Hubo dos presentaciones judiciales, una de Gregorio Dalbón y otra de la diputadas Gabriela Estévez.
La diputada nacional del Frente de Todos Gabriela Estévez presentó ayer una denuncia penal contra el periodista y ex precandidato del Partido Libertario de Córdoba, Eduardo Miguel Prestofelippo, a raíz de un tuit en el que el acusado amenazó de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.
En el escrito judicial, la legisladora pide que se investigue lo ocurrido bajo la figura penal de “amenazas, instigación pública a cometer delitos o suscitar tumultos o desórdenes, apología del delito y violencia contra la mujer”.
En el posteo, que ahora es materia de investigación judicial y que fue presentado ante la fiscalía de turno de la ciudad de Córdoba, Prestofelippo subió una imagen de Cristina Fernández de Kirchner acompañada del siguiente texto: “Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera - junto con tus crías políticas - en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO”.
La amenaza ocurrió durante la sesión del Senado de este jueves, mientras la vicepresidenta, en su carácter de titular de la Cámara alta, encabezaba el debate del proyecto reforma judicial.
La denuncia manifiesta que “el tenor de los dichos de Prestofelippo, en su condición de 'influencer', tiene la entidad suficiente para instigar, impulsar y/o determinar a cualquier habitante del suelo argentino a cometer lo propuesto por el denunciado”.
“Este tipo de manifestaciones públicas contienen expresiones de odio incompatibles con la convivencia democrática, y conducen a individuos anónimos a sostener que los modos de resolución de las disputas políticas son a través de la violencia física, hasta la eliminación del adversario político”, sostuvo Gabriela Estévez.
Siguiendo esta línea, la legisladora agregó que “este hecho no puede ser dejado de lado, ya que en nuestra historia reciente ha sido una práctica común en la Dictadura Cívico Militar, en los que se llegó a la desaparición del adversario político. Por esta razón, en este país, desde 1983, se decidió que el modo de resolución de las diferencias políticas es por la vía institucional y democrática. Nunca más por la muerte de nuestros adversarios”.
En la formulación de la denuncia, Estévez señaló que “Prestofelippo no puede ampararse en la libertad de expresión para justificar la amenaza de muerte de la vicepresidenta de la Nación, ni para contradecir el orden constitucional de recambios políticos”.
Además, solicitó que la justicia federal revise si la conducta de Pretofelippo vulnera algún derecho protegido por la ley 26.485 de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Gregorio Dalbón: “Todo tiene un límite”
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El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, afirmó ayer que “todo tiene un límite” y que sufrirá “consecuencias” judiciales el responsable de la amenaza.
“Todo tiene un límite y esto va a tener sus consecuencias. No puede ser gratis que te amenacen y lo hagan con tus hijos porque hablaron de tus críos políticos”, expresó Dalbón, quien previamente había adelantado por Twitter la presentación de una denuncia en el área de ciberdelitos del Ministerio Público Fiscal.
A su vez, señaló que “no es la primera vez que esta persona amenaza a Cristina” y reflexionó que en la Argentina “no pueden no tener consecuencias estos hechos, ni debemos naturalizar la violencia, no sólo contra ella sino contra nadie”.
Por este motivo, instó a que cualquier argentino que sufra “una situación parecida haga la denuncia pertinente tan solo con elevar una captura de pantalla de la amenaza para que los especialistas investiguen de dónde provino y actúen en consecuencia”.
Dalbón también agregó que la amenaza de Prestofelippo es de “extrema gravedad” independientemente de que “Cristina es una persona que no le da entidad a nada que tenga que ver con insultos y amenazas”.
“Sin embargo, como esta amenaza iba a la vida, y como pusieron a sus ‘críos políticos’, y esas cuestiones, yo personalmente entendí que no podía pasar, y elevé el tema para que se investigue”, concluyó el letrado tras sostener que se trató de “una cobardía absoluta”.
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