La abogada relató que la renegociación del contrato de los peajes les llegó redactada por los abogados del grupo Abertis en un pen drive.
La investigación por el escándalo de la renegociación de los peajes durante el macrifascismo salpica espesamente al presidente del Real Madrid y dueño de Abertis, Florentino Pérez. El mandamás del club merengue es un viejo amigo de Miauricio Macri Blanco Villegas por la sociedad entre la constructora española y las empresas de la familia del ex presidente.
El hijo bobo de Franco Macri y Florentino tienen una larga relación de amistad, solventada primero por los negocios de la constructora española con Socma en los '90 para la construcción de las autopistas y luego cuando coincidieron como presidentes de Boca y el Real Madrid.
La vinculación de Florentino Pérez con este entramado quedó muy expuesta en un testimonio clave en la causa que hasta ayer llevó adelante el juez Rodolfo Canicoba Corral, a partir de hoy reemplazado por Julián Ercolini. Se trata de la declaración testimonial de la abogada Julieta Lucila Ripoli, ex directora de Asuntos Jurídicos de Vialidad Nacional.
Ripoli era una funcionaria de carrera de Vialidad que empezó a ser bloqueada en sus funciones desde la llegada del procesado Javier Iguacel a Vialidad y, con él, el desembarco de decenas de funcionarios políticos. Muchos de ellos vinculados a las empresas Socma, Iecsa, Sideco Americana, Ausol y Abertis, según denunció ante el juez. Finalmente, la abogada fue echada de su cargo por marcar las irregularidades de la gestión macrifascista.
En su declaración ante Canicoba Corral (que fue una de las pruebas clave para el procesamiento de los ex funcionarios del régimen de la alianza de derecha Cambiemos), Ripoli dio detalles muy concretos sobre lo difusos que estaban los roles de los funcionarios nacionales (varios con pasado laboral en las firmas) con los empresarios que buscaban la prórroga de la concesión de los peajes de las autopistas Norte y Oeste.
Contó que compartió algunas de esas reuniones con Ricardo Stoddart (como titular político del área de jurídicos de Vialidad, algunas veces reemplazado por Leandro Fernandez) y Andres Martin Barberis, director de autopistas argentinas en Abertis y presidente ejecutivo de Ausol y GCO. El empresario estaba acompañado por dos abogados del estudio Marval O'Farrell Mairal, Enrique Veramendi y Jorge Muratorio.
La ex funcionaria dice que los representantes de las empresas llegaron con los contratos ya listos a la reunión. "Enrique Veramendi, como abogado de Ausol, fue quien habría redactado ambos acuerdos integrales de renegociación, y era quien en dichas reuniones, me otorgaba el Pen drive con el proyecto de la reformulación contractual, que traía del estudio y me dictaba lo que debía tipearse", declaró en la causa.
"Si bien estas reuniones eran para debatir las condiciones del acuerdo, lo cierto es que así se llevaban a cabo y mi Superior, que era Stoddart o Fernández cuando lo reemplazaba, consentía esta modalidad", recordó Ripoli, que además aseguró que Stoddart había sido socio en el estudio jurídico de los representantes de las empresas. No se excusó de participar de la renegociación.
También comentó que en una de las reuniones Abertis envió a un representante desde España para cerrar el acuerdo. Esta persona, que no fue identificada pero sería cercana a Florentino, se vio sorprendida cuando Stoddart habló de repartirse "la torta", según la declaración de la ex funcionaria.
En las reuniones "el Estado estaba completamente acéfalo", afirmó Ripoli, que agregó que Stoddart no le permitía poner objeciones y hasta la intimidaba. Y recordó una anécdota de hasta donde el Estado le cedió a los empresarios, que no paraban de solicitar ventajas.
"Estaba por finalizar una de las reuniones y mientras nos parábamos todos, el abogado de Ausol dice, algo así como ‘...ay lo que me olvidé de poner ahí es lo de las barreras, que lo podemos agregar ahora', haciendo referencia a la garantía prevista en el contrato original de levantamiento de las barreras cuando las demoras del tránsito superaran los cinco minutos. Como son habituales los embotellamientos ello suponía una pérdida económica para la concesionaria. Ese derecho que tenían los usuarios a no pagar el peaje cuando el tránsito de la autopista no era fluido le fue así revocado. Creo que ese mismo día, también, el mismo abogado dijo algo así como ‘y también podemos sacar lo de los subsidios a los discapacitados", eso para mí ya fue demasiado y sin pensarlo, me paré y dije que no", relató Ripoli, quien después de ese episodio fue desplazada de su cargo.
Un dato extra de esta trama es que de parte de Abertis la renegociación fue comandada por el ahora CEO de Abertis Chile, donde la compañía también está empezando a enfrentar reclamos por incumplimientos en los contratos.
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