El presidente definió ayer a la tarde en Olivos la reforma judicial que enviará al Senado

Alberto Fernández analizó los últimos detalles de la iniciativa que apunta a modificar ciertas estructuras jurídicas de los tribunales junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra.

Alberto Fernández y la ministra de Justicia, Marcela Losardo, en Olivos

Luego de que su presentación se retrasara por algunos días, el Gobierno enviará finalmente este lunes al Congreso el proyecto de reforma judicial que Alberto Fernández prometió en marzo ante la Asamblea Legislativa. 

Durante la tarde de ayer, el presidente estubo en contacto con la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra, para definir los últimos detalles.

La reforma, que fue cuidadosamente diseñada y redactada por Losardo, Ibarra y el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz, fue revisada en los últimos días por Cristina Fernández de Kirchner junto al Procurador del Tesoro, Carlos Zannini y el secretario de Justicia, Juan Martín Mena. La revisión final fue ayer en la quinta de Olivos.

El proyecto, sin embargo, en virtud de los matices que surgieron en cada revisión, será lo que se conoce cómo una reforma “corta” y tendrá mayor impacto en la Justicia Federal, donde se investigan tanto casos de corrupción que involucran a funcionarios del Poder Ejecutivo, como también causas de trata de personas y narcotráfico, entre otros delitos. De esta forma, el proyecto implicará la multiplicación de los 12 juzgados de Inodoro Py que, mediante una fusión con el fuero Penal Económico, dejarían de existir tal como se los conoce y pasarían ser 46, en lo que se constituirá como un nuevo “fuero Penal Federal”.

La semana pasada, Alberto Fernández eligió ya a nueve notables juristas que integrarán un Consejo de Asesores, presidido por Carlos Beraldi, y analizarán, entre otras cuestiones, la ampliación de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura, el Ministerio Público Fiscal, el recurso extraordinario y el juicio por jurados.

Otro de los puntos álgidos del proyecto que ingresará al Congreso a través del Senado es el que definirá cómo deberán ser los concursos para elegir magistrados y jueces que, entre otras cosas, determinará que todas las causas en tratamiento permanezcan en sus juzgados originales. Es decir que ninguna causa que ya esté en manos de un juzgado en particular pueda ser movida a otro.

Este punto le servirá de argumento al Gobierno para descartar una de las principales críticas de la oposición a la reforma, que es la de intentar “poner” jueces afines que influyan en las causas de alto impacto político. “Por ahora son rumores de cosas que no están escritas, pero viniendo del kirchnerismo...”, había señalado días atrás el patético presidente de la Unión Cívica Radical, Alberto Cornejo.

“Lo que he cuidado es que el criterio del juez natural no se pierda. Que nadie pierda una investigación que tiene en curso. Las reglas del debido proceso están absolutamente garantizadas. Ningún juez pierde su causa. Todos los jueces que están actuando siguen actuando. Mi mayor preocupación es que nadie diga que hacemos esto para garantizar la impunidad de ‘fulano’ o ‘mengano’. Hemos tenido todos los cuidados”, indicó el jefe de Estado en una entrevista que brindó al diario Página/12 hace dos fines de semana.

Cerca del mandatario expresaron que “Alberto considera que necesita un paraguas institucional para encarar el tiempo que viene, que arranca con la pospandemia, un nuevo contrato que garantice eficiencia, independencia y seguridad jurídica, fortaleciendo un sistema que recupera legitimidad pública en un tiempo signado por la desconfianza”.

Además, en este contexto, Alberto Fernández retiró el 11 de febrero pasado 131 pliegos enviados por su antecesor, Miauricio Macri Blanco Villegas, y ahora tiene en su poder 153 ternas de postulantes a jueces nacionales y federales, de las que debe elegir sus candidatos para enviarlos al Senado, el último paso para cumplimentar el proceso de selección de los magistrados previsto en la Constitución.