también por su impacto en la interna del PRO. Según las evidencias colectadas, el dispositivo de inteligencia irregular que operó durante el régimen macrifascista se metió incluso en la vida privada de dirigentes de Juntos por el Cambio que hoy tienen responsabilidades de gestión y aspiran a liderar el espacio de cara a las elecciones que vienen.
Las víctimas internas del espionaje macrifascista se ilusionan con que el accionar de la justicia deje fuera de juego al ex presidente, que decidió volver para obturar el crecimiento de sus antiguos pupilos. No por casualidad, los firmantes de la falsa denuncia contra El Destape están enrolados en la línea interna que responde a Macri Blanco Villegas.
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