Para el gobierno se trata de "una medida política". No entienden la reacción a una medida que se negoció y que afecta a sólo una parte de los productores. La decisión fue no salir a confrontar.
"Es una medida política. Para nosotros la decisión está tomada. Hay una ley del Congreso que nos habilita a hacer lo que hicimos, asi que no hay nada que discutir", respondían cerca de Alberto Fernández respecto al anuncio de la Mesa de Enlace de realizar un lock out de cuatro días en protesta por el aumento de tres puntos a las retenciones a la soja.
En la Casa Rosada recordaban las semanas de diálogo que llevaban con las entidades agropecuarias -a las que además sumaron a iniciativas como el programa contra el hambre y el incipiente Consejo Económico y Social-, con la que incluso en los últimos días negociaron la segmentación y la baja impositiva para otros cultivos. Así y todo, la reacción fue más o menos la misma que si la suba hubiera sido inconsulta. Fernández, su jefe de gabinete Santiago Cafiero y el ministro de Agricultura Luis Basterra cruzaron llamados durante todo el día, primero con una sensación de asombro y después de enojo. Pero la decisión fue no salir a confrontar públicamente.
El presidente había sido contemplativo durante su mensaje del domingo pasado en la Asamblea Legislativa. "El campo debe ser un protagonista. Los hemos convocado para que participen en la lucha contra el hambre. Pero también deben hacer el esfuerzo quienes producen y exportan. Que el campo crezca es uno de nuestros objetivos”, sostuvo durante su discurso. Consideró la propuesta oficial "generosa" ya que se aumentaba sólo uno de los 25 cultivos sobre los que pesan derechos de exportación. Tan cuidadoso fue que ni siquiera anunció allí el aumento de los tres puntos a la soja que le permitía la ley sino que esperó la formalidad de que Basterra se reuniera con la Mesa de Enlace para terminar de cerrar lo que se suponía que era un acuerdo.
"Estuvimos negociando todo el tiempo", remarcaba el jueves un funcionario en la Casa Rosada, sorprendido por la novedad. Insistía que la suba de las retenciones a la soja no tenía una pretensión fiscalista sino que apunta a ayudar a las economías regionales con subsidios, caminos rurales y demás mejoras que, además, fueron conversadas con las mismas entidades que en ningún momento advirtieron sobre la posibilidad de una protesta. "La segmentación fue propuesta por ellos", recordaban.
De esa manera, la suba de las retenciones sólo afectan a poco más del 20 por ciento de los productores de soja. Por eso se recaudará un extra de 354 millones de dólares de los cuales 164 millones serán para compensar al resto de los productores de soja y los otros 167 millones de dólares se destinarán para bajar los impuestos a los otros cultivos y a las economías regionales. Es decir, el dinero queda dentro del mismo sector agropecuario.
En los diálogos de antes de ayer, Fernández, Cafiero y Basterra recordaban todos los pasos que habían dado, desde que se reunieron por primera vez con las entidades en diciembre, días después de asumir el gobierno. Ya en aquella primera reunión, el presidente les comentó su idea de darle un tratamiento diferenciado a los pequeños productores y las economías que sufrieran por los costos extra de encontrarse a grandes distancias de los puertos. Los representantes de las patronales agropecuarias se mostraron totalmente de acuerdo con la idea y el gobierno avanzó en esa dirección. Pocos días después el ministro Basterra les envió un paper con el esquema de actualización de retenciones y ya las entidades dieron la primera señal de enojo al no asistir a la firma del "Compromiso argentino de solidaridad" que empresarios, sindicalistas y movimientos sociales suscribieron en la Casa Rosada.
Después de eso hubo varios contactos para que la propuesta contemplara incentivos para el aumento de la producción, como reclamaban las patronales. Hubo bajas para arvejas, porotos, garbanzos, lentejas, maní, arroz. El trigo y el maíz se mantuvieron igual pero se aprobaron reducciones para derivados como las harinas, al aceite de girasol y el maíz que se usa para el pochoclo. Lo mismo para la carne porcina y ovina. Todo supuestamente de común acuerdo.
Pero en la Rosada ya habían advertido el tironeo que veían en algunos dirigentes de parte de un sector de productores en pie de guerra contra el gobierno del Frente de Todos. La semana pasada, en una entrevista, Fernández les había pedido a los llamados "autoconvocados" que tuvieran honestidad intelectual y aceptaran identificarse como dirigentes opositores que respondían a la conducción de Cambiemos. "No es lo mismo que hable un presunto chacarero que un presunto militante o dirigente encubierto. Eso está claramente inducido por dirigentes de Cambiemos. Son las reglas de juego que buscan imponer. Yo tengo la tranquilidad de que estoy cumpliendo mi palabra con quienes me votaron", dijo entonces el jefe de Estado.
En cambio, el jueves, la decisión de la Casa Rosada fue no salir a confrontar públicamente. No querían reeditar lo que sucedió en 2008 cuando todas las entidades se abroquelaron frente a la ofensiva del Ejecutivo. "Acá no es 'el campo'. Son entidades que representan a grandes productores. No es el que siembra maní, poroto, arroz. Creemos que muchos chacareros están de acuerdo con las decisiones que tomamos", sostenía un funcionario cercano al presidente. En ese sentido, destacaban la declaración de Eduardo Buzzi, ex titular de la Fedración Agraria, que calificó como un error la protesta porque Fernández "busca conciliar".
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