La Policía Federal en la mira tras el intento de magnicidio: ¿desidia, errores o graves irregularidades?

La custodia de la vicepresidenta, el celular de Sabag Montiel y la detención de Brenda Uliarte bajo la lupa.

La Policía Federal quedó en la mira tras la orden de abrir un tercer sumario a raíz de su defectuosa intervención en todo lo que rodeó al ataque contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y la investigación posterior.

Ya hubo un primer sumario interno por la pérdida del contenido de una de las pruebas clave, el celular de Fernando Sabag Montiel. Un segundo sumario se tuvo que poner en marcha por las deficiencias en la seguridad de CFK ante el ataque. 

Y ahora, se dispuso una nueva investigación interna porque, cuando la jueza María Eugenia Capuchetti ordenó la detención de Brenda Uliarte, para ubicarla, se puso en marcha una escucha directa de su celular, que debía concretarse en un box de la Policía Federal: el personal requerido tardó tres horas en llegar a su puesto.

Eso motivó que la oficina de escuchas de la Corte Suprema terminara informándole al secretario de Capuchetti que Uliarte se estaba moviendo y en camino a Retiro. Después de una primera búsqueda en la terminal de micros, el propio secretario de la jueza, Federico Clerc, descubrió que en realidad Brenda se había subido a un tren y no a un micro. Esa formación fue después detenida en la estación Palermo. El Ministerio de Seguridad, a cargo de Aníbal Fernández, monitorea los tres sumarios internos que evidencian demasiados errores o irregularidades.

Domingo caliente

Como se sabe, en la imagen del atentado contra Cristina sólo apareció Sabag Montiel, inmediatamente reducido por los militantes que rodeaban a la vicepresidenta y entregado a los efectivos de la Policía Federal que estaban en el lugar. Tres días más tarde, el domingo 4 de septiembre, Capuchetti ordenó la detención de quien convivía con Sabag, Brenda Uliarte. Hoy se sabe que la chica estaba obsesionada con matar a CFK. Ese fin de semana, a la joven la tenían localizada en Barracas, en donde vivían Gabriel Carrizo y otro integrante del grupo, Sergio Orozco. La magistrada ordenó una escucha directa, es decir que a Uliarte se la tenga ubicada en forma permanente.

En general, las escuchas las realiza la Dajudeco, la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos, que depende de la Corte Suprema. Pero en casos de urgencia, como los secuestros u operaciones de narcotráfico, el seguimiento lo hace una fuerza de seguridad. Para eso, la Federal tiene habilitados varios boxes en el Departamento Central y la Dajudeco le transfiere el seguimiento. Es que en esos casos, lo mejor es que las escuchas estén en manos de la Policía Federal, la Gendarmería, la Prefectura o la Policía de Seguridad Aeroportuaria porque son los que van a actuar de manera inmediata.

A esa hora del domingo ya existía una orden de detención contra Uliarte firmada por Capuchetti. Y nadie se hacía presente en los boxes de la Federal, según cuentan en el juzgado y confirmaron en el Ministerio de Seguridad. Argumentaron que los encargados estaban en camino, algo inadmisible dada la urgencia.

Pero lo grave es que desde la Dajudeco precisaron que Brenda se estaba moviendo -por lo que se veía de la localización del celular- y abandonó el domicilio de la calle Montes de Oca, en Barracas. Volvieron a comunicarse con la Federal, pero tampoco hubo respuesta. Tardaron tres horas en que alguien llegara a los boxes de escucha directa, una demora intolerable teniendo en cuenta que los tiempos en secuestros y operativos de narcotráfico se cuentan en minutos y a veces hasta en segundos. Y lo mismo en una causa gravísima en la que se investiga la tentativa de homicidio contra la vicepresidenta.

Detención de Brenda Uliarte

Según el relato, las cosas terminaron en hechos de gravedad. Sin respuesta de la Federal, la Dajudeco -a cargo de Tomás Rodríguez Ponte- le informó de la situación al juzgado y le advirtieron que Brenda estaba camino a Retiro. Eso implicaba la posibilidad de una huida y la desaparición de una imputada fundamental.

Aparentemente eso motivó que el secretario de Capuchetti, un joven de 23 años, Federico Clerc, tomara la decisión de ir a la terminal de micros acompañado apenas por la custodia del propio juzgado. Según cuentan, la escena fue triste: el secretario y uno o dos efectivos buscando a la chica por los andenes de los que salían los micros. Para la desesperación del grupito, la chica no apareció por ningún lado.

Sin embargo, por lo que relatan, Clerc se dio cuenta que podía no ser la terminal de micros sino la estación de trenes, dado que los celulares se vinculan con la misma antena. Por lo tanto, el exiguo grupo se movió al Ferrocarril San Martin, con la hipótesis de que tal vez Brenda se dirigía a San Miguel, donde residía según el informe del Registro Nacional de las Personas. Cuando llegaron al andén, la formación ya había partido. Por lo tanto, Clerc cursó una orden a la Policía Federal de que frenara el tren para concretar la detención. Eso lo lograron en la estación Palermo.

Aparentemente, en el expediente judicial hay un apartado dedicado a estos hechos y a los otros dos que están relacionados con la Policía Federal. Pero, además, dentro de la fuerza se abrió un sumario, que sería el tercero referido a supuestas fallas o irregularidades en la investigación de la tentativa de magnicidio.

El celular de Sabag Montiel

Como es sabido, pe produjo la pérdida de la parte sustancial de una prueba de máxima importancia: el contenido del celular de Fernando Sabag Montiel. Se recuperaron algunas fotos, pero no mucho más. La prueba está en que hoy el juzgado dispone de 180 páginas de chats del otro detenido, Gabriel Carrizo, y casi nada de Sabag.

En la misma noche del jueves 1º de septiembre, Capuchetti recibió el Samsung que Sabag llevaba en el bolsillo de su campera. Para no perder tiempo y chequear si el sujeto tenía cómplices y si podría haber alguien más armado en las inmediaciones del departamento de Cristina, la magistrada convocó a su despacho a los técnicos de la Federal. Los especialistas aplicaron, a través de un pequeño aparato, el software llamado UFED, que implica un ingreso masivo al celular para determinar la contraseña y desencriptarlo. Los técnicos no pudieron y el teléfono se guardó en un sobre, sin cerrar, en la caja fuerte del juzgado.

Al día siguiente, también sin cerrar y sin un documento de custodia, el celular se envió a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) que le dijo a la jueza que tenía una versión más moderna del software. Pero ni bien llegó el aparato, la PSA elaboró un acta señalando que no se hacía responsable de un aparato que venía prendido, en modo avión, en un sobre abierto.

En el juzgado argumentaron que eso fue enviado así porque, acompañando el celular, iba un secretario y la custodia de la jueza. Lo cierto es que el funcionario judicial se había bajado por el camino y el Samsung llegó en manos de la cabo Santillán, custodia de Capuchetti. Cuando el celular se conectó al software UFED, en la pantalla se vio un mensaje indicando que el contenido ya no existía porque el aparato se reseteó automáticamente a como vino de fábrica. Se concretó un gravísimo daño para la investigación, al punto que hoy se dice que la información sólo podría recuperarse en Estados Unidos.

La jueza le ordenó a la Gendarmería la realización de una pericia para saber qué ocurrió, mientras que en la Federal se abrió un primer sumario interno para evaluar responsabilidades.

La custodia de Cristina

En el marco de la investigación por el intento de homicidio, quedó en claro que hubo graves deficiencias en la seguridad de la vicepresidenta. Algunos ponen el acento en la custodia, porque no reaccionó ante la tentativa de magnicidio e incluso Cristina siguió firmando libros varios minutos después. Otros mencionan a una segunda línea que debía estar mirando a todos lo que acercaban, con disposición a intervenir si alguien hacía lo que hizo Sabag, sacar una pistola o un cuchillo. La críticas mencionan que incluso la custodia no tenía intercomunicación, las llamadas cucarachas en los oídos, algo que se ve hasta en los actos que se realizan por los atentados contra la AMIA y la Embajada de Israel.

Y finalmente están los que hacen referencia a que se le peleó la competencia a la Policía de la Ciudad sobre quién era responsable de la seguridad de CFK y, por disposición del juez Roberto Gallardo quedó en claro que era la Policía Federal. Pero toda la respuesta fue colocar tres o cuatro patrulleros y unos pocos efectivos en los alrededores de Uruguay y Juncal. No una verdadera seguridad. En ese marco, los críticos se preguntan: ¿nadie se dio cuenta que era incoherente la presencia de vendedores de copos de nieve en un lugar en el que no había niños?

Cristina por su parte admitió ante Capuchetti que es “díscola” en materia de seguridad, tratando de quitarle responsabilidad a la custodia. Dos semanas después, hay quien dice que ya no piensa lo mismo.

Sea como fuere, también el juzgado incluyó esas cuestiones en el expediente y la Policía Federal abrió un segundo sumario interno. No está claro el orden de estas investigaciones, pero a dos días del atentado, ya estaban los sumarios por el reseteado del celular y las deficiencias en la seguridad de Cristina.

Tercer sumario interno

Lo que se supo ahora es que existe esta tercera investigación en la causa judicial y también en la Policía Federal. Aquel domingo, en Comodoro Py decían que eran inminente la detención de Brenda Uliarte y que no había ningún problema porque estaba localizada.

Cuando la jueza firmó la orden, pasaba el tiempo y la detención no se concretaba. Lo que sucedía es lo que ahora se conoce: Brenda se empezó a mover, no había nadie de la Federal para hacer la escucha directa, los efectivos se demoraron tres horas y terminó interviniendo, para lograr la detención, un secretario del juzgado de 23 años.

Por Irina Hauser y Raúl Kollmann para Página/12