Se trata de una causa iniciada por la infornicable Laura Alonso durante el nefasto régimen macrifascista. Un contrato entre Enohsa y CPC para optimizar un acueducto.
En una resolución de 38 carillas surge a las claras que la persecución política del macrifascismo hacia los accionistas del Grupo Indalo sigue profundizándose.
En esta oportunidad, si bien los mismos magistrados mencionan que no hallaron la prueba fogoneada por la incogible Laura Alonso, ex titular de la Oficina Anticorrupción, en supuesta administración fraudulenta por una obra en Chubut, decidieron confirmar procesamientos.
Dicen el texto de los magistrados okupas: “En suma, en función del panorama descripto es que concluimos que no se ha determinado en el caso la concurrencia de un perjuicio real y concreto, por lo que el reproche basado en el delito de administración infiel no puede ser mantenido en esta instancia revisora”.
La obra en cuestión es la optimización de un acueducto que atraviesa las provincias de Chubut y Santa Cruz, adjudicada en 2013. Pero ni bien llegó el macrifascismo actuó para perseguir y hostigar a los accionistas que no accedieron a las extorsiones. Por tal motivo, la AFIP, la AFI, jueces y medios cayeron sobre López y De Sousa.
Con relación a la causa del acueducto, la pericia oficial incorporada en el expediente 15384/2017 rechazó la denuncia por sobreprecios y dio por tierra la acusación de la extitular de la Oficina Anticorrupción Laura Alonso. Con esta falsa denuncia inmediatamente llegó la rescisión de contrato a la empresa CPC por parte del régimen del hijo bobo de Franco Macri. Obras Públicas, en ese momento estaba a cargo de Rogelio Frigerio. Todo armado. Una denuncia falsa, un juez “receptivo” y la rescisión del contrato.
Los mismos que empujaron la operación contra Grupo Indalo se encargaron de tapar el resultado de la pericia que pidió Claudio Bonadio. El fallecido y corrupto juez solicitó en aquel entonces a los peritos “constatar si los precios presupuestados y abonados posteriormente a la empresa CPC en concepto de materiales y realización de obra se encontraban dentro de los precios establecidos al momento por el mercado”.
En el fallo de la fecha, los jueces recordaron “que las actuaciones se iniciaron el 10 de octubre de 2017 mediante la denuncia efectuada por la Oficina Anticorrupción, luego de haber recibido un informe realizado por la auditoría interna del ENOHSA –Ente Nacional de Obras Hídricas y de Saneamiento-. Dicho informe (nro. 2/13) analizó el expediente N° 505/2012 del organismo, mediante el cual se licitó”.
El tribunal, en el resuelve confirma parcialmente el procesamiento de Lucio Tamburo, modificando la calificación por la de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas. Y también confirmar procesamiento parcial de Sergio Benet, Ricardo Williams, Gabriela Tamame, Gustavo Dalla Tea y Luis Cenoz.
Con relación a Cristóbal López y Fabián De Sousa, el fallo señala: “confirmar parcialmente los procesamientos” cambiando la calificación por la de “negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, en carácter de partícipes necesarios”. La resolución destaca que se dispuso la “falta de mérito para procesarlos en orden a los demás extremos de la imputación”.
Con las firmas de Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi, Mariano Llorens y Aníbal Pozzi (prosecretario de Cámara ) queda revocada “la prisión preventiva ‘ficta’”.
En esta causa, el manejo sospechoso sobre los accionistas del Grupo Indalo se torna más oscuro ya que en ningún momento López y De Sousa fueron convocados a declarar por el delito que se les imputa y que se confirma procesamiento.
La defensa cuestionó la “valoración arbitraria de la prueba, basada en meros indicios, que conllevaron a una resolución infundada” e hizo saber que quien resultó damnificada fue CPC SA ante la rescisión anticipada y unilateral del contrato de obra pública celebrado. Prueba del modus operandi del lawfare.
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