El régimen porteño fue intimado a presentar un protocolo específico para las villas y asentamientos y a asistir a sus habitantes "por el riesgo inminente de quienes habitan en los barrios populares". Los abogados de Rodríguez Larrata consideran que el magistrado que presentó dos medidas cautelares se "extralimitó".
El régimen de Horacio Rodríguez Larrata intenta obstaculizar la causa en la que fue intimado a presentar un protocolo específico para las villas y asentamientos de la ciudad de Buenos Aires frente a la pandemia del coronavirus así como a entregar elementos sanitarios y de higiene y garantizar la provisión de agua potable. Para eso intenta sacar de la cancha al juez Darío Reynoso que dictó dos medidas cautelares para “proteger los derechos y garantías” de quienes habitan en los barrios populares que -evaluó el juez- “se encuentran en riesgo inminente”.
Los abogados de la ciudad recusaron a Reynoso con un argumento más increíble todavía: consideraron que se había extralimitado al ordenar a las autoridades, dentro del mismo expediente colectivo que provean alimento, agua y elementos de higiene y limpieza a un adolescente que quedó viviendo solo en el asentamiento Lamadrid porque su madre quedó internada con covid-19.
La recusación para apartar a Reynoso fue presentada el martes a las 15.30. Media hora después estaba pautada una mesa de trabajo remota con todos los actores que participan del proceso judicial (organizaciones sociales, barriales, del ámbito del derecho, defensores, dirigentes políticos, entre otros). El eje de ese encuentro era la discusión del protocolo específico de acción y prevención para los barrios vulnerables frente a la pandemia que el régimen porteño entregó tarde -tras una intimación de Reynoso- y cuya primera versión fue cuestionada por quienes impulsan la demanda. Mientras sigue sin haber protocolo y el gobierno cumple parcialmente con la entrega de insumos indicados, los contagios se multiplican con celeridad. Hay 5335 contagios en las villas, casi la mitad que en toda la ciudad. La villa 31 sigue siendo la más afectada, con 1637 casos, le sigue la 1-11-14 (o Barrio Padre Ricciardelli) con 932 covid-19 positivos, y 459 en la villa 21-24. Hay 51 fallecidos en todos los barrios pobres de la ciudad de Buenos Aires. Reynoso había extendido a todos, la semana pasada, la medida cautelar que inicialmente fue para las comunas 4 y 8 y que exigía junto con el protocolo la provisión de elementos de higiene, limpieza y sanitarios (incluso termómetros), agua y lugares para aislamiento seguro. La reunión comenzó, pero el juez dijo que debía suspenderla debido a la recusación. Estaban todos perplejos.
Pero la sorpresa fue mayor cuando se supo a qué argumento había recurrido el régimen de Rodríguez Larrata para intentar el apartamiento: que el juez -según su teoría- había “distorsionado el trámite del expediente” al conceder una medida cautelar para que se garanticen las necesidades básicas a un adolescente de 15 años, H.R.A, que se había quedado solo mientras su madre, único sostén del hogar, estaba internada con covid-19. Es más, al chico ni se le había informado sobre el estado de salud de su mamá, que a su vez implicaba su propia obligación de permanecer totalmente aislado en su casa, en el barrio popular Lamadrid. Su situación llegó al expediente por un planteo del asesor tutelar, Damián Corti, que a la vez invocaba una presentación del defensor oficial Ramiro Dos Santos Freire según la cual el CESAC de la zona había dado cuenta de las carencias y dificultades de H.R.A.
El juez le ordenó al régimen porteño que en el plazo de 6 horas provea al joven “a) viandas alimentarias que no impliquen la elaboración de comidas; b) agua potable; c) productos de higiene personal y de limpieza del hogar (se constató que no tenía prácticamente nada); y d) crédito suficiente para poder contactarse con su madre, sus referentes afectivos y/o los organismos públicos involucrados”. Son todos aspectos, explicó, que hacen al derecho a la vida. Pero la respuesta de la ciudad de Buenos Aires fue que Reynoso se extralimitó, no fue imparcial, violó la garantía del juez natural y “ha confundido su rol de director del proceso con el de parte”. Para los funcionarios porteños, debió sortear la nueva denuncia. El juez había sostenido que el régimen de la CABA estaba incumpliendo los protocolos que él mismo había presentado.
“Lamento esta actitud del Gobierno porteño que en definitiva significa dilatar y obstaculizar la acción de la justicia en un tema tan sensible como la protección de derechos en barrios populares. Esta causa es importante por la necesidad de garantizar que estos barrios tengan la asistencia necesaria (agua potable, condiciones sanitarias, seguridad alimentaria, protección especial de los niños y adultos mayores, políticas de género). El juez venía llevando la causa con eficacia, logrando acuerdos”, señaló Dos Santos Freire. “Y curiosamente, el planteo del Gobierno se fundamenta por su disconformidad con una resolución cautelar para garantizar la alimentación y la salud de un menor”, agregó.
“Es una dilación formal para apartar al juez. Se advierte en el motivo de la recusación, ya que el mismo protocolo presentado por el gobierno porteño establecía la pauta de qué hacer con los adolescentes en este tipo de casos” , sostuvo Julián Axat, titular de la Dirección de Acceso a Justicia de la Procuración General, ATAJO, que participa de la causa. “Demora el avance de la aplicación del Protocolo para prevenir la covid-19 en barrios populares”, añadió. Sobre la situación del adolescente H.R.A, Sebastián Pilo, de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que también es parte, dijo que “lo único que debían hacer las autoridades estatales es disculparse por su omisión con el afectado, y brindarle los medios para que pueda transitar los días de aislamiento de su madre en forma adecuada”.
“Recusar al juez que ordenó revertir la violación de derechos, no sólo es un acto antijurídico sino que es un acto que se enfrenta con el más elemental sentido de compromiso con quienes más sufren en este contexto de emergencia”, remarcó.
Uno de los que hicieron la primera denuncia, Ignacio Alvarez, describió la recusación en twitter como “un hecho muy grave”. La legisladora Ofelia Fernández dijo en la misma red social estar atónita por la ofensiva. “Estábamos a un paso de avanzar en un protocolo que, aún con imperfecciones, mejoraba la situación actual”, se quejó.
Ahora tiene que resolver el destino de la causa y del juez la Cámara en lo contencioso porteña. Le tocó a la sala 2, que integran Juan Lima, Mariana Díaz y Esteban Centenaro, considerados afines al macrifascismo.
Fuente: nota de Irina Hauser para Página/12
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