El ex intendente macrifascista de Pilar fue embargado por 100 millones de pesos y no podrá salir del país.
El panorama judicial de Nicolás Ducoté está cada vez más complicado. La Justicia federal acaba de procesarlo en una causa por serias sospechas de corrupción con fondos nacionales. Además, fue embargado por 100 millones de pesos y le prohibió salir del país.
La decisión fue tomada por el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien acusa al ex intendente de Pilar y a otros ex funcionarios de su gestión de "administración infiel en perjuicio de la administración pública".
Ducoté había sido indagado por presuntas maniobras de corrupción en la utilización de fondos nacionales para obras públicas en su distrito, en tres hechos conocidos como "Peruzzotti", "Monterrey" y "Microcreditos".
Además de Ducoté (considerado el principal responsable), fueron procesados su ex jefe de gabinete, Juan Pablo Martignone; su ex secretario de Obras Públicas, Guillermo Iglesias -esposo de la diputada nacional Marcela Campagnoli-; el ex director general de Calles y Red Vial, Osvaldo Caccaviello; y la ex subsecretaria de Obras Públicas, Sandra Sosa.
También fueron procesados directivos de firmas que habrían sido parte de las maniobras. En cambio, el juez le dictó la falta de mérito a los ex funcionarios nacionales que habían sido indagados.
En el hecho conocido como "Peruzzotti" se investiga la falta de instalación de una planta de tratamiento cloacal, financiada mediante un convenio con Nación por un total de $ 15 millones. La empresa adjudicataria, Tordel, subcontrató a otra empresa para realizar los trabajos por $ 2 millones, cuando el presupuesto era de más de 7 millones.
En tanto, "Monterrey" tiene muchas similitudes con la anterior, por irregularidades en la ejecución de obras menores en la localidad de Derqui, financiadas por Nación, pero en este caso por $ 145 millones.
El tercer hecho es conocido como "Microcréditos" y en este caso se investiga el supuesto desvío de fondos nacionales destinados a créditos blandos de hasta $ 24.000 para familias de bajos recursos. Se estima que se entregaron al menos 8.000 beneficios y la Justicia investiga por qué no llegaron a sus destinatarios.
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