Con datos consolidados que marcan una mejora sanitaria, el gobierno planifica una cuarentena de varios meses y busca los medios para solventar el gasto que implicará el esfuerzo. El impuesto a los más ricos ya tiene los votos en el Congreso.
Pasó otra semana más en la que el esfuerzo de todos los argentinos logró someter la curva. Durante los siete días previos al cierre de esta nota, entre el sábado 11 y el viernes 17 de abril, se confirmaron 784 nuevos casos de coronavirus, contra 621 acumulados en los siete días inmediatamente anteriores. Esa suba está lejos de los valores exponenciales que manifiesta la pandemia cuando se sale de control.
El número de fallecidos también mostró un aumento leve: 47 contra 40 de la semana pasada. A medida que crece la cantidad de pacientes testeados, disminuye la positividad, que ya se encuentra, en promedio, en un 10,2 por ciento, el valor recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Hasta ayer, 685 personas Covid-19 positivas habían sido dadas de alta. De las que siguen internadas, solamente 127 requieren una cama en terapia intensiva.
Sin embargo, un paseo somero por los canales de televisión y los principales portales del país podrían dejar la impresión equivocada. No pasa día sin que algún editorialista o un experto a sueldo decrete el final, de facto, de la cuarentena, mientras una cámara, fija en una transitada esquina porteña o conurbana, muestra el tránsito de personas y vehículos por la zona. Está lleno de gente. Qué barbaridad.
Para desazón de los artesanos del sentido común, existen datos que muestran otra realidad, muy diferente a la que ellos proyectan. Si bien es cierto que la circulación en la ciudad de Buenos Aires y el conurbano aumentó esta última semana entre un 15 y un 30 por ciento, según la fuente que se consulte, el caudal de movimiento sigue estando entre un tercio y la mitad del habitual. La cuarentena se cumple y da resultado.
Lo curioso (o no) es que los mismos que pasan la mitad de sus programas lamentando la cantidad de personas que circulan por la calle, dedican la otra mitad a hacer lobby para aligerar las restricciones económicas. No entienden que una cosa tiene todo que ver con la otra. A más actividades permitidas, mayor circulación. No es difícil de entender, excepto que hayan comprado su propio relato y crean que es posible generar riqueza sin trabajadores.
Todo ese pase de manos se construye sobre el error o el engaño de presentar la crisis económica como una consecuencia de la cuarentena, es decir, como una decisión gubernamental o, en el mejor de los casos estatal, en lugar de dar cuenta de que ambas, la debacle económica y el aislamiento social, siguen a una misma causa, la pandemia, cuya existencia no depende de la voluntad de ningún funcionario.
En los Estados Unidos, Donald Trump es un ferviente defensor de esa teoría equivocada. Mientras el virus hace estragos en todo el país, el viernes el patético presidente yanqui llegó al punto de hacer un llamamiento para que sus seguidores se rebelasen en tres estados donde gobiernan opositores y hay cuarentenas en curso. Horas antes hubo protestas donde hombres y mujeres armados desafiaron la orden de quedarse en casa.
Los esfuerzos de Trump para mantener a flote la economía, aún a costa de, hasta ahora, casi 40 mil muertes, no dan resultado. Desde que comenzó la crisis, hace cuatro semanas, hubo más de 22 millones de inscripciones al seguro de desempleo. El número equivale al total de puestos laborales que se crearon desde el final de la recesión de 2009 hasta ahora. En un mes se perdió una década de trabajo. No es la cuarentena, es la pandemia.
En Argentina, esos números también meten miedo. Las estadísticas de actividad económica de marzo, un mes en el que las restricciones fueron parciales, son peores que las de 2002. Las de abril serán aún más lapidarias. Resultará necesaria una intervención firme del Estado para reducir daños. Es de esperar que a esta altura el gobierno haya entendido que no puede depender de intermediarios poco fiables para hacer llegar esa ayuda.
La semana pasada hubo un cambio de pantalla. El presidente Alberto Fernández dejó de pensar en una cuarentena corta, que podía resolverse en pocas semanas, para planificar una secuencia más larga, de varios meses hasta volver a algo similar a la normalidad. Con el escenario sanitario, por ahora, bajo control, llegó el momento de repensar las estrategias económicas, en especial, aunque no solamente, las que no están funcionando.
Ya se hicieron anuncios en ese sentido. La decisión de que el Estado se haga cargo de parte de los sueldos de abril de los trabajadores privados, por ejemplo, responde a esa lógica. Esta semana se conocerán más detalles del plan, que también prevé traer soluciones a sectores que aún no fueron alcanzados por la batería de medidas desplegada, como los autónomos o los monotributistas de categorías medias y altas.
Por otro lado, ya es prácticamente un hecho el pago de una segunda vuelta del Ingreso Familiar de Emergencia de 10 mil pesos. El anuncio se hará después de evaluar los efectos que tuvo este mes y de implementar las mejoras que se consideren necesarias. Existe en ciertos funcionarios la idea de que siga más allá mayo y se convierta en la primera piedra de un camino que lleve a alguna forma de renta universal, pero es un proyecto aún prematuro.
La pregunta vuelve a ser la misma de siempre: cómo financiar ese gasto sostenido a lo largo de varios meses. Tiene varias respuestas, no necesariamente excluyentes. La emisión es una. En el gabinete económico no todo son coincidencias, pero existe un acuerdo amplio de que no hay riesgo de una hiperinflación, a pesar de los augurios de algunos economistas que incumplen el aislamiento obligatorio para asistir a estudios de televisión.
La segunda comenzó a responderse el jueves pasado, en la quinta de Olivos, cuando el ministro de Economía, Martín Guzmán, presentó la oferta que hizo a los acreedores privados de deuda externa. Por acuerdo o por falta de acuerdo, los dólares que hasta ahora se dedicaban al pago de vencimientos están siendo redireccionados a paliar la crisis. Por ahora, se usan principalmente para la adquisición de insumos en el mercado internacional.
En los próximos días ingresará finalmente al Congreso una serie de iniciativas en materia tributaria, entre las que sobresale un impuesto extraordinario a las fortunas más importantes del país. El proyecto ya cuenta con el visto bueno del presidente, un amplio apoyo social y los votos suficientes para ser aprobado en ambas cámaras, no obstante lo cual hay quienes insisten en llamarlo “polémico” y decir que “reabrirá la vieja fractura entre los argentinos”.
De los casi 50 millones de personas que viven en este país, este gravamen alcanzaría a solamente los 12 mil más ricos. La cuenta es sencilla: da algo así como el 0,025 por ciento de la población. El tributo impulsado por diputados del Frente de Todos podría recaudar, entre ellos, hasta cuatro mil millones de dólares, que equivalen a cinco meses de IFE para ocho millones de familias. No hay demasiadas excusas para no hacerlo.
El proyecto cuenta, incluso, con el apoyo de un sector de legisladores de la oposición, que se ilusionan con introducir algunos cambios en el texto y negociar unos puntos más de coparticipación de los recursos que se obtengan. El pragmatismo es una virtud más habitual en aquellos diputados y senadores que responden a un gobernador o intendente. Otros, con terminales más difusas, ya avisaron que están dispuestos a inmolarse en defensa del 0,025.
La pandemia extremó las divisiones en el arco opositor, que ya podían verse desde antes sin ayuda de un microscopio. Marcos Peña Braun y su enjambre de portavoces digitales, reales o de los otros, dejaron en claro esta semana lo que opinan del trabajo de Horacio Rodríguez Larrata. Nada agradable. Cuestión de fondo: el cisma entre los que gestionan vs. los que comentan puso en entredicho el liderazgo de Miauricio Macri Blanco Villegas.
La última barrera de resistencia al impuesto es el Poder Judicial, que ya puso en marcha su maquinaria de entorpecer. La Corte Suprema suspendió el jueves una sesión que (por videoconferencia), en la que debía tratarse una declaración de certeza contra eventuales reclamos de inconstitucionalidad ante una ley aprobada en un Congreso que sesione a través de videoconferencia.
El responsable de la suspensión fue el clarinista Carlos Rosenkrantz, que antes de ser presidente de la Corte Suprema fue abogado de unos cuantos de los 12 mil que deberían pagar el impuesto extraordinario. Su maniobra sólo le sirvió para ganar unas horas. Luego tuvo que dar curso al requerimiento. La declaración será resuelta la semana entrante, aunque es probable que no clarifique el asunto de fondo y la pelota vuelva a quedar en manos del Congreso.
En el gobierno confían en que, entre una cosa y otra, la ley podría ser aprobada a partir de la segunda quincena de mayo. Para entonces, la enfermedad estará acercándose a su pico, que incluso en los pronósticos más optimistas, será complicado. En la Casa Rosada esperan que, en esas circunstancias, a quienes quieren frenar la iniciativa les resulte más difícil encontrar jueces dispuestos a hacerlo.
Fuente: nota de Nicolás Lantos para El Destape web
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