El secretario de Asuntos Estratégicos fue el orador principal del gobierno en la apertura del seminario de la CAF. Dijo que hay que reformular los planes sociales.
El secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, dijo que el gobierno controlará la calidad y cantidad de cada peso que el país pida prestado en el exterior.
En sintonía con el discurso de ayer del presidente Alberto Fernández en la Asamblea Legislativa, Béliz afirmó que habrá una unidad de seguimiento y revisión de la deuda pública. “Cada peso que se tome será evaluado en su calidad y en su cantidad”, expresó.
Béliz fue el orador inaugural del seminario de la CAF, banco de desarrollo de América Latina, que se desarrolló ayer en el Centro Cultural Kirchner.
En los últimos cinco años (2014-2018), la CAF aprobó operaciones para Argentina por U$S 4.696 millones, con un promedio de U$S 939 millones por año, equivalente al 8% del total aprobado en dicho período.
Luis Carranza, presidente de la CAF, dijo que la entidad empezó “en 1970 con cinco países andinos y cinco millones de dólares de capital. Medio siglo después después tenemos cerca de 13 mil millones de dolares de patrimonio, 42 mil millones de dólares de activos, de los cuales 27 mil millones están en créditos para infraestructura”.
“La Argentina se incorporó en 2001 como uno de los 19 países que tenemos y hoy es uno de los principales países en la cartera de préstamos con cerca del 14%. Es importante en estos momentos que pasa Argentina poder sentarnos a reflexionar sobre los retos que tenemos en la región para alcanzar el crecimiento y el desarrollo en los próximos años”, expresó.
Béliz está a cargo de la relación con la CAF, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Banco Mundial, que salieron de la órbita del Ministerio de Economía.
El BID, cuyo nuevo representante argentino es Guillermo Francos, tiene 54 préstamos otorgados por un total de U$S 9.206 millones y un saldo por desembolsar de U$S 3.874 millones, según su página web. El 61% de este monto está destinado a proyectos de transporte, energía, ciencia y tecnología y desarrollo rural; 28% para agua potable, saneamiento, educación, salud, desarrollo social y urbano; y el 11% restante para la modernización y gestión fiscal del Estado.
Béliz aspira a reemplazar como presidente del BID en octubre al colombiano Luis Alberto Moreno, aunque tiene competidores de otros países de la región. En principio, representará al país en la asamblea anual del organismo en Barranquilla, Colombia, a fines de este mes, si el evento no se suspende por el coronavirus.
En cambio, todos los nuevos proyectos del BID para el sector privado (del BID Invest, liderado por el argentino James Scriven) están frenados desde la imposición de los controles de capitales y de la virtual cesación de pagos de la deuda pública.
Por su parte, el Banco Mundial aprobó créditos para 23 proyectos por U$S 6.800 millones y una garantía (Foder/Renovar) por 730 millones. Resta desembolsar la mitad de ese monto por parte del banco que ahora tiene como representante argentina en Washington a la ex embajadora Cecilia Nahon.
Más allá del tema de la deuda, Béliz puso el acento en la necesidad de reformular el enfoque de los planes sociales y aumentar el nivel de digitalización en la economía, pública y privada.
En cuanto al tema de la asistencia social, afirmó que los planes con transferencias condicionadas que tan buenos resultados generaron en la región hasta hace unos años dejaron de funcionar en forma adecuada.
“Desde 2014, con los planes sociales, la pobreza aumentó en unos 40 millones de personas en América Latina, así que es el momento de pensar en otro modelo”, dijo Béliz, quien, antes de sumarse al gobierno, desarrolló una larga trayectoria en el Intal del BID.
Por otro lado, subrayó que la integración física de los bloques comerciales como el Mercosur debe ser complementada por la digital, en el contexto de la creciente importancia de los servicios dentro del crecimiento de los países.
Su discurso va en sintonía con la estrategia de muchos países, pero en contra de ciertas medidas adoptadas por el gobierno, como la suspensión de dos medidas establecidas antes del 10 de diciembre pasado: la ley de la Economía del Conocimiento (votada en forma unánime por el Congreso Nacional en 2019) y la inscripción digital de las sociedades.
“Se necesita un nuevo vínculo entre el Gobierno y el sector privado. Esto requiere pensar no solo en el hardware sino en el software de la integración. El elemento clave de la integración es tener una economía 4.0”, expresó.
También, indicó, “hay que repensar los esquemas de protección social que fueron muy potentes para reducir la inequidad, pero hoy no son suficientes. Entre otras cosas porque la pobreza aumentó en más de 40 millones de personas en la región desde 2014. En este sentido, no alcanza con la alfabetización, sino que hay que sumar la transferencia tecnológica”.
El funcionario sostuvo que otro eje que hay que atender es la distorsión de los paraísos fiscales sobre la inversión extranjera directa. “Lo dice el Fondo Monetario Internacional: el 38 por ciento está en estos paraísos”, sentenció.
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