El abogado defensor de la vicepresidenta afirmó además que la acusación tenía "certificado de defunción" y por ello se falseó prueba y se introdujo el supuesto plan "limpiar todo" en base a llamados de otro acusado, José López. Además, cuestionó la "doble vara" de la fiscalía respecto a las visitas recibidas por distintas presidencias.
El abogado de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, Carlos Beraldi, advirtió ayer que la fiscalía hizo un "intento desesperado" por sostener una acusación que tiene "certificado de defunción" al tiempo que afirmó además que la Presidencia de la Nación no tiene entre sus competencias el control de la obra pública provincial.
En su segundo día de alegato ante el Tribunal Oral Federal 2 en la llamada causa Vialidad, el defensor de la ex jefa de Estado sostuvo que el llamado operativo "limpiar todo" postulado por la fiscalía en su acusación "no existió".
Con este tema comenzó la exposición pasadas las 9 y luego se abordaron las supuestas irregularidades con la adjudicación de obra pública en Santa Cruz, tramo en el cual el defensor remarcó que la expresidenta no tenía "competencia" para ejercer controles porque Argentina es un país "federal" y se trata de un tema de jurisdicción provincial.
Sobre el bautizado operativo "limpiar todo" por parte de los patéticos, impresentables, serviles y corruptos fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, Beraldi lo atribuyó a un "intento desesperado" para mantener la acusación que tiene "certificado de defunción", para lo cual se falseó prueba y se introdujo una "acusación calumniosa" en base al peritaje del teléfono celular del ex secretario de Obra Pública José López
La vicepresidenta "no aparece directamente en ningún mensaje; no hay ningún mensaje que surja de la doctora Fernández a ninguna de estas personas", sostuvo Beraldi
El defensor se refirió a mensajes y llamados del teléfono celular del exsecretario de Obras Públicas surgidos de una pericia hecha en otra causa penal, la que se le siguió por enriquecimiento ilícito y que el Tribunal Oral Federal 2 aceptó incorporar como prueba al debate por supuestos delitos con la obra pública nacional en Santa Cruz.
Los fiscales hicieron "un intento desesperado de tratar de darle una nueva vida a la acusación de asociación ilícita que había recibido una partida de defunción en el desarrollo de este juicio", analizó Beraldi sobre este plan que la fiscalía presentó como "limpiar todo" en su alegato final.
En base a estos mensajes de López, "más de 26.000" de los cuales los fiscales "usaron cuatro o cinco" se construyó, advirtió Beraldi, una nueva acusación en el alegato que no había sido incluida en el requerimiento de elevación a juicio ni durante los casi tres años de debate.
"Se trata de esa supuesta intención directa por parte de Cristina Fernández de Kirchner de llevar a cabo un proceso en el cual se borran las pruebas de lo que había ocurrido, se ordena que se le dieran a (Lázaro) Báez mayores recursos financieros", enumeró sobre esa acusación fiscal.
Esto "iba a vehiculizarse con resoluciones administrativas que aumentaban partidas y sobre esa base permitir, vamos a decirlo sin eufemismos, que se robara toda esa plata".
El letrado remarcó que la ex presidenta no apareció como autora ni receptora de ningún mensaje o llamada y sólo hubo referencias de terceros como "voy a ir a ver a la señora".
"El punto más cercano es un mensaje del secretario de Obra Pública con un secretario privado de la señora Cristina Fernández de Kirchner dando a entender una reunión. Por supuesto que tener una reunión de un secretario de Estado con un presidente es algo rutinario", evaluó
Además, desmintió una supuesta reunión de la ex mandataria con Lázaro Báez el 30 de noviembre de 2015, a la que hizo referencia la fiscalía en su alegato.
Beraldi sostuvo que esto fue “falso” y que ese día en la hora en la cual se la ubicó con Báez estuvo en Rio Negro en un acto oficial, cuyo video exhibió en la audiencia.
"No existe ninguna posibilidad de vincular eso a la competencia de ningún Presidente, basta ver la estructura del Estado y la distancia que existe entre la Presidencia de la Nación y los hechos por los cuales se pretende atribuirle responsabilidad penal", advirtió el abogado y agregó que en términos jurídicos "no existe ninguna posibilidad de vincularlo".
Como en otros tramos del alegato exhibió a través de la plataforma Zoom en la audiencia virtual, partes de declaraciones de testigos y también de la indagatoria de la vicepresidenta, quien, en ese sentido, declaró en el juicio que "hay estamentos".
"Yo no designo al Administrador de Vialidad provincial, este es un país federal. De qué estamos hablando?", se preguntó en ese momento.
La defensa exhibió también parte de la declaración como testigo del presidente Alberto Fernández, ex jefe de Gabinete. "Esas obras las licitan las provincias, todo es muy lejano al Presidente, son cuestiones ya casi provinciales", declaró.
El viernes, el turno de Cristina
Cristina Fernández de Kichner, hablará el próximo viernes en el juicio por la obra pública en la última audiencia de alegatos de su defensa que comenzó ayer y continuó hoy. Al cierre de la audiencia de ayer, el abogado Alberto Beraldi le anunció al Tribunal Oral Federal 2 que la vicepresidenta actuará como abogada en causa propia. La audiencia comenzará a las 9:30 horas y será por videoconferencia. “El viernes la doctora va a tomar parte de la exposición del alegato”, señaló Beraldi ante los jueces.
La ex mandataria será su propia abogada en base a lo que establece el Código Procesal Penal de la Nación, explicó Beraldi. El artículo 104 establece que “el imputado tendrá derecho a hacerse defender por abogado de la matrícula de su confianza o por el defensor oficial; podrá también defenderse personalmente siempre que ello no perjudique la eficacia de la defensa y no obste a la normal sustanciación del proceso”. Es lo que se conoce como abogado en causa propia.
El Código también establece que puede haber dos abogados. Por eso, para la audiencia del viernes lo serán Beraldi y la vicepresidenta. Para eso caso no estará Ary Llernovoy, también defensor de la vicepresidenta en la causa.
Lo que hará Cristina tiene un antecedente. El del también ex presidente Fernando de la Rúa, quien fue su propio abogado, junto con otros profesionales, en el juicio oral por las coimas en el Senado en el que fue sobreseído. De la Rúa no solo habló en sus alegatos sino que participó de la mayoría de las audiencias del juicio y fue quien interrogó a su ex vicepresidente Carlos “Chacho” Alvarez cuando declaró como testigo.
CFK había pedido declarar en el juicio después que los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola concluyeron sus alegatos en los que pidieron que sea condenada a 12 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por considerarla jefa de una asociación ilícita y por administración fraudulenta.
Pero los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso rechazaron su pedido. Explicaron que el Código no contempla la ampliación de la indagatoria una vez que se ingresó a la etapa de alegatos y que la vicepresidenta podrá hablar cuando sean las últimas palabras antes del veredicto. Tras ese rechazó, la vicepresidenta hizo al día siguiente una exposición por sus redes sociales.
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