El jefe de Estado pidió que se diga "nunca más a una Justicia utilizada para saldar discusiones políticas". Aclaró que no busca "condicionar la decisión" del nuevo consejo de notables que asesorará al Poder Ejecutivo. "Esta comisión será la que me recomiende las mejores alternativas para que la Justicia funcione en su plenitud", enfatizó.
El presidente recordó sus palabras en la última apertura de sesiones para decir "nunca más a una política que judicializa los disensos para eliminar el adversario de turno" y fue especialmente crítico a las decisiones tomadas por la nefasta gestión macrifascista, además del daño hecho al Poder Judicial durante la dictadura militar y el gobierno menemista. "Es hora de poner en el debate público la cuestión judicial para poder tener un mejor Estado de derecho", dijo.
"En los cuatro años que precedieron estuvieron signados por reglas que afectaron las reglas de imparcialidad", señaló en alusión a la infame gestión de Macri Blanco Villegas y enumeró, entre otros, el decreto 257, que suspendió la modificación del Código Procesal Penal Federal y que "la AFI volvió a quedar bajo un manto de sospecha a permitirse una vez más el manejo de fondos reservados y participar de pesquisas judiciales".
Asimismo, recordó cómo "con el devenir de los días se incrementó el cuestionamiento a jueces y la manipulación a otros que respondieran al poder de turno se volvieron orden del día".
Alberto presentó la iniciativa en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, junto a la ministra de Justicia, Marcela Losardo, y el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, la vicepresidenta de la Corte Suprema, Elena Highton de Nolasco, acompañado por el Consejo Asesor.
El proyecto, cuyo principal objetivo es mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico, ingresará por el Senado, donde el oficialismo cuenta con una cómoda mayoría que minimiza cualquier riesgo parlamentario.
Fernández comenzó a explicar las líneas centrales del anuncio, con el listado de los once miembros del Consejo Consultivo ya difundido: Carlos Alberto Beraldi, Inés Weinberg de Roca, Enrique Bacigalupo, Andrés Gil Domínguez, Gustavo Ferreyra, León Arslanián, Marisa Herrera, Hilda Kogan, Claudia Sbar, María del Carmen Battaini y Omar Palermo.
Los once juristas, especializados en distintas ramas del Derecho, asesorarán al Presidente en aspectos claves del servicio judicial, como la composición de la Corte Suprema, el funcionamiento del Consejo de la Magistratura o la implementación del sistema acusatorio, entre otros temas.
El proyecto, cuyo principal objetivo es mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico, ingresará por el Senado, donde el oficialismo cuenta con una cómoda mayoría que minimiza cualquier riesgo parlamentario.
El mandatario sostuvo que el proyecto se propone "organizar mejor la justicia federal y superar la crisis que afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal".
El proyecto crea la Justicia Federal Penal con asiento en CABA mediante la consolidación de los fueros Criminal y Correccional y el fuero Penal Económico y Penal Tributario. En lo sucesivo, una de las dos secretarías que tienen actualmente, se convertirán en secretaría de nuevos fueros para alcanzar 46 juzgados federales.
Al respecto, Fernández destacó que "la totalidad de los juicios en cursos quedarán en jurisdicción de los jueces que actualmente le estén tramitando" y, en otro tramo, aseguró que "buscamos superar que el poder decisorio se reduzca a un pequeño número de magistradas y magistrados, que en la actualidad tienen la posibilidad de conocer y decidir sobre la mayoría de las causas con relevancia institucional y mediática".
"Ese nivel de concentración tampoco ha servido para que la justicia sea desarrollada con la eficacia adecuada. Los tiempos procesales permitieron impulsarlos o detenerlos según el poder político de turno", apuntó.
La reforma, -que, todo indica, podría ser enviada esta semana por el Ejecutivo al Congreso para su análisis- tiene por principal objetivo mejorar el fuero federal, fusionando los doce juzgados criminales con los once de penal económico y duplicando su número para dinamizar esta área judicial que se ocupa de los delitos complejos como narcotráfico, trata y corrupción, entre otros.
Sobre el diseño de la propuesta estuvo trabajando el propio Fernández junto a la ministra Losardo; el secretario de Asuntos Estratégicos, Gustavo Béliz; y la secretaria Legal y Técnica, Vilma Ibarra.
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