La Procuración abrió una investigación por el material bélico enviado por el régimen macrifascista a los golpistas de Bolivia

La apertura de la investigación realizó de oficio, ayer por la mañana, el fiscal general adjunto, Gabriel González Da Silva.

Gabriel González Da Silva, fiscal general adjunto

Sin duda sorprendió la velocidad para actuar y de oficio. Resulta que durante ayer a la mañana, la Unidad Fiscal Especializada en la Investigación de Ilícitos relacionados con Armas de Fuego, que depende de la Procuración General, abrió una investigación sobre la entrega de "material bélico de agentes químicos" por parte del régimen de Miauricio Macri Blanco Villegas a los golpistas de Bolivia. 

En ese sentido, el fiscal general adjunto, Gabriel González Da Silva inició lo que se conoce como "una investigación preliminar" y remitió una serie de pedidos de informes para determinar si hubo alguna comisión de delito. De todas formas, esta iniciativa no le impide al Gobierno nacional realizar su propia denuncia.

El requerimiento se envió a Presidencia, Jefatura de Gabinete y a los ministerios de Defensa, al de Seguridad e incluso a la Gendarmería, desde donde salieron los efectivos que estuvieron en La Paz los días inmediatamente posteriores al golpe de Estado contra Evo Morales y que transportaron los pertrechos que el entonces comandante de la Fuerza Áerea de Bolivia agradeció a través de una nota enviada al embajador argentino de esos días, Normando Álvarez García, actual ministro de Trabajo de la provincia de Jujuy.

Entre las notas remitidas por el fiscal adjunto también hay una dirigida a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMAC), donde se le pide que brinde detalles del material bélico denunciado y si debía estar registrado. Lo que busca la investigación judicial es saber si este material se donó o se vendió. Por caso, Ecuador había enviado, para la misma fecha que fueron los gendarmes argentinos a Bolivia, un material similar pero su condición era de préstamo. También lo que el fiscal dice buscar es si todo esos pertrechos bélicos fueron y regresaron sin uso o, si se utilizó en Bolivia que digan quiénes los usaron, en qué situación y, sobre todo, si quedó algo de ese material en La Paz.

La investigación preliminar que llevará adelante González Da Silva tiene un plazo de dos meses con la posibilidad de una prórroga de 30 días más. En ese tiempo debe determinar si se cometió algún delito y determinar quiénes pueden ser los responsables de éstos.

La veloz reacción de González Da Silva, que responde al procurador interino Eduardo Casal -de muy buenos vínculos con el macrifascismo- generó alguna duda sobre la verdadera intención de esta investigación preliminar que bien puede ser tener la posibilidad de conocer de primera mano el avance de la investigación.

En tanto, ya se evalúa cuál puede ser la figura delictual que pueda corresponder. En los mentideros políticos se habla de la figura del partícipe necesario que le cabría al hijo bobo de Franco Macri en la sedición y posterior golpe de estado en Bolivia. 

Antes de yer, el canciller de ese país Gerardo Mayto consideró que la represión y las muertes producidas por la dictadura están siendo investigadas en la justicia como delitos de lesa humanidad. Si este es el tipo de crimen que se investiga, entonces están los que sostienen que podría regir el principio de jurisdicción internacional y eventualmente juzgar a Macri Blanco Villegas en la Argentina. El otro delito que también puede investigarse es el de tráfico ilegal de armas.