La cúpula de la AFI macrifascista ya está siendo investigada por espionaje ilegal a políticos oficialistas y opositores, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre otros.
El fiscal federal Ramiro González imputó a los ex jefes de la AFI durante la gestión Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani, por la presunta venta irregular y a precio irrisorio de armamento a funcionarios y agentes en actividad. La cúpula de la AFI macrifascista ya está siendo investigada por espionaje ilegal a políticos oficialistas y opositores, dirigentes sociales, periodistas y empresarios, entre otros. En este caso, se trata de una causa iniciada a partir de una denuncia de la actual interventora de la AFI, Cristina Caamaño.
Lo que se detectó es que la AFI hizo una venta ilegal de 296 armas propias de distinto calibre entre sus espías y funcionarios a precios “irrisorios”, a alrededor de un 20 por ciento de su valor real, y con mínimos requisitos.
La sospecha de Caamaño es que la venta de armas en forma irregular se utilizó para hacer caja. “La puesta en venta del armamento de fuego no se encuentra dentro de las competencias y, menos aún, dentro de las facultades de la Dirección General, independientemente de que se encuentren en desuso”, dice la presentación judicial realizada por la interventora. El escrito lleva como principales acusados al ex titular de la AFI Gustavo Arribas y a su segunda, Silvia Majdalani, e incluye a Miauricio Macri Blanco Villegas, como “responsable de fijar los lineamientos estratégicos y objetivos generales de la política de inteligencia nacional”.
La denuncia explica que Arribas dictó dos resoluciones que habilitaron esta suerte de mercado de armas en la AFI: una en 2017, que declaraba el armamento en condiciones de “rezago, por no resultar económicamente rentable ni factible su recuperación” y, en función de eso, autorizaba su venta “a los agentes pertenecientes a la Agencia que posean credencial de legítimo usuario”.
El procedimiento de venta que aprobaba consistía en el descuento del valor establecido a través del pago de haberes. Pero Caamaño denunció que el informe de Arribas no mostraba que se tratara de “armamento de rezago sino que se lo clasifica como material en desuso”, lo que implica que no se trataba de “residuos” sino que tenía cualidades para seguir siendo utilizado. Estaban “aptas para el disparo y utilización”.
El área de Seguridad del organismo cotizó el valor de mercado en dólares de las armas y lo contrapuso con los precios a los que fueron vendidas, que rondan el 20 por ciento: las pistolas FM Browning 9 mm cuestan 200 dólares cada una pero fueron vendidas a 3900 pesos por unidad; la escopeta Beretta calibre 12/70 y las pistolas Smith/Wesson 9mm cotizan a 300 dólares cada una y fueron vendidas a 5800 pesos; las pistolas Beretta 9 mm, las Glock 17 y 19 de 9 mm, los revolver Ruger 357 y los Colt Trooper 357, cuestan unos 400 dólares cada uno pero las Beretta se vendieron a 7700 pesos y el resto a 7900. Los Ruger y Colt, al parecer, eran de colección: tenían una leyenda que decía “200 años de libertad de América”.
“Permitir la compra de armamento de fuego apto para su uso a todos los agentes del organismo, sin el debido control de la autoridad estatal correspondiente en la materia, constituye per se una manifiesta violación a los deberes de funcionario público y un abuso de autoridad en los términos del artículo 248 del Código Penal”.
La tasación tampoco respetó el reglamento de Bienes del Estado y por eso el planteo señala el delito de administración fraudulenta. Las armas tienen un régimen propio y, además, la venta de cualquier bien del Estado debe pasar por una tasación y salir la venta por una subasta en un banco público, explicaron en la AFI.
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