Medio centenar de personas se reunieron a las 8.30 en Azara y Jovellanos, donde sonó la sirena en homenaje a sus seres queridos, al cumplirse el séptimo aniversario del incendio.
Familiares y amigos de víctimas del incendio del depósito de Iron Mountain, que causó la muerte de ocho bomberos y dos agentes de Defensa Civil el 5 de febrero de 2014, realizaron ayer a la mañana un acto íntimo que incluyó un toque de sirenas en el lugar de la tragedia, en el barrio porteño de Barracas, en el que pidieron "verdad y justicia".
Medio centenar de personas se reunieron a las 8.30 en Azara y Jovellanos, donde sonó la sirena en homenaje a sus seres queridos, al cumplirse el séptimo aniversario del incendio.
Sandra Baricola, hermana de Pedro, un trabajador de Defensa Civil que murió tras ser aplastado por la frágil pared del depósito, dijo que "es doloroso y emotivo" atravesar un nuevo aniversario, al concluir el minuto de silencio realizado tras el toque de sirenas.
"Por suerte nos acompaña mucha gente; está el señor (Gabriel) Fuks (secretario de Articulación Federal de la Seguridad del Ministerio de Seguridad) y (José María) Lubertino; solo queremos justicia y verdad y que el juez haga el trabajo que no hizo hasta ahora", añadió.
La presencia del secretario Gabriel Fuks en el homenaje fue la demostración de "una empatía y acompañamiento de los familiares de las víctimas” por parte del gobierno de Alberto Fernández, según dijo el propio funcionario. Esto es algo que “no sucedió en la etapa anterior, donde la falta de empatía también implicó tratar de que el tema desaparezca de la agenda", añadió.
En este nuevo aniversario, los familiares esperan un nuevo pronunciamiento de la justicia que determine quiénes fueron los responsables y si se trató de un hecho intencional, luego de que el pasado 29 de diciembre la Cámara Nacional en lo Criminal anulara los procesamientos de doce exfuncionarios del Gobierno porteño -a cargo de Mauricio Macri en 2014- y cinco directivos de Iron Mountain y solicitara al juez Pablo Ormechea dictar una nueva resolución.
En ese fallo, la Cámara aclaró que no se expedía sobre la responsabilidad de los imputados sino sobre los "defectos" de la instrucción del sumario y sostuvo que los procesamientos ordenados en febrero de 2018 habían sido dispuestos luego de una "grotesca" y "deficiente investigación".
En la mañana del 5 de febrero de 2014 se produjo un incendio en el depósito de la firma Iron Mountain, ubicado en la calle Azara 1245, cuya propagación provocó que la estructura metálica (columnas y cabriadas) que sostenía el techo comenzara a ceder ante la alta temperatura y derrumbara la pared de la calle Jovellanos a la que se encontraba empotrada.
Como consecuencia de ello, fallecieron el comisario inspector Leonardo Day, la subinspectora Anahí Garnica, los cabos Carlos Veliz, Eduardo Adrián Conesa y Maximiliano Martínez, el agente Juan Matías Monticelli (del Cuartel I de Bomberos de la Policía Federal), los bomberos voluntarios Sebastián Ezequiel Campos y Facundo Ricardo Ambrosi (cuartel Vuelta de Rocha) y Pedro Esteban Barícola y José Méndez Araujo, de Defensa Civil.
El estado de la causa
El 29 de diciembre del año pasado la Cámara Nacional en lo Criminal anuló los procesamientos de 12 ex funcionarios del régimen porteño entonces a cargo de Miauricio Macri Blanco Villegas, y cinco directivos de Iron Mountain.
Gabriel Fuks opinó que la Justicia debería citar a Macri y Rodríguez Larreta, jefe y vicejefe de gobierno por esos días. "En estos momentos hay un cambio de paradigma, hay cierto avance en la investigación por las responsabilidades administrativas, y tendrían que ser citados”, dijo (ver nota aparte en esta misma edición).
En el hecho también está vinculado el ex candidato presidencial y ex carapintada Juan José Gómez Centurión, quien por entonces tenía a su cargo la Agencia de Control de la Ciudad. “Cuando Gómez Centurión fue citado a declarar en la Legislatura, primero le echó la culpa a las víctimas y también dijo que se había perdido el expediente de habilitación del depósito, que nunca apareció", recordó el funcionario nacional.
En la investigación hay tres líneas de trabajo, dijo: “Lo que nos corresponde a nosotros, que es el seguimiento de responsabilidades administrativas; una segunda línea que es averiguar quién y por qué generó el incendio; y por último si quien quemó se basó en la preexistencia de condiciones que ese depósito ofrecía".
Por su parte, el abogado querellante en la causa, Javier Moral, sostuvo que se está ante un "momento crucial" en el proceso debido a que la Cámara del Crimen ordenó al juez de instrucción Pablo Ormaechea que "vuelva a hacer el fallo y describa las funciones de funcionarios, directivos de la empresa y el vigilador" que se encuentran procesados.
"Si bien los había procesado, no estaban descriptas las funciones que debían tener funcionarios, los directivos, ni el vigilador quien 27 veces anuló la alarma temprana" de incendio, explicó durante una entrevista radial.
El abogado señaló que Iron Mountain tiene "antecedentes en el mundo de cinco o seis incendios similares que, 'oh casualidad’, comienzan como un problema eléctrico, lo que se conoce en la jerga como incendio a pedido".
Además, recordó que existe "una causa paralela que investiga además el lavado de dinero cuya documentación se encontraría alojada en el depósito".
"Lo mismo sociedades que tienen relación con lo que sería Socma en Perú donde hay una investigación sobre licitación pública de manejo de la basura en Lima", papeles que "sospechosamente guardaba esa empresa", agregó.
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