Es hora de desarmar los cimientos patriarcales de la Justicia

Más de 50 femicidios en apenas dos meses pusieron en el centro del debate al Poder Judicial y su nula perspectiva de género. Atravesada por la lucha entre la oposición y el oficialismo, la reforma judicial debe revisar su estructura patriarcal. Expertas del tema plantean los puntos claves del debate.

El Poder Judicial está en la mira como nunca antes. Desde distintos ángulos, con cuestionamientos que llegan a todos sus niveles y fueros. Y la lucha de los movimientos feministas, que todo lo atraviesa, también incide aquí para exigir perspectiva de género en la casta judicial. 

El reclamo no es nuevo, pero se reavivó tras más de medio centenar de femicidios en lo que va del año que dejaron en evidencia falencias urgentes en un sistema donde muchas denuncias que podrían prevenir el peor desenlace caen en saco roto. ¿Qué implica hablar de reforma judicial feminista? ¿Es posible? ¿Por dónde empezar? ¿Sólo es pensable a largo plazo o pueden introducirse herramientas concretas y rápidas? Demasiadas preguntas y una sola certeza: así, no va más.

La lucha contra la violencia de género como política de Estado y una reforma judicial que incluya la perspectiva de género para evitar que los femicidios “se consuman sin que muchos jueces y fiscales hagan lo necesario para impedirlos” fueron parte del discurso del presidente Alberto Fernández en la inauguración del 139° período de sesiones legislativas ordinarias. “Algunos actores deben transformarse o irse del Poder Judicial si no incorporan la perspectiva de género”, dijo luego el ministro de Interior Eduardo “Wado” De Pedro. Mientras la reforma judicial es discutida y resistida desde el vamos, la meta de una transformación en clave feminista adquiere peso propio. Aunque no todas las miradas lo ven factible a mediano plazo.

“Pueden empezar por cumplir las leyes”

“La idea de reforma de justicia desde perspectiva feminista todavía es un concepto al que falta dotarlo de mayor contenido”, advierte Natalia Gherardi, directora del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA). “Hay que tener en cuenta los procesos de administración de justicia frente a las expresiones de violencia en diferentes fueros y eso lleva a un debate amplio y más complejo, que requiere mayor evidencia empírica sobre qué reformar y en qué sentido”, señaló que agregó que “por ahora hay muchas consignas y poca precisión. Es sumamente importante acercar la justicia en términos de servicio a la población. Es central para la democracia”.

Pero, ante la urgencia que implica un femicidio cada 23 horas en lo que va del año, sí hay medidas que se pueden tomar en lo inmediato. “Pueden empezar por cumplir las leyes, cada uno en su competencia. El Poder Judicial tiene hoy la obligación de juzgar y considerar las pruebas y acompañar a las víctimas desde una perspectiva de género", enfatiza Gherardi.  "Ya tiene la obligación de tomar en serio las denuncias, creer las palabras de las mujeres, hacer esfuerzos investigativos para lograr la prueba de los delitos que denuncian, dictar medidas de protección y preocuparse por su cumplimiento”, detalla.

“La incorporación de la perspectiva debe ser estructural. Este eje de trabajo no es una cosa que pueda ser voluntaria. Porque hay compromisos del Estado argentino al suscribir tratados internacionales”, coincide Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM).

De todos los proyectos de cambio en curso -el del Poder Ejecutivo de ampliación de cargos, el de reforma del Ministerio Público, la implementación general del sistema acusatorio- la abogada considera que “la herramienta más potente de transformación es la del sistema acusatorio, porque desarma un poco la concentración de funciones, trae oralidad y eso implica mayor transparencia y participación de las víctimas”. En la lógica actual, señala, “hay un lugar que fue asignado a las mujeres en los procesos de muy poca escucha (…) En un sistema acusatorio tiene un rol súper protagónico”.

Pensar en la perspectiva de género atravesando todo el sistema judicial, en todos sus niveles, implica también pensar -en el orden federal- “en las expresiones de violencia de género que no son violencia doméstica o sexual o femicidios, como las mujeres imputadas en delitos de narcotráfico. Con perspectiva de género, pueden ser víctimas de trata o explotación”.

“Atravesar los muros del Poder Judicial”

“Es muy difícil atravesar los muros del Poder Judicial. Cuando decimos que tenemos que cambiar el paradigma, la perspectiva de género viene a decir que la complejidad del fenómeno social, la violencia, tiene una multidimensionalidad y no puede ser interpretada si no es a partir de la interdisciplina”, resalta Mila Montaldo, coordinadora de la Comisión de Género de la Asociación Civil Justicia Legítima, que le presentó su proyecto de reforma al presidente, para transversalizar una mirada jurídica de género en la justicia federal, “descolonizar” el sistema de justicia y democratizarlo propiciando una composición igualitaria en paridad de género, cupo laboral trans, indígena y de personas con discapacidad.

Este abordaje de requiere, según Montaldo, de un “indicador único construido por un organismo que nuclee a los tres poderes, para dar una estadística cuantitativa y un insumo cualitativo para pensar políticas públicas, directamente relacionadas con las jurídicas”. Así grafica el problema: “Si elevo un oficio y digo que el dispositivo de asistencia de género de tal municipio tiene que darle asistencia a la mujer y darle un botón antipánico, pero si no tengo un hilo para ver si ese oficio llegó, si la mujer lo recibió, si no tengo un ida y vuelta sobre qué pasó con ese oficio y esa mujer, y qué medidas de protección se efectivizaron, caigo en el vacío”.

“Cuando las reformas se plantean como normativas, sin considerar qué prácticas hay que corregir, probablemente estemos en el mismo camino del fracaso porque el problema es estructural”, alerta Ileana Arduino, abogada especializada en violencia de género, directora del área de Feminismos y Justicia Penal del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP). “Las investigaciones muestran que lo que marca la diferencia para las personas que sufrieron episodios de violencia en el marco de la pareja es tener acompañamiento especializado, incluso operadores judiciales dicen que ven el proceso con una calidad mejor cuando las víctimas tienen ese acompañamiento. Pero en las estructuras del Ministerio Público y demás son marginales”, señala sobre una cuestión concreta a modificar. En la misma línea, trabajar sobre la identificación del riesgo, con evaluaciones específicas para saber cuál es el riesgo a evitar y cómo. “Si no hay un circuito claro de quién interviene, va a haber hermosos informes de fin de año pero poca capacidad de transformación”, añade.

Así resume Montaldo las dimensiones de la transformación que se necesita encarar: “Los femicidios son crónicas de una muerte anunciada y ese anunciamiento lo tiene el Estado, que no está pudiendo dar respuesta. De la evidencia de los últimos casos, estamos hablando de la desidia del sistema judicial y la fuerza policial, los más refractarios a incorporar perspectiva de género y cambiar el modelo fálico que tienen de instrumentación”.

La formación de género como requisito excluyente

“La reforma judicial en su lógica habla de administración de justicia y unificación de fueros, y consideramos que hay dos patas fundamentales aún más importantes: paridad de géneros y formación de postulantes”, plantea Melisa García, referente de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM). “Es un paradigma que hay que cambiar y la única manera es que haya formación cada vez más acorde para que no nos encontremos más ni con jueces ni con fiscales sin formación en género y termine pasando que muera una mujer cada 23 horas”, agrega.

Por eso, ABOFEM impugnó ante el Consejo de la Magistratura, el organismo que elige a los jueces de primera y segunda instancia, a 52 de los 138 secretarios, fiscales y abogados que se habían postulado a un concurso público, y tiene a otras postulaciones en la mira.

La formación, plantea García, es imprescindible para romper con prejuicios aún vigentes como la concepción de la “víctima estereotipada: una mujer desecha, que no puede rehacer su vida, sufriente, donde el Estado patriarcal tiene que venir a sacarla. Si rompe ese esquema, no es tan víctima. Como Thelma Fardín: rompe el esquema de la víctima que se espera que sea y se empieza a poner en tela de juicio su relato. La justicia busca esa víctima en sus preguntas. ¿Por qué estabas vestida de tal manera? Todavía está eso en las sentencias”.

Botón o tobillera

La impronta de cambio atraviesa al sistema judicial de punta a punta, desde la formación de los magistrados y magistradas hasta las medidas de protección más básicas que se definen en un juzgado. Como la asignación de botones antipánico. Así como hay casos en los que el recurso llega tarde -ocurrió con Úrsula Bahillo en Rojas-, se cuestiona además su efectividad y se propone que el monitoreo pase de la agredida al agresor, mediante tobilleras. Pero centrar el reclamo ahí también genera cuestionamientos.

“Las reformas que solo se dirigen a proponer ajustes cosméticos probablemente fracasen: en lugar de botón, tobillera. En principio es más eficiente, pero siempre estamos alrededor de una herramienta insuficiente”, advierte Ileana Arduino y señala que “si las víctimas no denuncian los incumplimientos el Estado no tiene idea, y muchas veces no se denuncian”.

“Entiendo la idea de generar algunas consignas pero cuando pienso que viene asociado a la promoción de tobilleras además de pulseras o las denuncias a jueces porque no controlaron medidas, estamos todo el tiempo en el plano de la intervención posterior, bastante demagógica”, remata y propone que no se confunda “importancia con aumento de pena”.