Se debe a ciertas cláusulas de los bonos emitidos en 2016, durante la presidencia de Macri. Pero el detalle legal no afectará la propuesta económica-financiera destinada a los fondos de inversión para cerrar un acuerdo y evitar juicios en los Tribunales de Manhattan.
Anoche, el ministerio de Economía dio a conocer un comunicado informando las condiciones básicas de la oferta a los bonistas que hoy se publicará en el Boletín Oficial. La demora fue explicada en la cercanía de Martín Guzmán debido a una cláusula de los contratos de los bonos 2016 que establece que el plazo de negociación debe tener un máximo de 30 días, y por lo tanto el cierre temprano del diálogo entre el gobierno y los bonistas será el próximo 6 de agosto.
Pero como Alberto Fernández y Guzmán quieren ratificar su “buena fe” en la negociación con los acreedores privados, en la propuesta que se publicará este lunes habrá dos fechas de cierre: el 6 de agosto para no violar la norma de los bonos 2016 y una segunda fecha que se extenderá hasta el 31 de agosto.
De esta manera, el Gobierno ratifica su estrategia negociadora con dos plazos de diálogo con los bonistas. Uno que respeta el indenture 2016 y otro, puesto de forma deliberada, para lograr en el tiempo las adhesiones necesarias para evitar demandas judiciales.
Una conversación telefónica entre Alberto Fernández y Martín Guzmán sirvió el sábado para ultimar los detalles de la oferta a los bonistas que finalmente se publicará en el Boletín Oficial con la firma del presidente, el ministro de Economía y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.
La propuesta de reestructuración de 66.000 millones de dólares establece un equilibrio entre las aspiraciones de los fondos de inversión y la decisión política del Gobierno de evitar un default. “Es lo que podemos ofrecer. Ni un peso más”, explicó Alberto Fernández.
El jefez de Estado y Guzmán ofrecen una iniciativa de reestructuración que aún no tiene los porcentajes de adhesión necesarios entre los acreedores privados para bloquear la posibilidad de una demanda por incumplimiento en los tribunales de Manhattan.
En este sentido, el presidente y su ministro mantuvieron antes de ayer una conversación telefónica para ajustar la estrategia que permita cumplir con los porcentajes previstos en las Cláusulas de Acción Colectivas (CAC´s) que establecen los bonos emitidos durante las administraciones de Néstor Kirchner y Miauricio Macri Blanco Villegas.
Si Alberto Fernández y Guzmán no logran un 75 por ciento de las adhesiones en los bonos Kirchner y un 66 por ciento de adhesiones en los bonos Macri Blanco Villegas, la reestructuración de la deuda fracasó y Argentina va sin escalas a un nuevo juicio por default.
“Una clave de la negociación es el tiempo”, explica el ministro de Economía a su staff. Y por eso el sábado, junto al presidente, se decidió que el lapso de negociación de la deuda se extenderá del 24 de julio hasta el 31 de agosto.
En Estados Unidos y Europa iniciaron las vacaciones de verano, un circunstancia inevitable que sumada a la crisis de la pandemia complica la negociación con los bonistas que aún dudan de adherir a la propuesta que hoy se publicará en el Boletín Oficial. Si todavía no están los votos para cumplir con las CAC's, al gobierno no le quedó otra alternativa que extender por seis semanas la ventana de negociación.
En términos financieros, la propuesta oficial se acercó con holgura a las aspiraciones y pretensiones de los acreedores privados. Fue una decisión política que asumió Alberto Fernández para lograr consenso entre los fondos de inversión y avanzar un paso más hacia un programa económico que sea respaldado por los países centrales y los organismos multilaterales de crédito.
Esa meditada decisión presidencial chocó inesperadamente con BlackRock y su poderoso CEO Larry Fink, que tiene acceso ilimitado al Departamento del Tesoro, al Departamento de Estado, al Fondo Monetario Internacional (FMI), a la Unión Europea (UE) y a la Casa Blanca. Si Alberto Fernández y Guzmán no logran un acuerdo con BlackRock y Fink, la posible reestructuración corre peligro.
Fernández y Guzman aún no terminan de entender por qué BlackRock combate la propuesta de Argentina sobre la deuda externa. Asumen que hay un problema de ego con un portfolio manager -que detesta a Guzmán-, pero a continuación añaden que abrieron otras líneas de comunicación con Fink -a través de Andrés Manuel López Obrador y Miguel Galuccio- y que sirvieron de muy poco para encarrilar las conversaciones.
Ante la reticencia de BlackRock, que influye en las acciones de los grupos de acreedores Ad Hoc y Exchange, Alberto Fernández y Guzmán diseñaron un táctica con final incierto: pretenden romper a esos bloques de bonistas, explicar que se puede encontrar un punto de consenso sin “vencedores ni vencidos” y cerrar un deal beneficioso para ambas partes.
Desde esta perspectiva, el jefe de Estado y su ministro de Economía pueden demostrar que acercaron posiciones para lograr un acuerdo de reestructuración. La oferta que se publicará hoy tiene tres cláusulas que favorecen a los aliados de BlackRock y Fink:
1. Reconoce los derechos de los fondos con bonos canjeados en 2005 y 2010.
2. Pagará los intereses devengados hasta el 31 de agosto de 2020, a los bonistas que adhieran a la última oferta que se registrará mañana en la SEC. En la primera oferta oficial, este beneficio económico no estaba previsto.
3. Abonará los cupones desde el 1 de septiembre de 2021, cuando en la oferta original se había establecido el 15 de noviembre de 2023.
La predisposición del gobierno a cerrar un deal con los acreedores privados también implicó cruzar los límites de las recomendaciones del FMI sobre la sostenibilidad de la deuda externa de la Argentina. Kristalina Georgieva, tras dos contactos telefónicos con Alberto Fernández y Guzmán, ordenó la redacción de un informe al staff del FMI que recomendara que el acuerdo con los fondos no debía establecer un Valor Presente Neto (VPN) de los bonos por encima de 49.90 dólares.
El ministro de Economía explicó al mandatario -hace dos semanas- que se debía aumentar el VPN sobre los bonos, si se pretendía llegar a un acuerdo con los acreedores privados para evitar un juicio por default. Alberto Fernández estuvo de acuerdo con la recomendación de Guzmán y, a partir de ese momento, en el Palacio de Hacienda se trabajó en un nuevo Valor Presente Neto (VPN) que permita sumar adhesiones a la propuesta oficial.
Guzmán comentó sobre la decisión de elevar el VPN a las autoridades del FMI, y sin reclamos a la vista, ordenó a su staff que se pusieran a modelizar una nueva ecuación para acercar posiciones con los fondos de inversión. De ese trabajo técnico, ejecutado en los últimos 15 días, se llegó a las siguientes cláusulas que se publicaran hoy en el Boletín Oficial:
1. El Valor Presente Neto (VPN) estará cerca del 53.4 dólares por cada lámina de cien dólares. Y en el caso de los bonos Exchange, superará los 57 dólares por cada lámina de 100 dólares.
2. Se establece el concepto de Minimun Participation: si no se llega al 60 por ciento de las CAC´s no se firma el canje y todo se vuelve a negociar.
3. La quita de capital, que era promedio del 5 por ciento, ahora será de cero para los bonos Exchange y del 3 por ciento para el resto de los títulos soberanos.
La oferta oficial de la Argentina se registrará este lunes en la SEC, y habrá un plazo de negociación que se extenderá hasta el 31 de agosto. Alberto Fernández y Guzmán tienen expectativa de cerrar un acuerdo con los acreedores privados. Reconocen que será complicado con los bonos M -se necesita el 66 por ciento de las CAC´s) y muy complicado con los bonos K (establecen el 75 por ciento de las CAC´s).
“Ahora vamos a la cancha. Se acabaron las especulaciones”, opinó el presidente en Olivos y agregó que "hicimos todo para acordar y evitar el default”.
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