El nefasto régimen fascista de Miauricio Macri Blanco Villegas desfinanció el proyecto, y luego rescindió el contrato de la constructora CPC S.A., del Grupo Indalo. Al momento de la finalización del convenio, Vialidad acumulaba con la empresa una deuda de aproximadamente $ 710 millones.
Como parte de la persecución política desatada contra el Grupo Indalo durante el régimen macrifascista, en mayo de 2018 la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), al mando de Javier Iguacel, con el respaldo del entonces ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, rescindió el contrato de la empresa constructora CPC S.A. para la obra de renovación y ampliación de la Ruta Nacional Nº 3.
Si bien la versión oficial indicaba que la finalización del contrato obedecía a incumplimientos de la constructora, fue en realidad el propio Estado Nacional el que desfinanció el proyecto y lo condujo hacia su fracaso, en la “guerra” desatada contra Cristóbal López y Fabián De Sousa.
Para tomar dimensión de la persecución contra el Grupo Indalo vale realizar un repaso sobre las circunstancias que rodearon la rescisión del contrato, a todas luces una decisión política, que no contempló en nada los factores exógenos que complicaron la ejecución de la obra, y la deuda que propio Estado mantenía con CPC S.A..
Allá por septiembre de 2016 la constructora CPC S.A. tomó a su cargo de las obras de ampliación y reforma de la Ruta 3. El contrato, que había pertenecido antes la firma Austral Construcciones, fue adjudicado a la empresa de Cristóbal López y Fabián De Sousa por haber presentado la oferta más competitiva en el contexto del proceso de su relicitación.
Cuando CPC tomó las riendas de la obra, se hizo manifiesto que el proyecto constructivo con el que se la había licitado no respondía a sus necesidades técnicas, porque no reflejaba ninguno los trabajos habían sido realizados por el anterior contratista. Mientras el proyecto correspondía a una obra a ser construida desde cero, la obra de la Ruta 3 estaba empezada y existían trabajos ya ejecutados que no habían sido contemplados por DNV al relicitarla, ni figuraban en ningún registro.
Ante este escenario, la empresa debió suplir esa inconsistencia adaptando por sus medios y con recursos propios el proyecto ejecutivo, lo que insumió los meses subsiguientes hasta mediados de 2017.
Casi inmediatamente después, durante los meses de febrero y marzo 2017, la zona de Comodoro Rivadavia y sus alrededores, donde debía emplazarse un tramo principal de la obra, fue azotada por un temporal de lluvias absolutamente atípico para la región. Los niveles de las precipitaciones registradas excedieron cualquier marca histórica. Esto obligó a detener la actividad, ante el anegamiento de los distintos tramos donde debían realizarse los trabajos. La constructora, mientras tanto, abocó su personal y sus recursos a auxiliar a los municipios afectados por aquel temporal.
Inmediatamente después del paso del temporal comenzó la veda invernal de 2017, durante la cual no es posible realizar tareas que impliquen la elaboración de mezclas asfálticas por las bajas temperaturas, siendo estas tareas las más importantes para la realización de la obra.
En definitiva, la necesidad de replantear el proyecto constructivo, la incidencia del temporal de lluvias en Comodoro Rivadavia y alrededores y el comienzo de la veda invernal, determinaron que los ritmos de ejecución de la obra no pudieran cumplirse, pero en ningún caso, claro está, por responsabilidad de CPC. Sin ir más lejos, la empresa, con fundamento en esas incidencias, solicitó una ampliación de los plazos iniciales para ejecutar las tareas a su cargo.
Para ese entonces, sin embargo, la cúpula de la DNV, encabezada por Iguacel y alineada ya definitivamente con el plan del Ejecutivo nacional orientado a desmantelar al Grupo Indalo y a perseguir a sus dueños Cristóbal López y Fabián De Sousa, resolvió ignorar el conjunto de circunstancias que habían impedido el avance de la obra y aplicó a CPC multas millonarias por presuntos “incumplimientos de las curvas de inversión”, deduciendo el importe de esas multas de lo que la empresa debía cobrar por los trabajos ejecutados.
Ese fue el primer paso hacia el objetivo final de desfinanciar el proyecto, en miras a poder atribuir su falta de avance a la responsabilidad de la empresa contratista.
A todo esto, el procedimiento seguido para sancionar a CPC S.A. violó una práctica aceptada en los contratos de obra, según la cual jamás se hace efectiva la aplicación una multa a un contratista que mantiene en trámite pedido de ampliación de plazo, hasta que dicho pedido no hubiese sido resuelto, sea a favor o en contra. Los recursos que CPC interpuso contra las multas, por otra parte, ni siquiera recibieron tratamiento.
Deuda millonaria del Estado
Durante el año 2017, mientras el gobierno de Mauricio Macri multaba a CPC S.A. por los presuntos incumplimientos de plazo en los que no tenía responsabilidad, la DNV acumulaba con la empresa una deuda de aproximadamente $ 710 millones, tanto por la obra de la Ruta 3 como por otras obras en curso.
Ante esta circunstancia, CPC S.A. presentó un reclamo formal al jefe de Gabinete de la Nación de ese momento, Marcos Peña Braun, y otro al propio Javier Iguacel, titular de la DNV, intimando al pago de aquella deuda y denunciando que su falta de cancelación obedecía a una maniobra de desviación de poder, contraria al interés público y orientada a la satisfacción de propósitos privados.
Así, mediante la aplicación de las referidas multas arbitrarias, la acumulación de deuda por obra ejecutada y la falta de aprobación del justificado pedido de ampliación del plazo de obra, la DNV concretaba su intención de quebrar definitivamente le ecuación económica del contrato de la Ruta 3, privando a CPC S.A. de recursos económicos para ejecutarlo. El impacto del daño patrimonial causado fue tal que la empresa terminó concursándose un tiempo después.
Paralelamente, al provocarse el detenimiento de los trabajos de obra, se lograba el objetivo, también buscado, de que CPC S.A. fuera públicamente señalada como empresa incumplidora, valiéndose de los medios afines al macrismo. Fuentes de la empresa explicaron que eso le valió conflictos sindicales que la obligaron a retirar de la zona de la obra a su personal, en miras a preservar su integridad. No logró hacer lo mismo con sus instalaciones, equipamientos y materiales, la mayoría de los cuales fueron en alguna medida vandalizados y destruidos, agudizando las pérdidas económicas.
Llegados los hechos a ese punto irreversible de desborde, y casi de manera sarcástica, la DNV intimó a la empresa a fines de abril de 2018 a que retomara la obra en 5 días, con pleno conocimiento de que esa meta era irrealizable por el despliegue de recursos que la obra implicaba, pero a su vez poniendo torpemente en evidencia su finalidad oculta de cumplir con formalidades y constituir antecedentes para precipitar una medida rupturista tomada desde hacía mucho tiempo atrás.
El corolario esperable de todo ello fue la a rescisión del contrato, decretada en mayo de 2018 con la misma arbitrariedad que las decisiones que la precedieron.
La resolución que dispuso finalizar el vínculo con CPC S.A. imputándole culpa en el cumplimiento de sus deberes, de pobrísima fundamentación y llamativamente breve desarrollo (suponiendo que una determinación de la administración de esa envergadura debería tener las características de una sentencia judicial) menciona, simplemente, el incumplimiento de los plazos de ejecución originales (desde el principio, imposibles de cumplir), el supuesto abandono de la obra (que en realidad fue dispuesto por la empresa para preservar la integridad de su personal) y la acumulación de multas (improcedentes, y que además habían sido impugnadas mediante planteos que nunca se resolvieron). En su marco no fueron tomados en cuenta, aunque más no fuera para desecharlos o rebatirlos, la totalidad de los múltiples, sucesivos y justificados pedidos y reclamos orientados a que se concedieran mayores plazos de ejecución, por las causas que habían obligado a aplazar el avance obra, a que se regularizara la deuda pendiente y a que se dejaran sin efecto las multas indebidamente impuestas.
En este punto, vale aclara que la DNV no adoptó una decisión similar para ninguno de los muchos otros contratos con otras empresas que registraban atrasos de ejecución similares a los de la Ruta 3.
Los recursos presentados por la constructora contra la rescisión también fueron desoídos, aunque los titulares de la administración de Macri Blanco Villegas que debían desestimarlos con carácter definitivo para dejar firme la decisión original, advirtiendo las severos irregularidades del proceso, esquivaron hasta el final de su gestión la orden que les había sido impartida de rechazarlos.
La paralización por tiempo indefinido de las obras constructivas de la Ruta 3, constituye así otro hito sombrío de la gestión macrifascista en materia de obras públicas, signada por la inacción, la falta de asignación de recursos y la conducción arbitraria y discrecional de los proyectos.
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