El hombre está acusado de haber drogado y abusado sexualmente de una joven de 18 años durante una entrevista laboral.
Irineo Humberto Garzón Martínez, el comerciante acusado de haber drogado y abusado de una joven venezolana de 18 años en su local del barrio porteño de Balvanera, negó ayer los cargos ante la Justicia, acusó a la denunciante de mentirosa y dijo que tuvieron relaciones consentidas, informaron fuentes judiciales y su propio defensor.
La ampliación de la declaración indagatoria, que había sido pedida por la defensa del propio imputado, fue realizada este lunes a la mañana a través de una videoconferencia vía Zoom de la que participaron la jueza Karina Mariana Zucconi, la fiscal Silvana Russi y sus abogados.
“Brindó una declaración indagatoria esperable para cualquier imputado que se defiende y no declara bajo juramento de decir verdad. Reconoció el encuentro y que eso derivo en una relación sexual consentida”, dijo una fuente judicial que participa de la investigación.
Se trata de la primera versión que el comerciante peruano brindó ante la Justicia, ya que en su primera indagatoria, se había negado a declarar.
El propio defensor de Garzón Martínez, el abogado Osvaldo Cantoro, contó al mediodía al canal A24 algunos detalles de la declaración de su cliente y dijo que la versión de la víctima “es todo mentira”.
“Ella tuvo una relación sexual consentida con mi cliente. Le pidió plata por una relación. Ella se le ofreció sexualmente. Primero le pidió 4.000 pesos, después 5.000", afirmó el abogado.
Cantoro aseguró que la mujer se quedó después de la entrevista de trabajo porque “quería convencerlo para tener una relación sexual con él por dinero" y también acusó a la denunciante de haber “fingido” su salida supuestamente drogada del local.
La declaración de acusado causó indignación en los familiares y allegados a la víctima que ayer se manifestaron en la puerta del Palacio de Tribuales para pedir justicia. Allí, Thays, la madre de la víctima, le pidió a la jueza Zucconi que detenga al imputado.
"Que haga lo que corresponde que es encarcelar a este violador. Las pruebas las tienes Karina, entonces haz tu trabajo por favor”, le dijo Thays a la magistrada.
En tanto un consejero de la Magistratura de la Nación, Diego Marías, presentó este lunes ante el órgano una denuncia por "mal desempeño" contra la jueza Zucconi, al señalar que la magistrada demostró un "desprecio de circunstancias objetivas" que "tornaban inviable" la libertad del comerciante acusado de violar a la joven venezolana.
Voceros judiciales indicaron que Zucconi ya delegó la instrucción del expediente en la fiscal Russi, quien ya solicitó y puso en marcha una serie de medidas, entre ellas, que la propia víctima y su madre declaren mañana en la sede de su fiscalía, la Criminal y Correccional 41.
Además, el jueves será la audiencia oral ante la Sala I de la Cámara del Crimen, donde el fiscal de cámara Ricardo Sáenz, mantendrá y defenderá la apelación que hicieron Russi y la fiscal Mariela Labozzetta, titular de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a la excarcelación otorgada por la jueza Zucconi para el imputado.
El abogado querellante Pablo Baqué, quien representa a la víctima, también anticipó que en los próximos días acercarán a la fiscalía el testimonio de otras dos posibles víctimas que denunciarán al comerciante peruano por situaciones similares a las relatadas por la venezolana.
Garzón Martínez fue procesado por la jueza Zucconi por "abuso sexual agravado con acceso carnal", pero mantuvo la libertad del imputado porque, según su criterio, no existían razones que permitieran presumir de manera fundada que va a intentar eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación.
Además, la jueza consideró que el hecho de que no tuviera antecedentes penales y se hubiera identificado de manera correcta conformaba un escenario propicio para mantener su libertad, fijándole algunas reglas de conducta.
Este es el fallo que fue apelado por las fiscales Russi y Labozzetta, y que ahora deberán revisar los camaristas para ver si el acusado continúa en libertad o si ordenan su detención.
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